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DIÁLOGO RAZONABLE, DELIBERACIÓN Y REPRESENTATIVIDAD

21 Avr 2012 - 16:37:53
Con las razones tratamos de convencer a los demás de la conveniencia de un rumbo de acción o una política. En el contexto de las decisiones colectivas se supone que debe procurarse el mayor grado de razonabilidad, con el fin de reducir los costos de las políticas y acciones para promover el bienestar público.

Pareciera que sobre esto no hay mayor duda, el problema comienza cuando tratamos de investigar cuál es la mejor forma práctica de aproximarse a lo razonable.

Habermas propone su principio U de universalización, con el cual pretende que las normas sean evaluadas para lograr el mejor beneficio de todos, una vez consideradas todas las posibles consecuencias. Todos deberán de estar de acuerdo con la política para que realmente se esté hablando de una política correcta o válida, así que se requiere del consenso de todos los participantes para obtener una buena decisión.

La argumentación depende de las razones que las respalden: se reconoce que la validez del mejor argumento es el único criterio para juzgar acerca de las propuestas. La racionalidad consiste en la voluntad de que cada propuesta sea sujeta a crítica, para garantizar el acuerdo racional hacia el mejor argumento y para corregir los errores.[1]

Habermas defiende que tal actitud hacia la validez de nuestras propuestas no es gratuita, sino un resultado necesario de nuestro papel como agentes comunicativos. Si nos alejamos de tal ideal estaremos condenados al silencio o la soledad.

No es extraño que Habermas trate de defender sus propuestas como resultados necesarios, que tienen que llevarse a cabo a costa de males mayores o de alguna contradicción fundamental. Pero aquí lo que nos interesa es el diálogo como una alternativa práctica que pueda funcionar en la vida real.

En tal sentido, la perspectiva de Habermas, no es directamente aplicable a la práctica, puesto que si siempre tenemos que recurrir al consenso de todos los afectados por una política, la consecuencia será que muy pocas políticas serán aprobadas: se nos condena a la falta de flexibilidad en la toma de decisiones.

Además, en realidad el diálogo razonable no es necesario, puesto que las personas que tienen poder político o económico tratarán de obtener ventajas especiales. Ésta es la distinción entre la razón comunicativa, la del mejor argumento, y la razón estratégica, la de los intereses. En la vida real no impera la validez del mejor argumento, sino los intereses de los diversos agentes, por consiguiente, la razón comunicativa se ve superada por la razón estratégica. Lo que es más, la razón estratégica puede tomar apariencia de razón comunicativa por medio de la propaganda o el convencimiento.

1. Limitaciones de la democracia

La democracia no responde bien a la demanda de Habermas, su funcionamiento práctico está muy lejos de acercarnos a la razón comunicativa. Son los intereses políticos y económicos los que mandan, de allí que la sospecha de que los procedimientos democráticos nos lleven por caminos falsos está bien fundada.

Lo que es más, entre más variados los intereses democráticos, menor es la importancia de la razón comunicativa, pues se estimula lo estratégico, por ejemplo, buscando alianzas partidistas para obtener las mayorías necesarias para llevar a cabo diferentes reformas o políticas.

La solución a las fallas del sistema democrático no puede venir de un sistema de partidos, a lo más que se llega por esta vía es a suponer que una competencia de partidos por los votos los obliga a responder al interés público, pero éste es un modelo muy limitado pues sólo funcionaría a la hora de votar y ello bajo una serie de suposiciones, relativas a la sana competencia de partidos y un electorado racional. Es muy poco probable que tales condiciones se den en nuestros países.

Por ello, se rechaza la democracia de partidos como una solución completa, que pueda dar origen a decisiones propias de la razón comunicativa. Para acercarse a una perspectiva razonable se requiere de deliberación y representatividad

2. Deliberación y representatividad

2.1. Ventajas de la deliberación

Al hablar de una democracia deliberativa, se pone énfasis en el papel de las razones como base de la justificación política. Ahora bien, el razonamiento debe ser libre y entre iguales.

El razonamiento libre se basa en que ninguna perspectiva moral o religiosa tiene superioridad sobre las demás, así, ninguna perspectiva puede ser la base para definir la participación en el diálogo, excluyendo o dejando en desventaja a las demás ni tampoco puede ser un criterio definitivo para la aceptación de argumentos para la acción pública.

