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Ética, diálogo y decisiones razonables

21 Avr 2012 - 16:31:27
A principios del siglo XX, G. E. Moore estableció la base de una teoría de las consecuencias para la ética. Para él, al determinar la moralidad de nuestras acciones debemos recurrir a las consecuencias buenas o malas que tendrían, aquella opción que maximice el grado de bondad será la que se recomiende desde el punto de vista moral. Algunas veces no se produce nada bueno, pero entonces el procedimiento se reduce a elegir la opción menos mala. Ahora bien, todo esto supone que nosotros conocemos los objetos o estados de cosas buenos o malos, los que son evidentes a la conciencia y tienen validez intersubjetiva.

Mucho se ha escrito desde entonces sobre teoría moral, pero el enfoque de Moore sigue teniendo su encanto. Corresponde bastante bien con lo que realmente hacemos al tratar de comportarnos moralmente, y aunque tal vez no tengamos la confianza de Moore acerca del carácter sustantivo de los objetos morales, es decir, sobre nuestra capacidad para intuir las cosas buenas o malas de manera inobjetable. También es cierto que hacemos ciertos juicios morales que se corresponden con esa descripción, aceptando de manera tácita el enfoque de Moore.

Por otra parte, la perspectiva de A. J. Ayer se encuentra en profunda discrepancia con la de Moore. No hay nada que sea intrínsecamente bueno. Si dijéramos, por un lado, que bueno es lo que nos proporciona felicidad habría profundas discrepancias sobre nuestras mediciones. Ahora bien, si definimos como justo o bueno aquello que la gente apoya seguiríamos teniendo problemas, ya que es perfectamente posible que existan cosas justas que muy pocas personas sostienen o cosas injustas que son apoyadas por una gran mayoría.

En consecuencia, Ayer renuncia a cualquier criterio para determinar lo justo de una proposición. La moral se refiere a nuestras emociones, al apoyo que damos a cierto rumbo de acción o sus consecuencias. No hay diferencia entre el enunciado “has robado”, con respecto al enunciado “has actuado mal al haber robado”. Este último sólo sirve para agregar mi calificación emotiva al acto. No hay nada aquí que tenga carácter de verdad o falsedad que sea susceptible de prueba.[1]

Sin llegar al extremo de Ayer, podemos tomar nota de su crítica y aceptar que a veces no es tan evidente que las consecuencias de un acto sean buenas o malas. La sustancia moral se nos puede escapar de las manos.

Una alternativa es la ética discursiva de Habermas. Su principio de universalización dice lo siguiente:

Cada norma válida habrá de satisfacer la condición de que las consecuencias y efectos secundarios que se siguen de su acatamiento general para la satisfacción de los intereses de cada persona (presumiblemente) puedan resultar aceptados por todos los afectados (así como preferibles a los efectos de las posibilidades alternativas de regulación)”.[2]

La aceptación de todos es la base que brinda el criterio de validez a la norma que se está analizando, y puesto que el principio se aplica bajo un consenso idealizado (con juzgadores competentes en una comunidad ideal de comunicación), queda salvada la objeción de Ayer.

No obstante surge un nuevo problema, ya que al referir la validación a los intereses de todos los individuos afectados caemos en una especie de fanatismo moral, pues en la gran mayoría de los casos reales algunos individuos resultarán perjudicados por la decisión, de tal manera que la ética discursiva sólo se aplicaría en casos muy particulares. De hecho, no sería aplicable a la mayoría de nuestras posiciones axiológicas, puesto que cada quien o cada grupo parte de su punto de vista particular, de sus propias opiniones morales, para juzgar la situación.

En la vida real, la toma de decisiones se realiza en el contexto de la democracia, en la cual prevalece la regla de mayoría como procedimiento para dirimir los conflictos. La idea es representar la discusión racional por conducto de los votos de los interesados, con ello se sustituye la justicia por la opinión de los ciudadanos.

La confianza en la regla de mayoría no parece muy fundamentada, porque es una base muy pobre para definir la justicia de una decisión de acuerdo con las consideraciones que hemos realizado. Contrariamente a lo que pensaba Rousseau, en la práctica se ha notado que es poco posible que la mayoría encuentre el camino más justo o correcto. Generalmente se dejará llevar por intereses políticos o económicos y será poco representativa del conglomerado social. De hecho, se verá fuertemente influida por los medios de comunicación modernos y su propaganda. Se vuelve entonces incluso difícil saber qué es lo que la gente piensa en realidad, pues lo que obtenemos en las votaciones es un producto deformado por multitud de factores, que puede tener muy poca relación con las opiniones reales de la gente.

