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DEMOCRACIA Y DECISIONES SOCIALES

21 Avr 2012 - 16:53:52
Estudiamos aquí la relación existente entre la democracia y las decisiones sociales, pues la reflexión al respecto nos brindará buenas pistas acerca de los cambios que se requieren para avanzar hacia una sociedad más justa, racional y participativa. Para ello revisamos diversos planteamientos, modelos y teorías que nos ayudan a apreciar la riqueza de perspectivas existentes, así como entender los defectos de los que adolecen.

1. Breve crítica a la concepción pluralista y formal de la sociedad moderna.

Cuál es el centro de la cuestión?. La democracia moderna se diseña suponiendo un pluralismo liberal, entendido éste como la existencia de diferentes concepciones de la vida entre los ciudadanos, las cuales son en principio irreconciliables, de tal manera que no existe un bien común sustantivo que pueda guiarnos para resolver las disputas de manera definitiva. Ha desaparecido la concepción de pueblo o nación en el sentido original de la Atenas griega, cuna de la democracia[76], así que el ejemplo adecuado al respecto es más bien el modelo liberal estadounidense, que busca exportarse a otros países de latinoamérica y del mundo.

Tal pluralismo cuestiona claramente otras formas de acercarse a la democracia, tales como la nazista, la socialista, la islámica o al mismo culturalismo, pero esa es una cuestión que no podemos tratar aquí en detalle, por lo cual centraremos la discusión en los modelos generales y no en sus manifestaciones concretas.

Naturalmente, como cualquier teoría social sustantiva, el pluralismo parte de una serie de supuestos que difícilmente son reflejo de la realidad, sino que responden a una forma de visualizar dicha sociedad. El descubrir esos supuestos es una de las tareas más importantes y difíciles del análisis, pero para eso tenemos autores que se especializan en la materia, sobre los cuales nos podemos apoyar.

Nos dice Charles Taylor respecto del modelo dominante:

A la luz de la necesidad de articular tantas diferencias de cultura, origen, experiencia política e identidad, hay una tentación natural a definir la idea común de democracia cada vez más en términos “liberales”, y no en términos de autogobierno; esto es, en términos de derechos individuales y procedimientos jurídicos, más bien que en virtudes cívicas.[77]

Podríamos hablar, en este sentido, de la diferencia entre una democracia que se centra en la elección y la libertad individual, en contraste con una que lo haga en la participación y el autogobierno, parecieran ser dos modelos irreconciliables.

Siguiendo a Taylor se ha dado un desplazamiento desde el concepto de la “vida buena” hacia una ética moderna supuestamente menos controvertida. Las dos grandes vertientes de tal ética serían el utilitarismo, que toma en cuenta las preferencias de todos por igual, con independencia de la calidad de las metas que cada quien persiga, y las teorías kantianas que hacen abstracción de las preferencias y se concentran en los derechos de los agentes que elaboran las preferencias, cuyo principal ejemplo son los desarrollos de John Rawls y su teoría de la justicia.

Así tendríamos un conjunto de modelos para acceder a la decisión social sin necesidad de tener que destruir las posturas de los otros, esto está anclado en la discusión política y se lleva bien con el escepticismo ético moderno. En suma, para decirlo de manera cruda, se sustituye lo sustantivo por lo procedimental, lo que tenemos en común es que todos apreciamos una forma de ver la vida, queremos naturalmente que el Estado no obstaculice nuestros fines y así vivir con la mayor libertad posible.

Por su parte Ramón Máiz resume las tesis básicas del modelo liberal de democracia:

1. La política resulta entendida esencialmente como agregación estratégica de preferencias prepolíticas, esto es, previamente dadas, y además, opuestas y conflictivas por naturaleza.
2. La política, en consecuencia, deviene actividad esencialmente instrumental y utilitaria, en cuanto atiende a la realización de preferencias previas por parte de los sujetos y, por ello, limitada en su campo de acción y pretensiones.
3. La política, además, se articula sobre la acción individual y privada, sobre la elección aislada de los individuos singulares, y alcanza su máxima expresión en el voto secreto.
4. La democracia, en consonancia con lo anterior, se considera como un dimensión subsidiaria e instrumental para el despliegue de los derechos subjetivos (negativos) que el individuo posee frente al Estado y frente a los otros individuos.
5. La ciudadanía, a su vez, se configura como esfera restringida de realización de las preferencias, a través de su agregación mediante mecanismos representativos que garantizan la posibilidad de influencia de los intereses en los procesos de decision-making.
6. Por último, la concepción de la identidad resultante es individualista en el amplio sentido de atender unilateralmente al carácter competitivo de los sujetos aislados, así como a su configuración externa y previa al proceso político.[78]

Queda pues claro que la esencia de la democracia liberal radica en los procedimientos, más que en los aspectos sustantivos. No obstante, seria falso decir que la democracia liberal no tiene contenido sustantivo alguno, pues como bien lo aclara Sartori no hay liberalismo que valga la pena sin la protección a los derechos que provee la libertad negativa, por eso la llama “libertad protectora”. Esto no significa que sea absurdo ampliar la libertad negativa hasta la positiva, pero sin la primera libertad difícilmente se podrá tener acceso a las demás.[79]

Por fin, Wolfgang expresa ideas similares desde la perspectiva del derecho constitucional:

La democracia puede aparecer así como mediadora entre la permanencia del dominio político, esto es, entre la existencia de relaciones de subordinación, de mando y obediencia, y el principio de la libertad individual y de la determinación
En este contexto se hace patente cómo la democracia moderna tiene sus raíces y sus componentes básicos en el individualismo liberal. Así lo pone resuelta y claramente de manifiesto la exigencia categórica de la razón propuesta por Kant: que lo propio del concepto de ciudadano es que no tenga que obedecer a otra ley diferente de aquella a la que ha dado su asentimiento; aun cuando esta idea pueda haber sido entendida originalmente sólo en un sentido trascendental.[80]

Ahora bien, Wolfgang va un poco más allá prefigurando la crítica al liberalismo formal, al resaltar que el principio fundamental de la democracia es el de asegurar la igualdad de oportunidades para ejercer el poder político; tiene que asegurar la igualdad jurídica en el ámbito determinado de la formación de la voluntad política y del ejercicio del dominio, por tanto, la igualdad de los derechos políticos es esencial para la democracia.[81] Tiene que haber una apertura duradera del proceso político, una adecuada competencia política; que las decisiones puedan ser revisadas, consideradas de nuevo, modificadas o confirmadas.