El razonamiento es entre iguales porque los participantes en el diálogo se ven como esencialmente iguales. Esto incluye una igualdad formal, en el sentido de que todos los participantes tienen la misma categoría en el proceso deliberativo, es decir; pueden proponer cuestiones para la agenda, soluciones para ellas y ofrecer razones en apoyo o crítica de ellas. Además habrá una igualdad sustancial puesto que la distribución existente del poder y los recursos en la sociedad no brindan facultades o ventajas especiales en la deliberación.

Los participantes son racionales porque se proponen defender y criticar instituciones y programas en función de consideraciones que otros, como libres e iguales, tienen razones para aceptar. Una razón es una consideración que se aduce a favor de algo, en particular una creencia o un acto.[2]

Hay numerosas ventajas en la implementación de un proceso deliberativo. En primer lugar, el razonamiento público permite aumentar la información en relación con otras alternativas como el voto o la negociación. Por ejemplo, permite que se discuta acerca de la intensidad de las preferencias de diversas opciones, es válido alegar como razón para la preferencia por ciertas opciones el que me afectan de forma más fuerte o profunda. Por otro lado, hace posible que los defensores de las diversas opciones revelen la información de que disponen respecto a los resultados predecibles de diferentes rumbos de acción, ello podría descalificar de forma automática algunas opciones por inviables o costosas. Una dificultad que se presenta aquí es que cuando hay intereses estratégicos en juego y estos son muy diversos, se tendrá menos confianza en la veracidad de la información que cada quien comunique, pues la tergiversación de la información puede ser provechosa.[3]

En segundo lugar, nuestra capacidad de calcular e imaginar es limitada y falible, por consiguiente, el proceso de discusión pública puede clarificar los resultados de diferentes políticas y permitir el surgimiento de nuevas ideas.[4]

En tercer lugar, el simple hecho de tener que dar razones públicas restringe las posibilidades de justificarse con razones que sólo defienden intereses propios, lo cual promueve la imparcialidad. En el foro público, ya no es posible justificar algo simplemente porque me favorece a mí o a mi grupo, hay que dar razones de carácter más general. Por supuesto que tales razones pueden responder a estrategias veladas, los agentes se las pueden ingeniar para aparentar que apoyan el interés común cuando realmente están defendiendo el suyo propio, pero, el simple hecho de tener que discutir en un foro público, por lo menos hace más difícil el seguir intereses egoístas y eventualmente puede cambiar las propias preferencias.

Los tres aspectos mencionados pueden favorecer el consenso sobre las políticas y por consiguiente alentar a los participantes a apoyar y llevar a cabo lo decidido para tener una mayor legitimidad. Habrá participantes que terminarán apoyando la implementación de una política por la cual no habrían votado individualmente, aunque hay que reconocer que en algunos casos la misma discusión puede generar mayores disputas en lugar de consensos.

Por fin, con independencia de sus resultados, se puede considerar a la discusión como un bien en sí mismo, el cual incrementará la legitimidad de cualquier política a seguir.

2.2. Ventajas de la representatividad

La discusión no sustituye la representatividad. Una verdadera imparcialidad implica la capacidad de ponerse en lugar de los otros, ello no es garantizado por la pura deliberación puesto que podemos tener dificultades para entender a los demás y sus intereses propios. El riesgo radica en convertir a la deliberación en una forma de elitismo.

Además, no sólo es importante representar los intereses de las mayorías, sino también los de las minorías, para que se tomen en cuenta sus puntos de vista de una manera justa y equilibrada.

No obstante, hay dificultades para poder representar los intereses de todos, en especial dentro de la complejidad de la sociedad moderna, porque existe una gama amplia de intereses y no hay ninguna forma práctica de representarlos a todos. Las discusiones tendrían que incluir tantos representantes que terminarían por no ser viables en la práctica: se perderían muchas de las ventajas deliberativas ya señaladas.

Hay que impedir, por consiguiente, que muchos intereses legítimos queden fuera de la discusión pública y procurar formas de institucionalizar una mayor representación, sin que al mismo tiempo se pierdan las ventajas de la deliberación.

El aumento del número de participantes en el diálogo afecta tales ventajas: la deliberación se hace más difícil e ineficiente. Por consiguiente, pareciera que la única forma de lograr integrar una mayor representatividad es el uso de muchos foros de discusión pública, en cada uno de los cuales hubiera pocos participantes. Una forma práctica de hacer esto sería tomar el tema o tipo de acción pública como un elemento central para discriminar entre los participantes potenciales.