En pocas palabras, se propone el acercamiento a un modelo de toma de decisiones que involucre una perspectiva ética y racional. Veamos cómo se puede avanzar al respecto.

Una manera es recurrir a la noción de razonable. Los ciudadanos nombran a representantes que se ponen de acuerdo en un ambiente en que se pone énfasis en la calidad de las opiniones, se argumentaría acerca de los posibles beneficios y costos de cada acción, considerando las consecuencias más previsibles y, por medio del convencimiento racional, llegaríamos a la mejor alternativa. Esto supone varias cosas, entre ellas: un procedimiento de discusión, jueces éticos y competentes, suficiente información veraz y el deseo de llegar a un acuerdo razonable.

Las personas tienen preferencias morales fuertes, que no conviene considerar como sujeto de discusión pública. Esto incluye, por ejemplo, sus preferencias religiosas y las propias de su vida sexual. La cuestión aquí es que se trata de cuestiones muy importantes para la vida de cada quien, por lo que no están abiertas a ningún tipo de negociación. Si tales áreas fueran vulneradas, tendríamos una inaceptable disminución en la libertad y autonomía de las personas.

¿Cómo se relaciona esto con un modelo de decisiones ético y racional? Se podría contestar que las consecuencias previsibles de cualquier acción pública en estos asuntos serían dañinas para muchos ciudadanos. Una vez identificados los efectos dañinos y su falta de legitimidad, se podrían validar principios como la libertad religiosa o sexual.

En contraste, se podrían defender acciones públicas que apoyaran las libertades protegidas. Por ejemplo, un uso más justo e igualitario de los medios de comunicación para proteger la libertad religiosa y sexual. Los ciudadanos podrían comprender que un uso más equitativo de tales recursos sería en beneficio de la autonomía.

Pero existirían otros aspectos menos fuertes, en los cuales habría lugar para una discusión pública. Es fácil prever que el acuerdo de los ciudadanos en ciertas cuestiones permite la obtención de beneficios importantes, tal es el caso de los bienes públicos como la seguridad, la salud y la educación, la infraestructura de comunicación e incluso cuestiones menos obvias como la planeación y zonificación urbana. Es aquí donde los representantes de los ciudadanos pueden cumplir su papel racionalizador.

Desde el punto de vista de los costos de las decisiones públicas, lo que sucede es que se reducen las posibilidades de que se tomen decisiones arbitrarias y dañinas para una gran cantidad de ciudadanos, los costos se reducirán en proporción a la calidad de los resultados de la discusión racional. Por ejemplo, conforme los representantes sean mejores defensores de los intereses de la ciudadanía, tomarán decisiones más acordes a los intereses de todos. En general, esto dependerá de que efectivamente sean representativos de los ciudadanos, esto es, que conozcan bien y defiendan los intereses involucrados, y de que sean jueces competentes.

Hay fuertes razones para pensar que las democracias no producen de manera natural este tipo de escenarios, puesto que, en la designación de los representantes populares, lo que domina son los intereses políticos y económicos. La conclusión es que el diálogo razonable tiene que ser construido, hay que tomar las medidas y acciones necesarias para lograr que las decisiones sean más racionales. Un ejemplo sería que las discusiones de las comisiones legislativas sobre los diversos proyectos de ley trataran de acercarse a las características señaladas: buscando los jueces más competentes sobre la materia, la participación de los ciudadanos afectados, información veraz, criterios de decisión objetivos, etcétera. No obstante, hay que resaltar que el requisito principal es motivacional, esto es, debe existir el deseo de alcanzar una decisión más ética, justa o racional por parte de quienes tienen en sus manos el poder de decidir.

¿Cómo se relaciona este diálogo racional con el principio de universalización de Habermas? Para contestar a esta pregunta necesitamos primero una forma de especificar el principio de universalización, y Robert Alexy nos la ofrece a través de los siguientes elementos:

Las reglas del discurso se refieren a dos cuestiones básicas: la estructura de los argumentos y el procedimiento del discurso. Lo primero se vincula a la racionalidad del discurso y se distingue de la mera creación del consenso, incluyendo: no contradicción, coherencia entre los predicados utilizados, claridad lingüístico-conceptual, verdad de las premisas empíricas utilizadas, completitud deductiva de los argumentos, consideración de las consecuencias, intercambio de roles, etcétera.[3]

En cuanto al procedimiento del discurso, se trata de garantizar la imparcialidad en la argumentación, bajo las siguientes reglas:

a) Todo hablante puede participar en el discurso
b) Todos pueden cuestionar cualquier aserción
c) Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso
d) Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades
e) Ningún hablante puede ser impedido a través de una coacción dentro o fuera del discurso a ejercer los derechos establecidos en los puntos anteriores[4]

La racionalidad del discurso no crea ningún conflicto con el diálogo racional al que nos hemos estado refiriendo, establece simplemente lo que consideramos como argumentos racionales.