No podemos desarrollar aquí todas las críticas a los enfoques procedimentales e individualistas, pero podemos decir en términos generales que los modelos alternativos intentan construir un pluralismo más sustantivo a partir de la revitalización de la ética pública. Entonces el centro de la argumentación ya no es la defensa pura y simple del individuo, sino que no tiene sentido tal individuo formal si no se le enmarca en la sociedad en que vive, si no se toman en cuenta los intereses colectivos implícitos en su quehacer social entendido como una aventura colectiva en que todos estamos involucrados.

Por ponerlo de manera dramática, no se trata nada más de defender derechos individuales, sino de defender derechos colectivos que están inmersos en una perspectiva social, en la cual la argumentación de los principios de justicia ocupa el lugar de los derechos puramente individuales en sentido crudo. El argumento principal que se esgrime para esta ampliación del concepto de libertad es que de nada sirve ser un individuo autónomo si uno no puede ejercer esa autonomía por falta de los recursos correspondientes, así, el liberalismo social implicaría derechos más sustantivos garantizados por un Estado más social.

Tal vez la mejor forma de ver esto es por medio de un ejemplo, si alguien va a recibir una herencia, de acuerdo con un liberalismo estrictamente individualista, tiene un derecho de propiedad sobre esa herencia que no puede ser violado, en caso de que no se le asigne aquello a que tiene derecho se violentaría la libertad. Esto es cierto, desde luego, desde una perspectiva puramente individual, pero si el Estado toma los recursos de la herencia, y con ellos construye un parque público, beneficiaría a gran cantidad de individuos, con lo cual posiblemente la libertad global aumentaría, entonces dada la posible existencia de este beneficio social, ya no queda en absoluto claro que yo maximice la libertad cuando protejo al individuo. Dicho en términos del lenguaje económico: siempre que haya posibilidad de externalidades estaría cuestionada la inviolabilidad de la propiedad individual.

Uno de los argumentos individualistas más fuertes, que se oponen a la concepción que hemos sugerido, radica en que si se permiten tales movimientos se cae en una “pendiente resbaladiza”, en la cual el Estado se va a apropiar de todos los recursos y finalmente el individuo va a quedar aplastado. El argumento puede ser atractivo para muchos, pero en realidad presupone lo que se tiene que demostrar, esto es, se elude la pregunta esencial de si es racional o no permitir la actuación del Estado para defender bienes sociales prioritarios.

Estos argumentos nos dejan más o menos en el medio, hay razones para ser escépticos acerca de un modelo individualista de mercado que presupone que la autonomía de los individuos es mejor servida si el Estado no interviene o interviene lo mínimo posible, pero tampoco hay que ser tan inocentes como para suponer que existe un Estado kantiano que siempre sabrá cuales son las mejores decisiones colectivas y tendrá plenas facultades para pisotear los intereses egoístas de los individuos en función de una concepción del bien más general. El problema con esta segunda concepción es especialmente claro en el caso de la libertad de expresión.

Más que confrontar teorías, se trata de complementarlas, lamentablemente perdemos más el tiempo jalando de cada lado de la cuerda que pensando en perspectivas intermedias, que son las que realmente valen la pena.

2. El diálogo social como la alternativa adecuada ante la insuficiencia de lo formal.

Tratar a todos los individuos igual no es lo mismo que brindarles igual consideración y respeto, esto a menudo se confunde de la manera más atroz. En la perspectiva imparcial la esencia del problema no es tanto la creación de leyes y derechos iguales, sino la creación de una sociedad más justa, para lo cual se requiere de intervenir por medio de decisiones estatales que modifiquen los derechos de unos respecto a otros. Esto es clarísimo cuando me cobran un impuesto progresivo por mi riqueza, entonces una parte de mis excedentes puede ser útil para beneficiar al resto de los actores sociales que intervienen en el mismo sistema del cual me estoy beneficiando.

Aquí no entra en juego tanto si mis ganancias fueron legítimas o no, pues es casi imposible saber de qué manera intervinieron la suerte, las circunstancias sociales, mis actitudes naturales, o mis propios esfuerzos en cada caso particular, entonces, en aras de la simplicidad y la práctica, y otorgando el beneficio de la duda a una concepción moral que trata de hacer más iguales las oportunidades efectivas de todos, tomamos dinero del rico para dárselo al pobre.

Aceptada una posición imparcial, el siguiente paso radica en buscar los procedimientos adecuados para controlar el posible abuso o mala aplicación que pueda hacer el Estado de los poderes que una perspectiva intervencionista confiere. Para ello hay que recurrir al diálogo social.

Habermas es uno de los autores más reconocidos que trata el asunto de la legitimidad de las decisiones sociales en un contexto dialógico. Por eso conviene que lo recuperemos en este momento, aunque es claro que no podemos profundizar a riesgo de caer en una larga discusión teórica, por ello solo resaltamos su punto central respecto al papel del consenso práctico y su relación con la democracia.

