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IGUALDAD COMPLEJA Y LÍMITES DEL PLURALISMO

21 Avr 2012 - 16:50:47
Los liberales creen que sí, pues no ven o no quieren ver otras alternativas. Pero al afinar la mirada surgen las dudas. En realidad, no basta con que el Estado defienda modos de vida diversos, sino que tiene que proteger y apoyar a los modos de vida que se consideran más adecuados. Además, no se entiende por qué se tienen que proteger prácticas que pueden ser dañinas, tanto para los ciudadanos, como para nuestra vida social como un todo. Hay que realizar acciones positivas a favor de los comportamientos que se consideran más adecuados, hay que apoyarlos como se apoya a las industrias o empresas más prometedoras.

El estudio de los conceptos de libertad y de igualdad sugiere que el Estado liberal está comprometido con la libertad, pero no tanto, o casi nada, con la igualdad, puesto que no se puede dar mucho contenido a la igualdad sin que se caiga el edificio de las libertades (porque la igualdad socava la libertad). Ahora bien ¿quién puede decirnos hasta donde debe llegar nuestro compromiso en una realidad concreta?

Puesto que no hay una sola igualdad que cubra a las demás y tampoco se pueden generar igualdades concretas sin crear conflictos entre las muchas igualdades, parece que el truco para resolver el rompecabezas radica en equilibrar las igualdades entre sí.[67] Pero aquí surge un nuevo problema pues para diseñar los principios de justicia que gobiernen este proceso no se puede partir sólo de las prácticas sociales, éstas pueden fijar el contenido material de la discusión pero no nos pueden llevar más allá.

La naturaleza concreta conlleva contenidos necesarios, funciones de dependencia entre variables diversas que favorecen unos resultados respecto a otros, por tanto, tenemos la obligación moral de intervenir pues si dejamos que las fuerzas naturales actúen por sí mismas unos modos de vida no sobrevivirán respecto a otros y se atacará lo que es más básico para muchos individuos. Por ejemplo, la concentración del ingreso permitirá que los empresarios tengan más poder para decidir cuestiones fiscales en su favor o para dominar el escenario político, promoverán la libre empresa en beneficio propio, sin importar qué tanto afecte ello a los ciudadanos, dañarán a las mujeres, dañarán a los que no tienen acceso a una buena educación, dañarán a los consumidores e incluso a los electores puesto que no se podrá formar una opinión pública informada y capaz, sino una dependiente y sumisa. En suma, sería falso que la diversidad garantiza la autonomía de las personas, pues los que se queden rezagados no podrán disfrutar de sus libertades ni llevar un plan de vida digno.

Se adivina fácilmente que una vez definidos los principios de justicia necesarios para impedir estos abusos se tendrá como resultado un Estado fuertemente interventor, contrariamente a lo que postulan y defienden con tanto ahínco los liberales.

¿De donde se van a sacar entonces los principios de justicia? ¿cómo garantizar la suficiente participación social en la toma de decisiones sin recurrir al pluralismo, o al menos, sin sólo basarse en él?

Éstas son nuestras preguntas clave, ante las cuales, notamos con asombro, ninguna de nuestras teorías políticas responde con suficiente fuerza. Los teóricos actúan como si estas interrogantes ya hubieran sido contestadas o no tuvieran importancia, aunque más bien lo que pasa es que los autores están tan involucrados en sus propias discusiones que olvidan lo fundamental o lo dejan siempre para otro día.

1. Estado neutral y Estado interventor.

Se atribuye al liberalismo, y en particular a la teoría democrática liberal, el sostener que es deseable el pluralismo social, de tal manera que las diversas visiones del bien que existen en una comunidad, así como las diferentes asociaciones privadas y públicas, generan una especie de equilibrio de poder que impide la existencia de un poder tiránico, que controle a los demás. Si la ambición de unos y otros es contrabalanceada, será posible vivir en una sociedad más libre y justa, bloqueando al poder despótico. Puesto que el mantener tal equilibrio de poder es la meta principal de nuestros sistemas democráticos, se tiene como consecuencia la proposición de que esta diversidad no sólo debe ser mantenida, sino protegida por el Estado, dando origen a la idea de Estado neutral.

El Estado neutral se define como aquél que trata de mantener un equilibrio entre las diferentes visiones del bien y diversas asociaciones de la sociedad, para ello no debe utilizar esquemas que favorezcan ciertas ideas respecto a otras, sino garantizar la libertad de cada individuo y cada asociación para llevar a cabo sus objetivos particulares. Esto significa, para concretizar, que el Estado puede brindar facilidades, en particular facilidades fiscales, a todas las asociaciones posibles, de tal manera que puedan desarrollarse de manera armónica conforme van surgiendo en la sociedad civil. En esta perspectiva el Estado no debe, en ningún momento, definir lo que considera bueno o malo de cada asociación, ni declararse en favor de determinadas posiciones, sino simplemente facilitar el desarrollo de las perspectivas que surgen por sí mismas en la sociedad civil, pues en ella recae el papel de definir las diversas visiones existentes.[68]

Por otra parte, y en concordancia, el Estado debe mantener las libertades políticas básicas para hacer posible este universo pluralista, entre ellas debemos contar con: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movimiento y la libertad de conciencia en general.[69]

Lamentablemente, pese a las buenas intenciones en que se puede fundar todo esto, su aplicación práctica puede ser complicada, por ello hay algunas apreciaciones que se pueden esgrimir en contra del Estado neutral.