El problema estaría en el procedimiento del discurso, pues el diálogo racional conforma una especie de tutelaje de los intereses de todos que, según Alexy, tendrían que estar garantizados con la participación y aceptación de todos los involucrados, al menos como ejercicio mental que corresponde a los jueces competentes.

La diferencia radica en que nuestra propuesta no concuerda con que sea necesario tal ejercicio de participación y aceptación de todos, porque la dificultad práctica de tal perspectiva haría inviable el procedimiento de discurso.

Si requerimos la participación de todos se vuelve casi imposible el llegar a un acuerdo pues siempre habrá personas que tengan algo más que decir sobre la acción a seguir: el debate se haría eterno. Una perspectiva práctica requiere entonces, no sólo que tal participación sea representada a través de los jueces competentes, sino que muchos de los cuestionamientos sean considerados como inválidos. La discusión deberá centrarse en las consecuencias y acciones alternativas que sean racionalmente más significativas según el criterio de los jueces competentes. Una capacidad de buen juicio, que extraiga las posibilidades más prometedoras, se presupone en una perspectiva de discurso práctico.

En cuanto a la aceptación de todos, de nuevo, esperar hasta que se obtenga un consenso completo, sea real o idealizado, implicaría un grado de precisión y profundidad en el análisis que no cabe suponer sin caer en procedimientos poco prácticos. Siempre habrá personas que no estén de acuerdo con la decisión final. El asunto es que se dé una consideración suficiente de sus intereses y no que se les considere como inviolables.

Alexy sabe que su perspectiva es poco práctica, por ello la plantea como una posición idealizada que, en la realidad, requeriría de un acercamiento paulatino. Es una idea regulativa que tal vez nunca se alcanzará por completo, pero brinda la base para saber hacia dónde dirigirse. Sólo una comunidad ideal de comunicación sería capaz de alcanzar las condiciones del diálogo, en una etapa de la evolución social en la cual ya no habría preponderancia de los intereses económicos y políticos.

El ciudadano común y corriente está poco preparado para tomar parte de las decisiones públicas. Se informa de las cuestiones que le interesan, no de las cuestiones relevantes para cada problema. Sus referentes son los medios masivos de comunicación, por medio de los cuales las mentiras se vuelven verdades y viceversa. El lograr una competencia de medios que garantice una buena información es una tarea casi igual de imposible que la de volver a todos los ciudadanos razonables.

El ciudadano vota en las elecciones, pero entre una elección y otra casi no se le toma en cuenta, pues ha delegado su poder a los representantes. Éstos tienen una idea muy vaga de los intereses de quienes representan, y ante su propia ignorancia, terminan por decidir de acuerdo a su interés personal, incluidas sus perspectivas de continuar realizando un futuro político. Así se crea una estructura de poder piramidal, que poco tiene que ver con lo que el ciudadano realmente necesita.

La democracia es el paraíso de las minorías organizadas, cualquier interés que pueda ser organizado tiene posibilidades de influir en la vida pública. Sin embargo, excepto por pura casualidad, tales minorías no coinciden con los auténticos intereses comunes, que quedan relegados a un segundo plano, sustituidos por la conveniencia del día a día.

¿Cómo tomar en cuenta los intereses de todos? La solución teórica tendría que ser una especie de utilitarismo, en el cual se miden las intensidades de las preferencias sobre los más diversos aspectos. A partir de tales indicadores se podrían derivar las elecciones sociales, diseñar un orden de preferencias social y, de allí, juzgar cada política pública según su influencia sobre tal orden.

Las dificultades técnicas de tal proyecto son evidentes, aún más, las intensidades complican todo el panorama, pues ya no tenemos un referente individual del mismo peso, sino que cada quien se verá afectado en una magnitud diferente, según el tema de que se trate. Así, quienes prefieran el teatro de manera fuerte, tendrán que ser pesados con votos más valiosos que a quienes les sea indiferente. Igual sucederá con quienes valoren mucho los placeres de la vida por sobre la contemplación espiritual.