El fundamento “D” de la ética discursiva de Habermas nos dice que “...una norma únicamente puede aspirar a tener validez cuando todas las personas a las que afecta consiguen ponerse de acuerdo en cuanto participantes en un discurso práctico (o pueden ponerse de acuerdo) en que dicha norma es válida”.[82]

Mucho se ha dicho y escrito sobre lo que esto significa, pero en términos generales podemos decir que presupone para la legitimación de una norma la participación efectiva de cada involucrado, no desde un punto de vista personal individualista, sino que la forma en que uno interpreta sus necesidades debe estar sujeta a la crítica de los demás, así, las necesidades se interpretarían en un contexto de valores culturales, y como éstos son parte de una tradición intersubjetivamente compartida no es válido remitirlas a la pura reflexión personal.[83]

Algo similar nos dice Otfried Hoffe en el contexto de la justicia económica:

Considero que, por su estructura básica, el proceso de mediación y concretización al que he llamado estrategia de la justicia económica es comunicativo. Por lo tanto, el nuevo paradigma, más amplio y complejo, se llama comunicación...Una toma de decisión comunicativa se basa en un proceso expreso de deliberación que, en vista de los conflictos prácticos (fines) y teóricos (medios), busca un consenso. Como condición de la posibilidad de la formación de un consenso, se presupone en los participantes de la deliberación la capacidad y la disposición a aprender y modificarse, que no se realiza de acuerdo con las pautas de las ventajas e inconvenientes, del poder y la impotencia.[84]

No se remite entonces todo, como Weber pensaba, a la cuestión de los intereses o a estrategias de negociación, sino que se incluyen supuestos morales, los cuales no podemos negar sin caer en una contradicción con nuestros actos en sociedad.

Si tal perspectiva desea tener algún sentido práctico, hay que suponer que las partes en conflicto comparten un mínimo de creencias o valores que les permiten alcanzar acuerdos más inclusivos, en parte tales acuerdos vendrían de normas que se comparten porque se viven o sienten de manera común en un contexto histórico determinado, pero también se supone que los individuos son capaces de alejarse de su situación específica y colocarse en una perspectiva imparcial para tratar de avanzar la discusión, pues esa es en efecto la manera en la cual deliberamos en muchos contextos prácticos, esto es, no decimos que algo es bueno para nosotros, sino que decimos que es bueno porque sería una proposición digna de aprobación por una persona sensata y racional.

Concluimos entonces, primero, que se requiere una visión social más amplia que el pluralismo formal para poder avanzar hacia una democracia más sustantiva que reivindique principios de justicia más completos, esto parece implicar necesariamente un Estado social e intervencionista. Y segundo, que la mejor forma de avanzar hacia esa perspectiva es una teoría del diálogo social fundada en el consenso y la deliberación sincera entre las partes, en contraposición a un modelo que se remita a los puros intereses individualistas.

3. Una visión más humana de la decisión social frente a las insuficiencias de la teoría dominante.

El rodeo que hemos dado para llegar a esta parte del ensayo era necesario para que se comprendiera mejor su finalidad teórica y práctica. Ahora podemos abordar mejor la cuestión principal relativa a las decisiones sociales.

Partimos de las observaciones de Otfried Hoffe. La llamada teoría de la decisión, sin el apelativo de social, no se refiere como uno podría imaginarse, a una pluralidad de enfoques y métodos, sino que hay uno dominante que envuelve el programa de investigación respectivo. Así, se excluyen enfoques trascendentales, naturalistas, comunicativos o lingüísticos. Se trata de conceptos de decisión racional formalizados, que se pueden convertir en números, conjuntos o cálculos. Los campos de procedencia son la matemática, el utilitarismo y la economía del bienestar, y tiene extensas aplicaciones que van desde el ajedrez y los juegos de azar hasta la generación de preferencias sociales. No se puede olvidar su importancia en la fundamentación de la teoría económica neoclásica y en la teoría de la decisión estadística.

En particular, las teorías axiomático-normativas se interesan por criterios, reglas, estrategias, técnicas o modelos que buscan decidir correctamente. Su importancia puede radicar en su aspecto lógico, pues se analiza si un conjunto de axiomas generan o no una contradicción. También, desde el punto de vista normativo, se estudia si los axiomas, sistemas o cálculos tienen importancia para caracterizar la elección racional.[85]

La teoría de la decisión social, por su parte, surge como parte de la economía del bienestar. De nuevo el centro de la cuestión es la decisión racional, se supone que un conjunto de individuos (que potencialmente pueden tener preferencias muy diversas) son miembros de un grupo que aspira a una decisión común sin el uso de amenazas. No hay que confundir el problema, se parte de objetivos individuales para llegar a una decisión colectiva en ausencia de coerción. Ahora bien, la colectividad puede ser un grupo cualquiera, la sociedad como un todo, o incluso, en algunos casos, se trata de un único individuo. Obsérvese que “social” no se refiere necesariamente a lo político o colectivo, aunque puede serlo eventualmente y en ese sentido es que nos interesa aquí.

El enfoque estándar supone que los individuos se enfrentan a un conjunto de alternativas sociales sobre las cuales tienen determinadas preferencias debidamente ordenadas, el problema principal consiste en construir funciones de preferencia social a partir de las preferencias de los individuos y lograr que dicha función satisfaga un conjunto de condiciones deseables, como la ausencia de dictadura, la anonimidad, o la transitividad.

La teoría tiene relevancia porque puede establecer ciertos resultados estrictos a partir de la situación teórica que se crea, así, se ha demostrado la existencia de la paradoja de la votación de Condorcet, y el teorema de la imposibilidad de Arrow. Es claro que esto tiene importancia porque la democracia atribuye legitimidad a las decisiones públicas derivadas de los intereses ciudadanos, así que ayuda a comprender nuestras prácticas democráticas y sus procedimientos.

La teoría es relevante en todos los procesos e instituciones en los cuales se traducen preferencias individuales en sociales. Puede ser para el comportamiento de un jurado, o para una política pública específica como el aumento de los impuestos.