Hay que definir con mayor precisión la localización de tales foros. Entre los más factibles tendríamos la participación en la toma de decisiones acerca de las políticas públicas, esto es, las diferentes dependencias públicas implementarían procesos de discusión sobre las políticas a seguir, invitando a los ciudadanos. Otra posibilidad está en las comisiones legislativas, para que los ciudadanos puedan participar en el diseño de nuevas leyes en diferentes espacios de decisión.

Hay que mencionar algunos requisitos que deberían cumplir los ciudadanos participantes, los cuales tendrían que ser representativos de los diversos intereses involucrados en la decisión, pero al mismo tiempo, poseer los conocimientos y habilidades necesarias para una discusión fructífera en el tema de interés. Además, tendrían que ser relativamente imparciales, en el sentido de que no llegaran a la discusión con preferencias fuertes que no podrían modificar. Hay un claro peligro de que los participantes no sean imparciales puesto que, por lo general, los que saben mucho sobre ciertos temas tienen fuertes intereses sobre los mismos, de hecho, los intereses motivan la búsqueda de información y la elaboración de opiniones más firmes.

Por consiguiente, los requisitos que hemos señalado acerca de los participantes son sólo una guía para la acción práctica, puesto que no parece existir una receta: se requerirá siempre de cierto ingenio para conjuntar a los participantes más adecuados para cada problemática.

Todo esto requiere de cambios profundos en el sistema político, el limitarse a la clásica representación por medio de los legisladores es claramente insuficiente e inadecuado para una sana deliberación. De hecho, el mundo democratizado nació con la pretensión de seleccionar a los cualitativamente mejores, no buscaba un criterio cuantitativo para la representación proporcional, sin embargo, en la práctica se ha impuesto tal criterio: aquellos que son dignos de ser elegidos resultan excluidos por los que no lo merecen.[5] Por ello se propone una nueva estructura de deliberación a través del diálogo razonable.

3. Principios del diálogo razonable

Antes que nada, para que el diálogo razonable sea práctico, se requiere de que haya pocos integrantes, serán únicamente los suficientes según la importancia de la decisión y la necesidad de representación de los diversos intereses involucrados, en el entendido de que el aumento del número de representantes irá en demérito de las posibilidades de tener un diálogo fructífero.

En vez de considerar al diálogo en forma abstracta, en medio de una atmósfera de misterio que exageraría el grado de complejidad del diálogo práctico, aquí se trata de mostrar su utilidad sin mayor complicación y por caminos conocidos.

3.1. Fuente de avance

El motor básico del diálogo consiste en que se avanza por medio de razones que todos los representantes deberán aceptar. Una buena razón será tanto mejor conforme más integrantes del diálogo la apoyen, hasta llegar al ideal de la unanimidad.

3.2. Supuestos

Un supuesto implícito es que ningún integrante tiene acceso a una verdad superior que le permita avanzar razones sin necesidad de consultar con los otros, es deseable entonces suponer un relativo equilibrio en la capacidad de comprensión de los integrantes acerca de las razones correctas. Esto no significa que todos los integrantes tengan las mismas habilidades, muy por el contrario, el diálogo es fructífero porque existen diferentes órdenes y perspectivas de comprensión de una dada situación.

Un segundo supuesto es que todos pueden introducir razones y cuestionar las de los demás. Esto asegura que todos tengan la oportunidad de proponer sus propios puntos de vista, sentimientos, deseos y de someterlos a la discusión de todos, además, permite que las razones se vayan transformando en el proceso de diálogo, hasta acercarse al ideal del consenso. Por supuesto, esto hace al diálogo más lento y costoso, a cambio de su mayor calidad.

Existe una oportunidad igual para introducir los puntos de vista propios, no hay coacción que pueda impedir que cada quien introduzca sus cuestionamientos.

Las personas que participan tienen las siguientes pretensiones de validez: comprensibilidad (que lo que se diga sea comprensible para todos), verdad (que son ciertos los contenidos proposicionales con respecto a la realidad), rectitud (que lo que se dice es justo en relación a los rangos usuales de la moralidad) y veracidad (que la intención manifiesta coincide con la real, esto es, hay sinceridad).[6]

Por fin, podemos agregar un requisito de imparcialidad, llamando racional a aquella persona que no se deja llevar por sus propios intereses e impulsos sino por su moralidad y el interés por alcanzar un acuerdo.