Todo esto introduce exigencias muy fuertes sobre los juzgadores competentes de los intereses de todos. Así que todo parece resumirse a dos alternativas igualmente trágicas: o bien se recurre a la consulta directa de los intereses de todos, de tal forma que cada vez que alguien esté en desacuerdo con una decisión podrá detener cualquier proyecto público; o bien, se intenta medirlos con jueces externos, cuyos procedimientos serán siempre cuestionables y darán origen a todo tipo de injusticias.

Esto nos lleva a que el papel del juez no consiste en ser un simple representante de los intereses de todos, sino que su importancia radica en su idoneidad, su capacidad de tomar decisiones más atinadas que las de un ciudadano común y corriente, con base en un mayor conocimiento de la situación. A ello se suman otras características deseables, como la de ser más razonable, en el sentido de que en un dado momento puede dejar de lado su propia opinión en beneficio de que se avance en un proyecto colectivo. Esto no equivale a que su opinión se anule, sino que después de una consideración suficiente de los respectivos argumentos y razones, sea susceptible de modificación. Por fin, podemos exigir a los jueces una perspectiva ética, esto es, un interés especial por defender el bien común, que no es típico de la mayoría de los ciudadanos de una democracia real.

Habría que hacer una reconsideración del significado de “los intereses de todos”, puesto que no quiere decir, en este contexto, que se tenga que respetar estrictamente lo que cada quien piensa de una situación, como si sus preferencias estuvieran libres de toda crítica posible. La posibilidad de argumentar sobre cualquier tema es lo que permite dar el salto desde una perspectiva estática de las preferencias hacia una dinámica, en la cual “los intereses de todos” no son algo firme, sino resultado de una argumentación racional.

Entonces, se entiende que tales intereses de todos no están dados, sino que se generan a través de una discusión razonable. Como en tal discusión no pueden intervenir todos, por cuestiones prácticas relativas a la necesidad de alcanzar una mayor profundidad en el análisis y conocimiento de los temas, es necesario recurrir a representantes idóneos que conformarán el verdadero interés colectivo a través del intercambio y modificación de razones.

Pero si no queremos quedarnos en la visión idealizada del diálogo, la cuestión es cómo acercarse a él bajo una situación práctica más o menos común. La respuesta parece estar en una especie de tutelaje como el que hemos supuesto en el diálogo racional, por tanto vale la pena profundizar en sus características. Para ello partimos de los elementos del diálogo razonable a los que nos referimos antes: el procedimiento de discusión, la presencia de jueces éticos y razonables, suficiente información veraz y el deseo de llegar a un acuerdo razonable:

El procedimiento de discusión es posiblemente el elemento más difícil de establecer, pues existen los más diversos modelos para llegar a una toma de decisiones racional. Necesitamos, por tanto, una perspectiva abstracta, para que sea explicable, y al mismo tiempo, que sea suficientemente clara como para garantizar que siempre, o casi siempre, se puede dialogar y llegar a un acuerdo.

No es nuestra intención el resolver un problema tan complejo, sólo se trata de brindar una idea de cómo visualizar el procedimiento.

El punto de partida es el conjunto de los ciudadanos que tendrán que participar en un proceso para obtener representantes que sean idóneos, éticos y razonables. Ello es necesario porque en la práctica no pueden participar todos, y además queremos un procedimiento que ponga énfasis en la capacidad argumentativa, ética y racional de los representantes.

Dado que se requiere la idoneidad correspondiente, según el contenido de la acción pública a analizar, se podría recurrir, por ejemplo, a un examen cuya calificación sería un criterio para definir a los candidatos idóneos. Como el examen no podría ser estrictamente obligatorio, la disposición a examinarse representaría otro criterio de filtraje. Por fin, las capacidades éticas y razonables también son susceptibles de evaluación, requiriéndose en este caso de obtener un mínimo aceptable para ser candidato.

Tal examen de idoneidad podría ser sustituido por el criterio de una comisión dictaminadora que se basará en los documentos probatorios correspondientes por parte de los ciudadanos.

En términos prácticos, se supone un proceso de certificación de candidatos, que serían escogidos separadamente por tipo de acción pública, para luego, de este universo, obtener los representantes por medio del azar, procurando en la medida de lo posible la representación territorial. Los representantes por tipo de acción pública podrían ser nombrados anualmente, para generar mayor movilidad y oportunidad de participación.

Una vez formado el grupo de representantes por tipo de acción pública resultará más fácil el someterlos a un proceso de decisión más deliberativo y argumentativo. Se avanzará en la discusión exclusivamente por medio de razones, cada razón procurará ser lo suficientemente fuerte como para convencer a la totalidad de los representantes. Para ello se dispondrá del tiempo suficiente de deliberación, que permitirá normalmente el surgimiento de tales razones. Las auténticas razones suponen comprensión lingüística y coherencia para conformar argumentos válidos. Suponen también que nadie es tan superior como para tener un acceso privilegiado a la verdad.