No obstante, su alcance se ve limitado por muchos factores relativos al enfoque del propio programa de investigación predominante que hemos descrito, que es el que se utiliza en la mayor parte de publicaciones y discusiones al respecto. Esto es, el foco de la cuestión no es el estudio de la libertad o la democracia en sí mismos, sino el estudio de sus modelos lógico-matemáticos. La investigación estudia si los elementos de los modelos son compatibles entre sí o se contradicen, pero dice poco sobre los principios liberales o democráticos en sí mismos. Por ejemplo, las implicaciones prácticas del teorema de Arrow están lejos de ser claras, uno puede entender los axiomas uno por uno, pero lo que signifiquen en su conjunto para la realidad social no es evidente, de tal manera que la demostración que hace Arrow, en el sentido de que es imposible diseñar una función social que cumpla todas las condiciones que enumera, podría ser poco relevante para la práctica de la democracia.

Pero sobre todo, la suposición explícita de que los intereses individuales están dados, que pueden ser tomados como datos, violenta por sí misma la estructura del diálogo social. Se elimina precisamente lo más interesante del análisis de la democracia: el debate y la discusión pública. Estos procesos son realizados no para salir del paso, sino porque son útiles para corregir los propios errores, clarificar las ideas y formar un consenso más amplio.

Cierto que estos procesos de debate y discusión no siempre nos llevan a una decisión final, de tal manera que cuando no hay acuerdo vuelven a ser relevantes los mecanismos formales propios de la teoría de la decisión, como por ejemplo la votación por mayoría, pero aquí su papel se reduce a una técnica de apoyo para resolver los casos difíciles, aquellos en los que no se pudo o no se quiso tomar una decisión social de fondo. Frente a la democracia sustantiva, frente a la igualdad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la teoría dominante de la decisión social es indiferente.[86]

4. Políticas públicas: distinción entre modelo racional y modelo estratégico.

Es interesante vincular estas apreciaciones con los modelos convencionales de la política pública. En ellos se reproduce una discusión paralela, por un lado está el modelo racional, y por el otro el modelo estratégico.

El modelo racional se aplicó especialmente después de la segunda guerra mundial para el análisis de las políticas públicas, buscaba el mayor grado de precisión posible. En la opinión de Quade no habría diferencia sustantiva entre el análisis de sistemas y el análisis de políticas, a excepción de su mayor complejidad. Así, se trata de una estrategia de solución de problemas o de realización de objetivos que procede estrictamente según criterios racionales de eficiencia técnica y económica. En primer lugar hay que determinar o precisar los objetivos de quienes toman las decisiones y qué criterios emplean para decidir entre opciones que prometen ser capaces de realizar los objetivos. Luego se requiere identificar las opciones, examinar si son factibles, compararlas en términos de eficacia y costo, sin dejar de tomar en consideración los tiempos y el riesgo. Finalmente, se procede a diseñar las mejores opciones de acción o a elegir otros objetivos si los anteriores se mostraron deficientes.[87]

Charles E. Lindblom, en un ensayo clásico[88], descalifica este primer método por su falta de pertinencia. En su opinión es un enfoque que uno puede describir para fines teóricos o analíticos, pero en la práctica solamente se le puede ejemplificar en problemas sencillos, porque si uno toma un caso real se encuentra con que el enfoque supone un volumen de conocimiento e información que no corresponde con la realidad. En los problemas reales hay restricciones monetarias y de tiempo que impiden usar un enfoque tan estricto, hay que tomar en cuenta el contexto particular del problema, y en ese momento el analista se aleja de la concepción estricta. Esto sucede también con otros métodos que se suponen científicos, como en el caso del muestreo estadístico, en donde el analista generalmente tiene que separarse de su modelo para poder enfrentar las restricciones del problema particular.

Por su parte Giandomenico Majone sostiene que el “enfoque comúnmente aceptado” del análisis de políticas supone dos cosas, primero que hacer políticas es igual a tomar decisiones, y segundo, que el propósito del análisis es el de aportar hechos y pruebas contundentes. Esta visión restringe el universo de posibilidades analíticas de manera artificial y dramática.[89]

En su crítica al primer aspecto Majone resalta que las políticas son diferentes de las decisiones aisladas, son más amplias que una decisión legislativa o un reglamento administrativo. Las políticas tienen su propia dinámica en el contexto de la acción gubernamental, cambian, se modifican o se solidifican en dicho contexto, además de que una misma política resultará diferente según la perspectiva del analista que la estudia. Una decisión, por su parte, es concreta, supone un determinado ambiente fijo de decisión, bajo ciertos parámetros conocidos, e implica el uso de un modelo determinado para encontrar la solución correcta.

Respecto al segundo aspecto las políticas no se prueban sino que se argumentan. Hay que proporcionar los datos y argumentos adecuados para convencer a un auditorio particular, hay que estar preparado para una conversación intersubjetiva que puede derivar incluso en el cambio de la misma política, en ese sentido divide entre análisis prospectivo y análisis retrospectivo.[90]

Majone separa el enfoque persuasivo o argumentativo con respecto a un análisis arbitrario del problema: hay que mezclar un conjunto de datos con un conjunto de apreciaciones subjetivas, la prueba que se haga confía en ciertas normas profesionales sobre lo que debe ser un buen análisis, pero no se contenta con eso, pues debe incluir criterios plausibles y compartidos por la mayoría.