3.3. Tipos de razón

En cuanto a los tipos de razón que se pueden dar en un diálogo sería bueno ser más explícito para que se comprenda mejor de qué tipo de diálogo se trata y cómo puede evolucionar dentro de una temática determinada. No es posible ser exhaustivo en un tema como éste, pero las razones se podrían clasificar en tres tipos principales.

3.3.1. Argumentos

Son proposiciones teóricas con las cuales se pretende convencer a un auditorio determinado de la validez de un principio de acción o política. Un ejemplo es el argumento de la ventaja general, de acuerdo con el cual, es razonable el aceptar la promoción de desigualdades entre los ciudadanos o grupos siempre que en el resultado final el grupo menos favorecido obtenga algún beneficio neto positivo.

Este argumento, aparentemente inocente, permite la generación de desigualdades entre los ciudadanos y grupos, con la excusa de que quienes se están quedando más rezagados obtienen alguna ventaja. En la práctica se le utiliza con mucha frecuencia, además de que las supuestas ventajas del grupo menos favorecido, por lo general, no son tan claras; por consiguiente, es bueno ver este argumento con sospecha.

Otro ejemplo de argumento, más familiar para quienes defienden la justicia como imparcialidad, es que siempre que se involucren en una acción cuestiones que sean básicas para el modo de vida de cada quien, deberá respetarse la libertad de los participantes.

A veces los argumentos son presentados como principios. Por ejemplo, el principio del daño señala que siempre que una acción produzca algún daño sobre los ciudadanos se deberá realizar una acción pública que lo compense. Este argumento se debe distinguir de aquél más fuerte que señala que el Estado sólo puede intervenir en los casos en que se demuestre que exista algún daño sobre los ciudadanos.

Un argumento que se puede usar para cerrar un diálogo que amenaza con alargarse hasta el infinito, consiste en decir que ya se ha dado una suficiente consideración de los intereses de todos y por tanto, recurriendo a la razonabilidad de los participantes, se puede dar la discusión por terminada.

Todos estos argumentos o principios y otros muchos que se les pueden ocurrir a los participantes del diálogo, pueden funcionar como razones para avanzar o dar fin a una discusión. Son por consiguiente de lo más variados y generan aleatoriedad en el avance de una discusión.

Obsérvese que generalmente los argumentos no son lógicamente irrefutables, son sólo proposiciones con las cuales se trata de avanzar en una discusión. En tal sentido pueden ser simples hipótesis, conjeturas acerca de las relaciones entre elementos o conceptos, cuya validación o fuerza dependerá del grado de consenso que se pueda alcanzar en el auditorio. Por ejemplo, se puede aseverar que la justicia tiene una mayor importancia que la eficiencia en la distribución de los recursos públicos.

Algunos argumentos pueden ser específicos, por ejemplo; afirmar que la asignación de recursos se debe realizar normalmente por la vía del mercado, toda vez que el sector público es ineficiente. La respuesta a este tipo de argumento podría ser el refutarlo con otro que afirma que, en caso de que haya externalidades del consumo o la producción, normalmente se requerirá de la intervención del gobierno.

3.3.2. Procedimientos

Establecen algún mecanismo o conjunto de reglas con los cuales se tratará de seguir adelante en la discusión. Un procedimiento conocido es la regla de mayoría, de acuerdo con la cual, se puede votar a favor o en contra de una proposición, siendo la ganadora aquella que obtenga la mayoría de votos de los miembros. En el caso del diálogo razonable la regla de mayoría sólo se puede usar como un último recurso, pues la idea es precisamente la de discutir por medio de razones y no la de anularlas con un procedimiento trivial.

Otro procedimiento puede ser el de recurrir a un estudio técnico, en el cual se muestren las ventajas y desventajas de un principio de acción o política pública, llegando a una conclusión acerca de su conveniencia o no. Los integrantes del diálogo pueden acordar que sea dicho estudio el que se utilice como base de discusión, aunque, de todas maneras, se dará oportunidad para que los participantes cuestionen la misma calidad e imparcialidad del estudio.