En el proceso de avance se tendrán que ir formando argumentos. Se define un argumento simplemente como un conjunto de razones que al unirse permiten llegar a algún tipo de conclusión. Los argumentos no estarán garantizados hasta que no se hayan considerado y analizado todos los cuestionamientos de todos los representantes con la debida seriedad. Por supuesto que esto puede ser lento y cansado, pero es el costo que se debe pagar a cambio de tener decisiones más justas o correctas. El conjunto de los argumentos estará dirigido a descubrir la acción pública o el conjunto de acciones más adecuadas para el caso que se esté analizando.

Se podrán introducir todas aquellas premisas empíricas que el conjunto de participantes considere verdaderas. En este caso, no se requiere del acuerdo de todos, sino de un sustento que sea suficiente según los criterios científicos de los participantes.

El tiempo no será un elemento decisivo. Se puede establecer un tiempo de discusión, pero éste se considerará siempre sujeto a ampliación, si a criterio de los participantes en el diálogo existen posibilidades de avanzar en el acuerdo.

El segundo elemento se refiere a la presencia de jueces éticos y razonables. Sin tales características el diálogo podría no avanzar o avanzar en direcciones que no fueran las correctas o justas. Hay que aceptar entonces el supuesto de que hay gran cantidad de personas que están dispuestas a discutir, despojadas de sus intereses personales, con el único afán de llegar a una solución satisfactoria para el bien común. Otro requisito es que sean razonables, que no tiendan a tener una visión de las cosas muy rígida, sino que estén dispuestos a cambiar su punto de vista si eso fuera lo correcto en una dada circunstancia.

El que estas personas existan tal vez no sea la cuestión a discutir, pues es razonable suponer que estarían disponibles; el problema sería garantizar que efectivamente estén presentes en el diálogo. Hay que aceptar la posibilidad de que los controles fallen, y algunos o muchos de los representantes carezcan de las cualidades éticas y razonables que se requieren. La presencia de por lo menos algunos jueces éticos y razonables seguirá siendo una buena garantía de que no se llevarán a cabo decisiones injustas. Lo que puede suceder es que las personas interesadas bloqueen el diálogo y no se pueda llegar a una conclusión. Por tanto, es posible que las discusiones lleguen con cierta frecuencia a callejones sin salida debido a la existencia de jueces no aptos.

El tercer elemento es la suficiente información veraz. Por supuesto que la necesidad de información variará considerablemente de decisión en decisión, pero es un hecho que se requerirá normalmente de algunas pruebas empíricas para avanzar en la discusión. Sin este elemento sustancial, la discusión posiblemente se convertiría en un diálogo de sordos, así que no se puede soslayar la importancia de las pruebas que se tengan a favor de determinados resultados. La veracidad será garantizada por el tipo de pruebas que se consideran normalmente válidas, según el avance de la ciencia.

Un detalle que no se puede olvidar aquí es que la información se puede presentar de forma estratégica, sin mentir de manera directa, pero apoyando un punto de vista particular en forma velada al no pesar adecuadamente las pruebas en contra. Esto debe ser celosamente vigilado por los representantes del diálogo para impedir una tergiversación de la información que dé lugar a resultados incorrectos o injustos.

El último elemento radica en el deseo de llegar a un acuerdo razonable. La existencia de tal motivo no se pone en duda aquí, pues hay muchas personas normalmente interesadas en que los acuerdos sean cada vez mejores. El problema es si el motivo domina o no de manera suficiente.

Si tal motivo no dominara se daría como consecuencia la apatía o la tendencia a favorecer ciertos resultados convenientes para las autoridades. La conveniencia vendrá normalmente de motivos políticos o económicos. De poco valdrían todas nuestras precauciones anteriores si dominan tales elementos en la práctica.

La verdad es que los sistemas políticos y económicos dominantes de nuestra época tienden a favorecer otros motivos por sobre el acuerdo razonable. De allí la necesidad de fortalecerlo por medio de la educación de las masas, es importante una educación que centre su interés en aspectos éticos, autónomos e imparciales, por sobre los aspectos de interés personal y estratégico. Pero también se educa a través del ejemplo, así que es necesario que se transmita un espíritu moral y cívico en todas nuestras instituciones, lo cual aumentará la confianza que nos tenemos unos a otros y hará más viable la perspectiva ética que aquí proponemos.