Lindblom distingue entre dos enfoques para la elaboración de las políticas públicas: el científico y el estratégico. El primero parte de un ambiente controlado, los pasos para la elaboración de las políticas públicas son científicos: se identifica el problema, se estudian las posibles soluciones, se observan las consecuencias de las soluciones alternativas y se procede a la decisión final. El modelo estratégico parte de la interacción social y recurre a la simplificación por prueba y error reconociendo las restricciones existentes en un dado contexto, todo en estrecho contacto con una visión pluralista de la sociedad y con la búsqueda de las mejores políticas en el sentido de que satisfagan los criterios de los diferentes actores.[91]

Sea cual sea el modelo estratégico que escojamos, lo que queda claro es que las decisiones apropiadas de política pública quedan sujetas a una gran indeterminación, lo que puede dar lugar a que se tomen de manera arbitraria, de acuerdo al interés de ciertos actores, o de acuerdo a presiones específicas del momento.

El interés público queda pues comprometido, así que de nuevo, la decisión social correcta para cada caso no se puede apreciar con claridad.

5. Dworkin y la ampliación de los derechos subjetivos de los individuos.

Ya ubicados en la indeterminación de las políticas y decisiones, resulta interesante recordar la discusión sobre los derechos subjetivos o de los individuos. Si los mecanismos normales de la democracia no nos brindan una adecuada protección contra los abusos y los errores, tendríamos que gozar de una mayor protección constitucional, basada en los derechos humanos o del individuo, de tal manera que cada quien tuviera una base o seguro para defender su dignidad con independencia relativa de las acciones que tome cada gobierno.

La idea que rescatamos aquí radica en que los derechos individuales tienen que ser ampliados para brindar una seguridad mínima de que no se cometerán abusos desmedidos sobre los individuos, tal perspectiva se considera original en la medida que supone que dicha ampliación deviene necesaria dados los límites de la democracia real y la indeterminación de las políticas públicas.

Por ejemplo, John Rawls no considera necesaria una provisión de derechos amplia, pues confía en que su principio de diferencia pone freno a los excesos. Los derechos básicos que defiende se limitan a las libertades formales tradicionales: libertad de expresión, de conciencia, de asociación, de movimiento, etc. Otros autores, como Bruce Ackerman, también desconfían de la carta de derechos, señalando la dificultad para ponerse de acuerdo en lo que debe contener y los riesgos de error que conlleva.

Pero Ronald Dworkin hace una fuerte defensa de los derechos sustantivos.

Según Dworkin la igualdad de los recursos es necesaria para tratar a los individuos con una dignidad básica, de hecho no está justificado que soportemos los costosos gustos particulares de nadie.[92] Hay que distinguir el igual tratamiento con ser tratado como igual. A veces ser tratado como igual implica el igual tratamiento (un voto para cada quien), otras veces no (dar los mismos recursos para medicamentos a alguien muy enfermo que a alguien que sólo tiene molestias ligeras o temporales).

Las teorías de la justicia basadas en objetivos, así como las basadas en deberes, exigirían a los individuos abandonar el propio interés a favor de un objetivo o deber fundamental. En cambio una teoría basada en derechos parte de que los individuos tienen intereses que están facultados a proteger si así lo desean. A su vez, estos tendrían que ser derechos naturales, y no derivarse de alguna legislación o contrato hipotético.

Dworkin nota que el derecho básico de la teoría rawlsiana es abstracto, pues Rawls parte de que los individuos están incapacitados de seguir sus objetivos individuales. Este derecho abstracto es el derecho a la libertad. En cambio Dworkin parte del derecho a igual consideración y respeto, éste es un derecho que poseen todos los hombres, no emerge del contrato, sino que el contrato se diseña precisamente para protegerlo.

Los derechos individuales a diferentes libertades sólo deben ser reconocidos cuando se puede demostrar que el derecho fundamental a ser tratado como igual los exige. Así cada libertad se defiende de forma independiente a las demás. Por ello no existirían derechos naturales al libre uso de la propiedad o a la libre contratación por parte de los patrones, pues éstos son conflictivos con la noción de tratamiento igual.

La libertad no se limita automáticamente cuando se crea una ley, pues antes habría que estudiar si la ley se crea para proteger algún valor básico, como la igualdad, la libertad o el bienestar públicos. Lo crucial es el salto de la libertad negativa a un concepto más amplio: el de libertad como independencia, el ser una persona independiente e igual más que una subordinada. Por ello hay leyes contra el homicidio y el monopolio, que protegen la independencia. Por ejemplo, según Dworkin, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica se confundió cuando supuso que había que defender la libertad del empleador para contratar obreros en los términos que él desee. La misma confusión está implícita en el anarquismo, que confunde liberalismo con capitalismo.[93]

Los críticos de Dworkin sostienen que la idea de que un único derecho puede fundamentar a todos los demás es atractiva, pero insostenible. Diana Meyers ataca de lleno el corazón de la teoría al sostener que las personas reales no son titulares del derecho a igual consideración y respeto, ello depende del acuerdo hipotético del contrato social y no puede dar un beneficio determinado a los individuos. Para Joseph Raz cualquier teoría moral basada en la existencia de deberes y derechos debe depender de razones que no son ni deberes ni derechos, la moral está basada también en metas y virtudes, quedando arbitrariamente restringida por la visión de Dworkin.

Herbert Hart sostiene que el derecho de igual consideración no es más que un recurso retórico, es una idea demasiado indeterminada para cumplir el papel que le asigna Dworkin. Una teoría moral sobre cómo deberían vivir los hombres puede afectar seriamente las libertades sin violar el principio de igual consideración y respeto. Sostiene que la libertad debe defenderse sobre bases distintas a la igualdad.

Raz, en el mismo tenor, sostiene que las personas son tratadas como iguales cuando se les niega lo mismo a todas, es decir que ser igualmente restringido no es lo mismo que la libertad.

Señala además que según Dworkin el Estado nunca debe actuar frente a ideales controvertidos, entonces, si la gente no quiere instituciones culturales ni construir escuelas, nos quedaremos sin ellas. En realidad los gobiernos deben crear las condiciones en las que los seres humanos sean capaces de adquirir y cultivar la capacidad de formar concepciones importantes de cómo vivir la vida, los ideales son las bases sobre las cuales uno debe seleccionar qué preferencias deben contar o no.