Otro ejemplo consiste en hacer una lista de las ventajas y desventajas de la política a dilucidar y luego otorgar un peso cuantitativo o cualitativo a cada una de ellas para obtener criterios de decisión más concretos. Los integrantes podrían notar que la construcción de una represa brindará muchos beneficios económicos y sociales (más energía eléctrica, desarrollo industrial, mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos) que justificarían la aceptación de costos en términos del deterioro del medio ambiente.

Los procedimientos a que se recurra aquí también pueden ser aquellos establecidos por las estructuras legales e institucionales existentes que se aceptan como un insumo de la discusión.

3.3.3. Juicios científicos, datos y aumento de la información

De acuerdo al avance de la ciencia y de las pruebas empíricas que se tengan, es posible brindar razones que hagan avanzar la discusión. En otras palabras, con las aportaciones de la ciencia y los datos de que se disponga aumentará la información del sistema y así se romperán las barreras e inseguridades de los integrantes. Con ello, se podrán disminuir los riesgos de que una decisión causara daños no previstos y así se promoverá el acuerdo de los integrantes.

Por ejemplo, un ecologista que tenga reservas acerca de si conviene o no construir una represa puede ser convencido a través de pruebas científicas que muestren que el daño al medio ambiente será mínimo o despreciable. Una reforma fiscal se puede llevar adelante si se muestra científicamente que logrará una mejor repartición de la carga fiscal que el actual sistema.

La información se puede referir a las preferencias o necesidades de los actores, por ejemplo, alguien puede afirmar que tiene una fuerte preferencia o necesidad por el desarrollo del sector salud, a tal grado que está dispuesto a sacrificar otros tipos de actividad pública.

La forma concreta que tome el diálogo dependerá de las circunstancias y de la complejidad del tema a tratar. En esto, como en casi todas las teorías sociales, no se puede brindar una receta sin dar al traste con el proyecto mismo. Así, basta con decir que el diálogo razonable no es un caos, pues existen reglas y contenidos que lo delimitan, pero tampoco implica un conjunto de reglas detalladas y precisas que no son consistentes con la flexibilidad necesaria para obtener un buen razonamiento práctico.

Aquí hay que distinguir al diálogo razonable respecto a una demostración o argumento estricto, que remite a probar lógica e irrefutablemente la superioridad de un punto de vista o acción sobre otro. Pero tampoco se trata de pura retórica, en el sentido de persuadir a un auditorio determinado utilizando todo tipo de artimañas y trucos del lenguaje. El diálogo razonable es práctico, se encuentra en algún punto entre estos dos extremos de la persuasión y la prueba irrefutable. La magia del diálogo consiste en motivar una discusión seria y profunda sobre los diversos puntos de vista y rumbos de acción aprovechando la ventaja de que los seres humanos son diferentes entre sí, de tal forma que pensarán en más posibilidades y agregarán más información.

Por consiguiente, la información no debe estar sesgada hacia ciertos contenidos que convengan a algunos de los actores, sino que debe estar lo más abierta posible, con independencia de las consecuencias que conlleve. Por supuesto que un actor malintencionado puede ocultar información que no convenga a sus intereses, o presentar la información de forma engañosa, pero ello se considera parte de la imperfección del mismo diálogo.

4. Ventajas y desventajas del diálogo razonable

La principal ventaja del diálogo razonable radica en que la existencia de las reglas del diálogo es una buena garantía contra los abusos, brinda una relativa certeza de que las decisiones que se tomen respetarán criterios imparciales y estarán apoyadas por un mayor consenso. Ello seguiría siendo cierto aunque algunos o muchos de los integrantes no fueran en realidad imparciales, conocedores y éticos, pues la presencia de al menos algunos participantes aptos será una barrera suficiente contra los excesos en que se incurriría si éstos no aparecieran del todo, ello resulta válido desde que las reglas del diálogo les brindan las armas suficientes para defenderse de los abusos en relación a los resultados que se obtendrían con una votación o negociación.

Si se logra un mayor consenso se reducen los costos de las decisiones públicas, al rechazarse las soluciones extremas que benefician a unos pocos o una mayoría en detrimento del resto de los ciudadanos, las posibilidades de que se obtengan beneficios públicos aumentan, inclusive en áreas o temas que en principio fueran poco prometedores. Seguramente esto implicará un aumento del tamaño del sector público y, con ello, la obtención de nuevos y mejores servicios tales como salud, educación y vivienda.