Es conveniente presentar un ejemplo para que se aprecie mejor la estructura que tendría un diálogo como el que se propone. Por supuesto que el ejemplo será muy simple, pues sólo se trata de mostrar la estructura general de la discusión y no de analizar todos los detalles y posibles giros en que podría incurrir un diálogo práctico. El ejemplo se refiere a la construcción de una represa que puede poner especies en peligro:

Moderador: ¿Alguien tiene alguna razón a favor o en contra de que se construya la represa?
Individuo A: Es bueno que se construya la represa porque así se dispondrá de energía eléctrica que hace mucha falta en nuestras ciudades.
Moderador: Es una razón aceptable, ¿nadie la pone en cuestionamiento?
Silencio.
Moderador: ¿Alguien tiene alguna otra razón a favor o en contra de que se construya la represa?
Ecologista: Yo pienso que se dañarán muchas especies. No tenemos derecho a abusar así de la naturaleza.
Moderador: Es una razón aceptable, ¿nadie la pone en cuestionamiento?
Silencio
Moderador: ¿Alguien tiene alguna otra razón a favor o en contra de que se construya la represa?
Silencio
Moderador: Entonces debemos pesar la fuerza de las dos razones que se han dado, una a favor y otra en contra. ¿Quién desea proceder?
Individuo B: Los beneficios superan con creces los costos. Revisen este estudio que les presento en el cual se evalúa el proyecto.
Ecologista: No estoy de acuerdo con los resultados del estudio. No se tomaron en cuenta con la debida fuerza los daños a la ecología; según yo, los daños superan a los beneficios, o por lo menos hay riesgos suficientes para dudar.
Moderador: Sugiero que se vuelvan a pesar los beneficios y costos tomando en cuenta lo que dice Ecologista, para lo cual se dispondrá de 15 días de plazo. ¿Alguien en desacuerdo?
Silencio.

15 días después....

Moderador: Tenemos el nuevo estudio, en que se evalúan de nuevo los beneficios y costos tomando en cuenta las aportaciones de Ecologista y de otros miembros de este comité. La conclusión del estudio es que conviene que se construya la represa. ¿Alguien en desacuerdo?
Ecologista: Aún tengo mis dudas, pero en vista de que se han tomado en cuenta de forma respetuosa mis opiniones, estoy dispuesto a aceptar los resultados del estudio.

El estudio al que se recurrió podría estar algo cargado a favor de la construcción de la represa, porque hay intereses económicos y políticos que lo influyen. En tal caso se supondría que habría individuos competentes en el diálogo que harían ver el error y exigirían una acción pública más centrada:

Individuo C: No estoy seguro respecto a que el estudio brinde una perspectiva imparcial del asunto. Podría estar influido por intereses económicos y políticos ocultos.
Ecologista: Concuerdo en ello, no hay aún seguridad de que no habrá un daño ecológico desmedido, en relación a los beneficios.
Individuo D: Sugiero que se apliquen medidas correctivas, de tal manera que los daños ecológicos sean compensados con acciones positivas y así los daños definitivos sean minimizados, o incluso compensados completamente.
Individuo E: Puede ser difícil el realizar una compensación completa de los daños ecológicos, pero pareciera que los beneficios de la represa son suficientes como para cubrir los costos de una compensación suficiente.
Ecologista: Aún así no estoy del todo convencido.

Parece que la discusión ha retrocedido, pues ahora Ecologista se encuentra de nuevo insatisfecho con los resultados. Pero aquí puede venir una tercera etapa de convencimiento basada en la razonable apertura de Ecologista.

Moderador: No hemos llegado a una solución definitiva. ¿Hay alguna sugerencia adicional?
Individuo F: Yo le solicito a Ecologista que reconsidere su posición, pues se han hecho todos los esfuerzos posibles por tomar en cuenta su punto de vista, creo que en su calidad de juez razonable, se le puede pedir que sea más imparcial y evalúe los resultados de forma más centrada. Él es el único que no ha sido convencido, y por ello se está convirtiendo en el obstáculo para continuar con la acción pública.
Ecologista: Creo que ustedes están en lo correcto. Han permitido que yo modifique la solución final y han garantizado una compensación de los efectos ecológicos dañinos. En mi calidad de juez razonable, estoy dispuesto a ceder en mi posición y apoyar la construcción de la represa.
Moderador: Entonces podemos concluir finalmente que se recomienda construir la represa, brindando una garantía suficiente de compensación de los efectos ecológicos dañinos.