Dworkin se defiende señalando que es ingenuo suponer que hay un derecho al nivel de bienestar que recomienda una justificación general básica. Se puede recomendar una vivienda digna, un empleo estable, pero ello no confiere derechos a esas condiciones de vida. En cambio, si esto se entiende como derecho a un nivel mínimo de bienestar, se diseña una pretensión que no queda excluida por la formulación que él hace de los derechos, más bien sería una virtud de su teoría el poner de manifiesto que es precisamente la competencia entre niveles mínimos de bienestar y el grado de bienestar colectivo general lo que está en juego cuando se discute esta clase de derecho. Esto es, si nos excedemos al exigir un nivel mínimo de bienestar demasiado alto se generará un menor bienestar general al cancelarse la ambición, de tal manera que estaría claro que hay un punto de equilibrio a partir del cual no tendría caso otorgar protecciones mayores.[94]

De manera similar, pensamos que otra razón convincente para otorgar derechos sustantivos mínimos es que los seres humanos podemos vernos tentados a hacer cosas deshonestas o indignas si tenemos fuertes deseos que no son satisfechos, por tanto, si no se llenan los derechos mínimos básicos se dificulta la moralidad y la cooperación social.

La teoría de Dworkin acepta el reto de ser sensible a la ambición e insensible a las cualidades naturales y sociales. Para ello requiere, entre otros elementos: una subasta, esquemas de seguros, mercados libres e impuestos.[95]

Una subasta exitosa supera el test de la envidia. Esto quiere decir que cada persona, partiendo de una dotación inicial igual, prefiere su lote de bienes al de los otros, las ofertas y demandas mutuas ayudan a llegar al equilibrio y hacen que cada persona pague por sus propias elecciones.

Pero Dworkin nota que también tenemos que tomar en cuenta las desigualdades naturales. Para ello, antes de la subasta, creamos los bienes sociales necesarios para compensar a los desfavorecidos, así, nadie se podrá quejar de que no hay los recursos sociales necesarios para compensar las desventajas. Ahora bien, en algunos casos no habría dinero suficiente para compensar desventajas agudas.

Esta última consideración es relevante porque puede ser que los bienes sociales necesarios fueran tantos que no quedarían suficientes recursos para que cada uno pudiera realizar sus elecciones para alcanzar la buena vida. Ahora bien, si tratando de igualar las circunstancias hacemos que la gente no logre sus fines, el proyecto fracasaría por completo.

La solución final de Dworkin es teóricamente similar a la de Rawls, suponiendo que nadie sabe qué desventajas naturales tendrá, le pedimos que contribuya con un seguro previendo su desventaja potencial. Por fin, podemos usar al sistema impositivo para simular estos seguros, logrando con ello la asistencia social necesaria sin caer en el exceso de compensar todas las circunstancias.

Entre las críticas a este esquema hay que mencionar que no hay una forma clara de medir las desventajas naturales, precisamente una de las cosas que la gente gusta de hacer es eliminar sus desventajas por medio del esfuerzo (como cuando un estudiante mediocre se sacrifica estudiando mucho). Así, quedaría en el aire la distinción entre las diferencias naturales y las artificiales. Otro problema es que la falta de información completa hace que no podamos saber con anticipación si una actividad va a ser o no rentable con relación al esfuerzo que requiere, por ejemplo, una sequía puede impedir que mi cosecha de maíz genere la rentabilidad esperada.

La respuesta de Dworkin a estas críticas es tal vez un poco decepcionante: gravemos a los ricos y ayudemos a los pobres, de nuevo, dar el beneficio de la duda a quienes tienen desventajas. Pero viéndolo positivamente el esquema tiene sus ventajas, pues aunque se esté quitando dinero a personas que lo ganaron merecidamente, valdría la pena el costo dadas las ventajas sociales que se derivan de asegurar un bienestar básico a toda la población: la justicia práctica no tiene por qué ser perfecta, no hay que exigirle lo que no pueda dar pues entonces caemos de nuevo en un exceso de racionalismo.[96]

Esto sugiere que en definitiva sí tenemos argumentos suficientes para reclamar “derecho” a un mínimo de bienestar garantizado por el Estado social, a pesar de todas las objeciones y dudas que diversos autores plantean al respecto. El grado de protección requerido queda indeterminado debido a que depende de las circunstancias sociales, pero ello no niega la obligación de toda sociedad respecto a plantearse seriamente la cuestión. Ahora bien, se habla de “derecho” (entre comillas) porque aún no se dan las condiciones reales en nuestras sociedades para que tales derechos sean legitimados, esto es, no son tan reconocidos como el derecho a la libertad de expresión o de asociación, ni tienen la misma importancia, pero el argumento no descansa en que todos los “derechos” sean igualmente importantes, sino en que sin ellos la democracia se queda truncada y no nos puede dar la libertad e igualdad que promete para todos.

6. Conclusión: en la búsqueda de una democracia más sustantiva.

Hemos abordado a grandes rasgos una serie de teorías en apariencia dispersas pero que tienen un hilo conductor muy claro: la distinción entre lo formal y lo sustantivo, entre los ideales y las crudas realidades. Además, todas tienen mucho que decirnos respecto a la relación entre democracia y decisión social.

Intentamos una serie de conclusiones, que si bien no son definitivas, corresponden con lo que aquí hemos estudiado y valdría la pena considerar con seriedad.

El diagnóstico es claro: hay insuficiencias, agujeros y lagunas por todas partes. El propósito de este ensayo no se limita a reflexionar sobre ello, a dar constancia de los problemas, sino que procura que tal reflexión nos ayude a redirigir el rumbo hacia el logro de una democracia más sustantiva.