Entre las desventajas hay que señalar que dificulta el problema de la representatividad, pues ésta ya no puede reducirse a una fórmula cuantitativa en la que se incluyan los principales interesados, sino que los participantes tienen ahora que presentar ciertos atributos deseables, los cuales normalmente no se distribuyen de manera homogénea en la población. Ello no significa que se ignore el problema de la representatividad, simplemente se acepta que el logro de una representatividad adecuada será más difícil.

Pero, seguramente, la mayor desventaja del diálogo razonable radica en sus dificultades para la implementación práctica, puesto que las fuerzas políticas y sociales existentes no tienen una motivación independiente para apoyar el diálogo. Hay muchos intereses concretos en la realidad política, económica y social que se sentirán, con razón, amenazados por el diálogo, y no hay ninguna autoridad independiente que pueda obligar a los actores políticos a aceptarlo. Es una cuestión de convencimiento y buena fe, que puede progresar a lo largo del tiempo, pero igualmente el diálogo puede ser rechazado y quedar relegado a una teoría más, condenada al olvido eterno.

Aquí, nuevamente, lo que se puede recomendar es un horizonte temporal para dar oportunidad a la realización de las adecuaciones del entorno político y social, esto es, ver al diálogo razonable como un proceso que se realizará en el largo plazo. Por supuesto que un largo plazo se construye a través de pequeñas transformaciones de corto plazo: hay que evitar el peligro de que tal perspectiva temporal termine por dar al traste con todo el proyecto.

En otras palabras, no se postula ningún mecanismo independiente que ponga a funcionar las reformas necesarias para hacer del diálogo razonable una realidad cotidiana. Se pueden apreciar sus ventajas, pero una implementación práctica requiere más que eso, si las situaciones económicas, políticas y sociales que prevalecen no son favorables para que las autoridades apoyen el diálogo, será poco lo que se podrá avanzar. En la medida que el diálogo se ve como una amenaza hacia el statu quo o los poderes existentes, las fuerzas naturales del sistema tenderán a rechazarlo como una alternativa viable, pues implica ceder poder a favor de nuevas estructuras de decisión pública.

De nuevo, el problema no se reduce a lo técnico, pues se puede llevar a cabo una estrategia de implementación gradual, comenzando con pequeños ejercicios dialógicos y progresando poco a poco, el problema es que no hay un motivo independiente que necesariamente genere el interés por construir tal estrategia.

5. Relación con la justicia

Un compromiso práctico no excluye el uso del poder o la acción estratégica, pero la justicia del compromiso se medirá conforme a los criterios del diálogo razonable. En la medida que identificamos la justicia con un consenso razonable, en que prevalecen los supuestos y las reglas del diálogo que hemos señalado más arriba, se puede decir que las consideraciones de justicia irán siempre en favor de alcanzar una situación en que prevalezca tal diálogo razonable.

Así, un interés por la corrección y la justicia supone un compromiso con el diálogo razonable. En la medida en que se mantienen las estructuras tradicionales de decisión pública y que éstas no coinciden con los criterios deseables aquí señalados, se puede decir que tales decisiones no son necesariamente justas.

Si la búsqueda del mejor argumento es lo que nos mueve hacia el diálogo razonable, con un interés imparcial y comunicativo, se establece un ideal normativo hacia el cual dirigirse que se distingue claramente de las negociaciones o las decisiones por la vía de la votación.

6. Situación ideal y situación real

Claro que el interés por la verdad o el mejor argumento no es algo que se pueda suponer como dado, sino que hay que crearlo en la sociedad real. La búsqueda de los espacios adecuados, que conlleven decisiones más razonables, en que se puedan implementar los supuestos y reglas del diálogo razonable, permite el acercamiento entre los ideales y la situación real.

La tensión de los acuerdos políticos cotidianos, en que ciertamente puede imperar la fuerza de los intereses, con la situación ideal, en que se busca la verdad o el argumento razonable, es un hecho de la vida que no se puede ocultar y cuya resolución es incierta. No hay seguridad de que los argumentos morales terminarán por imponerse, ni tampoco de que los intereses siempre serán los que preponderen.