Por supuesto que Ecologista podría continuar insistiendo hasta el infinito, pero aquí es donde actúa nuestro supuesto de jueces éticos y razonables, que no tienen opiniones tan “duras” como para no ceder ante la evidencia suficiente. Aquí no se trata de evaluar preferencias definidas de antemano, como en la teoría de los juegos, sino de tener la disposición para dialogar y cambiar los puntos de vista a partir de una discusión razonable. Este diálogo tendría un resultado diferente si se estuviera afectando la libertad religiosa o sexual de Ecologista, pues en tal caso se trataría de aspectos de su vida que son demasiado fundamentales como para poder ser pasados por alto. En el caso del diálogo que nos ocupa, el papel de Ecologista era el de defender su punto de vista y provocar el cambio de la acción pública en una medida suficiente, puesto que lo ha logrado, no es conveniente que continúe resistiendo.

Hay que considerar la posibilidad práctica de que los representantes éticos y razonables sean la minoría, mientras la mayoría conserva opiniones “duras”, que no puede abandonar tan fácilmente. Esta situación es interesante porque los auténticos representantes éticos y razonables serán también difíciles de convencer a favor de seguir una política que no esté de acuerdo con el bien público. Así, aunque quienes busquen la corrección sean una minoría, pueden llegar a tener un peso específico muy fuerte, puesto que sólo serán convencidos a través de razones imparciales. El resultado previsible es que bastaría con que algunos de los jueces fueran éticos y razonables para introducir una mayor calidad en las decisiones colectivas.

Llamemos al grupo ético como grupo A, y al grupo que intenta llevar adelante una política colectiva interesada como grupo B.

El grupo B tratará de introducir razones estratégicas para convencer al grupo A, por ejemplo, un argumento de ventaja general en que el posible beneficio de todos es una razón para continuar adelante con una política que puede causar efectos de desigualdad en el sistema como un todo. Supongamos que se trata de una política nacional de empleo, con la cual se incrementará la productividad y se ampliarán las oportunidades, a costa de que algunos quedaran posiblemente muy rezagados por no poder adecuarse a las condiciones de la modernidad.

Los miembros del grupo A manifiestan de nuevo sus reservas, no están convencidos de que el resultado final sea positivo, pues el reparto desigual de los beneficios dejará a muchos ciudadanos en una situación relativamente más difícil, aun suponiendo que el efecto sea positivo para cada uno de ellos por separado. El grupo A prefiere apoyar políticas más seguras, en el sentido de que se repartan los beneficios en forma más equitativa, sus miembros están dispuestos a aceptar desigualdades, pero no que ellas sean tan fuertes como las que se derivarían de la política nacional de empleo.

El grupo B insiste en los méritos técnicos de la razón que ha dado: garantizaría el progreso absoluto de todos los ciudadanos y no es lógico detener al progreso si va en beneficio de todos. El grupo A insiste en que una auténtica razón tiene que ser compartida, si existen representantes para los cuales los resultados son sospechosos, después de haber analizado todas las evidencias, su resistencia está justificada plenamente.

El grupo B, por fin, recurre al mismo recurso que se aplicó en el caso de la resistencia de Ecologista: los miembros del grupo A se han convertido en un obstáculo contra la acción pública que se quiere emprender, se les han dado todas las garantías y consideraciones posibles y aun así no quieren ceder; se les puede declarar como irrazonables si no cambian su punto de vista. Pero el grupo A no se deja convencer por estas razones últimas, pues siente que representa un punto de vista ético fuerte, que defiende una mayor equidad en la repartición de los beneficios del progreso. Son en efecto un obstáculo, pero éste se ancla en una perspectiva ética profunda.

Tal vez lo que está en juego aquí es qué vamos a entender por una buena razón, puesto que las buenas razones son como la llave mágica que permite abrir las puertas y avanzar en la discusión. Es probablemente cierto que no se puede dar una definición contundente de lo que distingue el caso de Ecologista del caso de los grupos A y B.

Así resulta claro en nuestro ejemplo que algunas razones son aceptables, pero no por ello son buenas. Existen razones que permiten interactuar con los otros y continuar con el debate, pero lo que lo hace realmente avanzar son nada más las buenas razones. Para un filósofo como Ayer, esta distinción no tiene sentido, no hay forma de acceder a una esfera intuitiva que pueda calificar una razón como buena o como mala de forma intersubjetiva. Para Moore es todo lo contrario: hay intuiciones naturales de lo bueno que no dejan lugar a ningún tipo de cuestionamiento y cualquier intento de definirlas está condenado al fracaso.