Podríamos construir una democracia que funcione si todos los individuos fueran imparciales, inteligentes e informados. Pero esto no sería realista, por ello hay que recurrir a una serie de instituciones y procedimientos que ayuden a controlar los abusos de poder. Si dejamos que la mayoría decida todo, que los más interesados cuenten más, que decidan los expertos, o que nos controlen los medios de comunicación, está claro que iremos por un mal camino.

El modelo que limita la democracia a lo formal debe ser denunciado como insuficiente, cualquier intento por querer reducir todo a procedimientos, resultados necesarios, o a los puros intereses egoístas debe ser objetado (incluyendo la concepción rawlsiana de la sociedad). Una crítica similar se aplica a los modelos reduccionistas de la economía, al liberalismo extremo al estilo de Nozick y a las teorías globalizadoras.

Hay que objetar los modelos de identidades o comunidades, en el sentido de que se quiera reducir el interés de un colectivo al interés de una de sus partes, la sociedad es una aventura cooperativa, y en ella sólo la discusión supera las diferencias, no el colocarse en el papel de víctima explotada o poniendo al frente una visión ideal o personal que bloquee el diálogo con los demás. La democracia implica compromiso y discusión sobre nuestro futuro conjunto.[97]

Hay que trabajar en el desarrollo de una educación cívica que interiorice los valores de la democracia: honestidad, tolerancia, diálogo, participación política, respeto a la legalidad y la diversidad, civilidad, altruismo, pacifismo, información completa, etc. Éste es sólo un elemento de una democracia ideal, no supone ser una solución definitiva al conflicto de intereses. Hay que controlar los excesos de la democracia ideal, introduciendo realismo y humildad en sus alcances posibles, que no son pocos, pero tampoco conducen al paraíso social.[98]

Hay que reconocer que, aparte del diálogo público habermasiano que se limita a generar influencia en el sistema político, se requiere deliberar y revisar las decisiones de tal manera que la opinión pública pueda ser institucionalizada, así, incluso una decisión por mayoría puede ser más aceptable si se deliberó suficientemente sobre ella. Para mejorar la deliberación hay que generar más instancias de participación, incluso en la esfera de las políticas públicas, adonde se incluyen procesos de discusión, innovación organizativa y procesos de intercambio de información. Hay que superar la concepción weberiana de que lo administrativo y lo argumentativo son incompatibles.[99]

Ramón Máiz sugiere tres condiciones institucionales que debería satisfacer la democracia deliberativa: a) igualdad política en contraposición al elitismo, es decir, hay que generar igualdad removiendo las desigualdades económicas y de cultura que impiden una participación política en condiciones de información y no de sumisión; b) deliberación en lugar de una participación masiva alienada, capacidad de discusión y transformación de las preferencias, creando ámbitos de integración y paralela agregación de áreas de pluralismo; c) tolerancia, con mecanismos institucionales de defensa de las minorías frente a la tiranía de la mayoría, considerando a las minorías como elemento central y no residual de la moderna escena política de las sociedades complejas.[100] Otro elemento central que sugerimos es el aumento de los canales de información, para que la participación sea benéfica y no se estorben los ciudadanos entre sí.

Claudio López-Guerra nos recuerda que promover ciertos niveles básicos de bienestar no tiene por qué suponer una concepción comprensiva del bien que amenace las libertades, pues lo que se busca no es una completa igualdad como en el caso del socialismo. Es posible sustentar la garantía de ciertas condiciones materiales para el ejercicio de las libertades, sin tener que reducir éstas. Lo mismo sucede con los derechos humanos, incluida la participación política, se requieren recursos, y muchos, para satisfacer estas libertades, entonces no hay una razón clara por la cual haya que bloquear los niveles básicos de bienestar, pues en un contexto en que uno no se tiene que preocupar de su sobrevivencia seguramente los ideales de la libertad tomarán un significado mucho más humano.[101]

Más aún, parece que los reclamos del Estado social están implícitos en el mismo concepto de democracia. Se plantea como un fin del Estado y como un mandato de acción para sus órganos que se orienta hacia la desaparición del antagonismo y la desigualdad social, así como asegurar los supuestos sociales imprescindibles para la realización de la libertad:

En la medida en que en la democracia la formación de la voluntad política se basa en la igualdad política de todos los ciudadanos y, con ello, en el derecho de sufragio general e igual así como en una competencia continua y abierta por el liderazgo político, está dada la posibilidad de que los problemas e intereses sociales se conviertan en cuestiones políticas y sean así los temas sobre los que se centra la confrontación política...El Estado social aparece de esta forma como una consecuencia política que deriva de la lógica objetiva de la democracia.[102]

La complementariedad entre la democracia y el Estado social supone el aumento de las tareas del Estado, poniendo en evidencia la efectividad del empuje de lo social. Es el surgimiento del Estado positivo, más allá de su carácter negativo en el cual éste se limitaba a brindar seguridad frente a las perturbaciones (Hobbes).

Ante esto surge de inmediato el problema de poner límites al Estado social e interventor, para lo cual se puede recurrir a la garantía de la propiedad como un contrapeso, aparte de las libertades jurídicas fundamentales. No obstante, el Estado social deja abierta la puerta para la redistribución de la riqueza y el aumento del presupuesto público, esto es, el poner impuestos sobre la riqueza y la propiedad con fines redistributivos no significa una violación al derecho a la propiedad, pues ello se hace con el fin de aumentar las libertades para todos. En todo caso, quien defienda lo contrario tendrá que demostrar que los derechos sobre la propiedad o la riqueza actual son inviolables porque fueron obtenidos de manera justa.