En la idea de un consenso traslapado, Rawls[7] considera a los ciudadanos libres e iguales, y las doctrinas razonables filosóficas, religiosas y políticas a las que se apegan, como hechos de la vida real. Ante tal situación, sólo una concepción política de la justicia que todos los ciudadanos puedan razonablemente suscribir puede servir de fundamento de la razón pública y de su justificación.

En este contexto, los ciudadanos pueden seguir sosteniendo como verdaderas sus propias visiones de la vida; pero al mismo tiempo, tienen que aceptar la necesidad de acuerdos a nivel político, puesto que ésta es la única manera de ponerse de acuerdo, sin violentar las visiones de los demás.

Por consiguiente, los acuerdos no se podrían dar en todos los asuntos, en algunos aspectos, en particular los puntos de vista morales, será muy difícil llegar a acuerdos, además de que éstos serían innecesarios para el funcionamiento normal de la comunidad política. Así, desde sus propias trincheras, cada quien puede tener la visión de la vida que quiera, siempre que no trate de imponer por la fuerza sus puntos de vista a los demás.

Todo esto es consistente con un diálogo razonable como el que se ha sugerido aquí, a pesar de que aún quedan algunos aspectos oscuros.

Por ejemplo, habría que aclarar hasta donde llegan los derechos de las minorías, pues la idea de consenso pareciera dejarlas indefensas en muchas posibles controversias. Supóngase que me interesa que se construyan templos en los que pueda realizar mis obligaciones religiosas, no obstante, hay muy pocos seguidores de mi religión, por consiguiente no hay dinero suficiente para financiarlos. Intentaré presentar mis demandas en una perspectiva pública para obtener el financiamiento suficiente, pero resultaré aplastado por una mayoría que prefiere utilizar el dinero para la construcción de instalaciones deportivas.

En este caso, lo sobresaliente es que las instalaciones deportivas podrán obtener el consenso con relativa poca dificultad, pues casi a todo el mundo le gusta realizar deportes, esto parece colocar en una desventaja notable a otros tipos de instalaciones, como las de culto religioso o de teatro.

El problema básico aquí radica en que algunas demandas podrían no ser tomadas en serio, pues muy pocos estarán interesados en ellas, por consiguiente, la indiferencia hacia tales actividades impide que los electores lleguen a un acuerdo para satisfacer las necesidades correspondientes. De nuevo, tendríamos acceso formal a que la petición se presente, pero muy pocas posibilidades de que progresara en la arena pública o en el consejo elector: parece que con buenas intenciones no basta.

En términos generales, se podría decir que se encuentran en riesgo las prácticas de todas aquellas organizaciones y comunidades que sean minoritarias, no recibirán ningún apoyo público.

La primera respuesta a tal planteamiento es que no es del todo cierto, los ciudadanos del diálogo razonable podrían apoyar actividades de grupos minoritarios por simpatizar con sus causas: la imparcialidad supuesta entre sus atributos permitiría que se dieran apoyos especiales. Aunque ya hemos visto que ello sólo se daría en circunstancias más o menos ideales, puesto que de otro modo preponderarían siempre los intereses particulares de carácter económico y político, esto es, los intereses estratégicos.

Ahora bien, inclusive en circunstancias ideales, los puntos de vista minoritarios quedan en desventaja frente a las perspectivas que se pueden presentar en un foro público y logran un mayor consenso. Entonces simpatizamos con el punto de vista minoritario y nos parece una injusticia que no sea posible llevar adelante sus demandas, queda la impresión de que en el fondo se están tomando decisiones arbitrarias que perjudican a las minorías.

Una solución sería colocar las demandas más apremiantes de los grupos minoritarios como parte de una carta de derechos básicos, con lo cual quedarían liberados de la necesidad de obtener consenso en ciertas materias. Éste es un recurso importante y posible, pero está lejos de ser una respuesta para todos los casos, las limitaciones de recursos obligarán, tarde o temprano, a tomar decisiones que perjudicarán a algunos en beneficio de otros.

Habría que reconocer, en verdad, que a veces se tendrán que rechazar las demandas de los grupos minoritarios; el diálogo razonable no puede cargar con la oferta de un mundo feliz, siempre habrá decisiones que perjudicarán a los pequeños grupos, se les podrá defender en términos muy básicos, pero no brindar garantías de que se podrán satisfacer todas sus peticiones.