Un criterio aproximado de buena razón radica en que sea posible de compartir por todos los representantes, en el sentido de que recurra a elementos de interés común que no sean fácilmente objetables. El grupo B puede no aceptar las razones del grupo A, pero el rechazo no se funda en un interés colectivo que se pueda compartir; la insistencia del grupo B por seguir con su política es lo que aparece como irrazonable, no la resistencia del grupo A que se funda en razones éticas profundas.

Las buenas razones tienen esa capacidad de ingresar a nuestras conciencias y ponerlas sobre aviso de que una acción que se está emprendiendo puede ser beneficiosa o dañina. Requieren comprender las consecuencias con claridad, pero también una profunda reflexión acerca de los valores que se están afectando. Esos valores tienen que ser lo suficientemente compartidos como para que la razón pueda prosperar.

Así, cuando se me pregunta por qué defiendo una dada posición, yo puedo contestar que el cielo es azul o que simplemente es mi derecho el estar en desacuerdo. Éstas son precisamente el tipo de razones que no pueden formar parte del acuerdo público. Nuestro enfoque saca provecho de esta distinción para dar origen a un diálogo público fructífero.

No en todos los casos reales se puede obtener una solución definitiva. Aquí es donde la posibilidad de realizar una votación puede resultar atractiva, como un último recurso, una vez que se han considerado todos los aspectos del problema y se ha dado una argumentación suficiente. Pero en esta perspectiva queda claro que se debe buscar una mayor inclusividad, esto es, que la regla de decisión sea de mayoría calificada para que se consideren con mayor seriedad los intereses de los que no estén de acuerdo con la decisión.

Esto último se puede argumentar en términos más técnicos. Los costos de tomar una decisión afectan a la totalidad de los ciudadanos involucrados, mientras los costos de convencer a un representante sólo se aplican sobre tal representante. Normalmente podremos suponer que los costos de tomar la decisión serán superiores a los costos de convencimiento, de allí que se infiera que una mayor inclusividad en la regla de decisión es lo más recomendable, ya que con ello se tiende a minimizar los costos totales.

¿En qué espacios de la vida pública puede ser esto aplicable? La democracia supone cierta discusión sobre los asuntos, pero en definitiva lo que impera es la votación mayoritaria. Es un hecho que muchas veces los votos no son para nada razonados o responden simplemente al interés específico de quien vota.

Esto puede ser mejorado en sí mismo, incentivando las características razonables de los legisladores; dando mayor tiempo para los debates, permitiendo numerosas correcciones a los proyectos de ley para adecuarlos a una mayor inclusividad antes de ser votados, etcétera. Al fin, la idea no es sustituir completamente el proceso democrático por un sistema de tutelaje, sino introducir un mayor grado de razonabilidad en la elección social, sin tener que cambiar de forma drástica el sistema al que estamos acostumbrados.

Las comisiones legislativas son el lugar adecuado para introducir el diálogo razonable, pues allí hay más espacio para introducir a los representantes o jueces idóneos y aplicar los procesos de discusión que hemos descrito aquí. El mismo hecho de que la aprobación definitiva de la acción pública será en la Cámara de Diputados o Senadores, brinda la posibilidad de estar más abiertos a una discusión franca dentro de las comisiones.

Otro espacio prometedor es el de la consulta pública para la realización de las políticas gubernamentales. Las diferentes dependencias de gobierno podrían abrir procesos de diálogo para definir las mejores acciones a realizar, desde la construcción de cualquier obra pública hasta la discusión del mismo programa de trabajo institucional. De nuevo, la presencia de representantes idóneos permitirá una mayor inclusividad y razonabilidad en la toma de decisiones.

En conclusión, rescatar la idea de jueces o representantes que sean capaces de argumentar de manera seria sobre el bien público no resulta una idea absurda; por el contrario, parece ser la solución adecuada a las fallas de la democracia real, con su ciudadano irresponsable, mal informado, poco comprometido con la acción pública y siempre dispuesto a defender sus intereses personales por sobre todo lo demás. Lo que está en juego es la misma recuperación de un alto sentido ético en nuestras decisiones públicas.

[1] Wornock, Mary, Ética contemporánea, Edit. Labor, Barcelona, 1968, pp. 77-80.
[2] Habermas, Jürgen, Conciencia moral y acción comunicativa, Edit. Península, Barcelona, 1996, pp. 85-86.
[3] Alexy, Robert, El concepto y la validez del derecho, Edit. Gedisa, Barcelona, 1997, pág. 137.
[4] Ibidem, pp. 137-138.
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