El argumento fino es que el liberalismo presupone la existencia del derecho a la propiedad, en el sentido de que impedir que otros usen la propiedad de uno no afecta la libertad de nadie, pero esto sólo es cierto si tenemos una razón previa para juzgar los derechos de propiedad como legítimos (como defienden Nozick o Locke). Por el contrario, nuestro enfoque es más flexible respecto a la teoría de los derechos de propiedad, preferimos gravar ingresos obtenidos merecidamente que suponer que la distribución actual es inviolable, otorgándole un valor de justicia absoluto.[103]

En el otro extremo del espectro, una igualdad estricta de nuestros ingresos y riquezas, un socialismo pleno, dista de ser una solución razonable, entre otras cosas porque se cancela el esfuerzo y se acumula un exceso de poder político al vaciarse el poder económico.

Para finalizar, vamos a discutir un poco más en concreto acerca de lo que esta perspectiva significa para nuestra democracia real. La perspectiva es mucho más práctica y menos teórica de lo que parece a primera vista, las dificultades para expresar sus consecuencias se deben precisamente a que el enfoque es, en definitiva, práctico, lo que se decida en una situación concreta dependerá de las circunstancias sociales y de la razonabilidad de las personas involucradas. Las intuiciones morales controlarán los posibles excesos, siempre que se conserve un orden en las discusiones y no nos encontremos en una situación de guerra o excepción.

En definitiva todo podría reducirse a una especie de prudencia racional que norma las decisiones. Si se trata de alguna política pública o ley nueva, hay que escuchar los diversos argumentos y tomarlos en cuenta de manera seria, hay que aceptar la crítica inteligente y liberarse de los dogmatismos, hay que evitar los modelos demasiado precisos que no corresponden a nuestras realidades, hay que escuchar al pueblo sin suponer que siempre tendrá la razón, no hay que tomar las preferencias como dadas sino que el mismo proceso argumentativo permita llegar a un equilibrio de razones y deseos, hay que brindar información transparente y darle a todo el mundo el tiempo suficiente para la reflexión, no hay que aplastar a las minorías si se puede captar que tienen alguna razón fuerte para objetar una política, hay que hacer un gran esfuerzo por brindar educación cívica más completa a la gente, etc. Éstas son reglas prácticas que nos ayudarán a una mejor decisión, en cuanto al hecho de que incrementan el costo de tomar las decisiones, pues introducirían cierta lentitud y complejidad, se trataría de nuevo de una cuestión de equilibrios, según la importancia de una decisión y las posibilidades de que pueda causar daños importantes, habrá que dedicar más tiempo a la reflexión y se requerirá más prudencia en la toma de decisiones.

Ahora bien, las prácticas políticas que violentan estos principios son de las más comunes en la realidad, así que sin una sociedad fuerte, inteligente y participativa, que esté atenta a las violaciones de sus derechos o libertades, poco se podrá avanzar. No se pueden crear las cosas de la nada, así que todo esto supone una voluntad ética en el colectivo social que nos llevará por el buen camino, no hay garantía de que en toda situación se avanzará hacia una mayor democracia: puede haber y habrá retrocesos.

Siempre quedan preguntas prácticas sin responder, en particular parece relevante preguntarse: ¿por donde comenzar para avanzar hacia una mayor democracia?. Se sugiere que vayamos por partes, por ejemplo, podemos hacer un esfuerzo en el sector educativo, para igualar las oportunidades y brindar las garantías mínimas a que todo ciudadano debería tener derecho, para ello se podría impulsar una cruzada nacional en que se discutan las diversas cuestiones y se llegue a los mayores consensos posibles, los recursos impositivos necesarios para la reforma quedarían entonces legitimados y no tendría por qué haber objeciones a un incremento de los impuestos para llenar las necesidades correspondientes.

Luego se podría avanzar en otro sector como la salud, o bien realizar un esfuerzo conciente y considerable por redistribuir los ingresos y la riqueza, se podría hacer una revisión profunda de la hacienda pública, y así sucesivamente. Se pueden decir más cosas sobre esto, por ejemplo sobre los criterios de justicia que entrarían en juego en cada caso, pero los detalles escapan a los alcances del presente ensayo.[104]

Ahora bien, hay que tener claro que hay restricciones, no se puede prometer un paraíso terrenal puesto que después de cierto límite la igualdad entra en aguda contradicción con la libertad, nadie aspira a vivir en un mundo gris en que todos estemos en las mismas circunstancias, pero parece claro que, al menos en el caso de los países subdesarrollados, estamos lejos de brindar la protección mínima para el ejercicio de las libertades de la mayoría de los ciudadanos, y en este sentido, no estamos siendo consistentes con los principios de justicia y los derechos básicos. Ya es hora de que se emprendan los cambios pertinentes, si usamos nuestro sentido común podremos ver que las teorías mencionadas aquí nos brindan muy buenas pistas acerca de donde comenzar, confiemos en que tendremos la capacidad para responder a los retos.

Hacerle al abogado del diablo parece una posición muy fácil, por ejemplo sosteniendo que los intereses personales y egoístas siempre prevalecerán y tendremos que aceptar la dictadura encubierta de quienes acumulan mayor poder político. Puede ser que esto sea en parte cierto, se concuerda en que el poder político es tal vez el más difícil de igualar y compartir, pero de todos modos no implica que sea torpe o irracional el proponer la mayor cantidad de reflexiones morales y democráticas posibles, precisamente para defendernos de los abusos y hacer una crítica positiva, construyendo caminos viables para confrontar a los grupos políticos recalcitrantes. Al mismo tiempo no hay necesidad de mantenerse pasivo, por ejemplo, si un conjunto de intelectuales van creando un relativo consenso sobre estos temas, es lo más natural del mundo que se vayan organizando como grupo de poder e impulsen los cambios necesarios. No hay que despreciar el poder de los intelectuales, han sido y siguen siendo una fuente importante para promover el cambio social.
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