En definitiva, en una decisión de política pública, incluso cuando se use el diálogo razonable, normalmente algunos saldrán beneficiados con el resultado y otros saldrán perjudicados, el diálogo razonable sólo ofrece una perspectiva imparcial en la cual se puedan dirimir las disputas en la búsqueda de la mejor opción posible, pero tal opción no siempre dejará contentos a todos, o bien los dejará satisfechos sólo en el sentido restringido de que se hizo lo mejor posible dadas las circunstancias.

Es en este sentido que se puede criticar la propia idea de pluralismo, normalmente se piensa que si hay mayor pluralismo la sociedad es más saludable, puesto que se expresan diferentes formas de vida y con esa diversidad social se obtienen beneficios. El análisis realizado aquí cuestiona dicha perspectiva: el pluralismo es sólo bueno en un sentido restringido.

En primer lugar, debe ser un pluralismo razonable; las diferentes perspectivas religiosas, políticas y morales, deben mantenerse dentro de ciertos márgenes para no generar grandes disputas que comprometan la paz social y que impidan un buen funcionamiento del diálogo razonable. El pluralismo, bien entendido, no es una entrega incondicional a la sinrazón en el mundo, se supone que debe haber cierta homogeneidad previa en los contenidos fundamentales y una diversidad enriquecedora y no destructora de la convivencia social. Hay que distinguir entre la sociedad compleja y la sociedad caótica, en la primera tenemos un cierto orden básico que garantiza un entorno saludable, en la segunda lo que tenemos es el imperio de la sinrazón.

En segundo lugar, no debe haber grandes desigualdades económicas y políticas en la sociedad, pues ello entorpece el diálogo razonable. Una sociedad en que las disputas sean la moneda de todos los días, en que las personas se encuentran en bandos opuestos todo el tiempo, no es nada saludable para generar un ambiente de búsqueda de consensos. Además aumenta el riesgo de que las decisiones estratégicas preponderen por sobre las comunicativas.

No se está sugiriendo que la diversidad tendría que ser vista como un mal en sí mismo y por tanto buscar la manera de destruirla: con la violencia no ganaremos nada. Pero sí es bueno tener una actitud crítica hacia el pluralismo para evitar la visión simplista que lo califica como la respuesta a todos los males. La idea de desarrollar una sociedad en que prive una mayor homogeneidad en las opiniones no es mala, siempre que ésta sea el resultado del uso de la comunicación y el diálogo razonable.

Un supuesto de nuestro análisis es que la razón es capaz de penetrar por sobre los diferentes puntos de vista y convertirse en un elemento independiente que permita una toma de decisiones más eficiente y compartida.

Se ha defendido al diálogo razonable como una perspectiva válida y factible para la toma de decisiones públicas, que unida a los procesos democráticos brindará una mayor garantía de que se están tomando decisiones más adecuadas y correctas.

El diálogo razonable no se reduce a una receta de cocina, hay ciertos elementos que lo conforman pero no es posible establecer con toda claridad y precisión los supuestos y reglas que lo identifican.

En nuestro sistema político, hay que saber distinguir entre la concepción real y la concepción ideal. En las democracias reales normalmente dominan las decisiones estratégicas por sobre las comunicativas, pero las propiedades deseables de las estructuras comunicativas sobreviven como un ideal hacia el cual hay que apuntar hacia el futuro.

El diálogo razonable, inclusive en el caso ideal, no puede garantizar la defensa de todos los intereses de las minorías, el que algunos ganen y otros pierdan con la toma de decisiones es una característica inherente, sin que ello signifique que no se puedan dar concesiones especiales a las minorías.

El pluralismo y la diversidad no son bienes en sí mismos, hay que establecer las características que los conforman en cada situación concreta para poder determinar sus ventajas y desventajas.

[1] Kingwell, Mark, A civil tongue: justice, dialogue, and the politics of pluralism, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 1995, p. 157.
[2] Cohen, Joshua, Democracia y libertad. En Elster, Jon (comp..), La democracia deliberativa, Edit. Gedisa, Barcelona, 2001.
[3] Fearon, James, La deliberación como discusión. En Elster, Jon, ibidem, pp. 66-69.
[4] Ibidem, pp. 71-72.
[5] Sartori, Giovanni, Teoría de la democracia, Alianza Universidad, Madrid, 2000, pp. 180-181.
[6] Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1987.
[7] Rawls, John, Liberalismo político, FCE, México, 1995, pp. 139-140.
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