Primero que nada, no es válido el argumento de que todo tipo de asociación es buena para el desarrollo liberal y democrático, puede haber asociaciones que son claramente elitistas, antiliberales e incluso racistas, de hecho ellas existen en gran cantidad en países diversos, incluso en los Estados Unidos. No se entiende por qué el Estado debería apoyarlas a todas por igual, siendo que algunas van en contra de los principios de la justicia liberal. En este sentido el argumento es no sólo irreal, sino hipócrita, porque de hecho, cuando alguna asociación pone en peligro el edificio de las libertades es natural que el Estado intervenga para detener su avance. Al fin, todo gobierno en funciones tiene una idea, aunque sea muy general, de lo que son las asociaciones buenas o malas y es natural que tienda a favorecer aquellas que van más de acuerdo con dichos ideales, en este sentido el Estado neutral sólo está en la mente de los teóricos liberales, difícilmente existe en la realidad concreta.

En todo caso, por tanto, el compromiso de neutralidad es relativo a la visión del bien que tenga el gobierno actual. Ahora bien, si en el fondo lo que los liberales quieren decir es que no debe existir una idea perfeccionista del bien común en el Estado, en el sentido de que aplaste a las otras visiones posibles, más vale que lo digan así y no que nos quieran engañar con la retórica de la neutralidad, pues ello sólo nos lleva a la confusión. Entonces, el ideal de la neutralidad se reduce en la práctica a la negación de que el Estado en funciones es el que tiene la única visión del bien válida.

Ahora bien, ya aclarada la confusión: ¿cómo podría un Estado controlar sus propios excesos, de tal manera que sobrevivan otras visiones del bien y además crezcan y se fortalezcan?

Estamos hablando de un Estado relativamente neutral, que apoya la diversidad social. Ya instalados en este contexto surgen nuevas dificultades, puesto que los recursos son limitados, no sólo desde el punto de vista puramente monetario, sino en cuanto a que todo recurso se encuentra acotado, además de que no tiene la misma calidad. Por ejemplo, los espacios de los medios de comunicación social, fundamentales en la vida moderna para poder llevar adelante los proyectos de cada quien y hacerlos merecedores de la atención de la ciudadanía, se encuentran limitados en tamaño y calidad, de tal manera que lograr una igualdad de oportunidades para cada visión del bien resulta una tarea formidable. Otro ejemplo: si en una asamblea o congreso estamos de acuerdo en que todos los puntos de vista deben ser oídos, analizados y considerados, si tratamos de realizar tal tarea y llevarla a sus últimas consecuencias, resulta que la asamblea nunca terminará, nunca llegará a una conclusión definitiva.

Por tanto todo esto requiere de juicios prácticos, si dejamos tales procedimientos a la sociedad civil resultará más una anarquía que algo provechoso y si los dejamos al Estado, éste deberá tomar decisiones por nosotros, las cuales, necesariamente, en la vida real, tendrán que resultar en compromisos concretos que no podrán mantener la neutralidad. Uno se puede imaginar, por ejemplo, un procedimiento basado en el azar, en el cual los intereses de cada posición son tomados por igual, pero ello resulta generalmente impracticable y la prueba más palpable de ello es que de hecho no hacemos estas cosas en la realidad, sino que se trata sólo de imágenes ideales utilizadas por los teóricos.[70]

Así, sólo parecen quedar dos posibilidades reales, o el Estado se mancha las manos y renuncia definitivamente a la neutralidad, o bien, se deja todo a la sociedad civil y el resultado terminará siendo caótico, más que algo provechoso.

En definitiva hemos decidido que haya instituciones gubernamentales, judiciales y legislativas para que nos ayuden contra el desorden, el renunciar a tales capacidades no nos podría llevar a nada bueno, así que debemos concluir que normalmente el Estado tiene que mancharse las manos.

La siguiente cuestión sería establecer una serie de contrapesos a la acción estatal para evitar que a éste, por así decirlo, se le vaya la mano, pues al fin tratará de seguir los intereses que le son más favorables. Se puede recurrir a la constitución, que puede y debe establecer límites a la acción estatal. No obstante, también este control tiene sus límites, pues se funda en unas cuantas ideas sobre la dignidad de la persona y su derecho a tener una esfera propia de acción, en definitiva y a riesgo de ser muy esquemático, todo esto se basa generalmente en principios cristianos, en una vaga teoría del derecho natural, en una ética fundada en la felicidad y en la experiencia histórica acumulada de multitud de decisiones judiciales, no se puede llegar demasiado lejos con esto, aunque claro está, no se niega que tal perspectiva sea útil para controlar los extremos y definir las bases de acuerdo.

Garantizados los extremos, esto es, el riesgo de las tiranías, lo que sigue es tratar de estirar un poco más los contrapesos. Aquí lo que se recomienda es la revisión judicial, con cortes que funcionen y sean independientes del control político, así como la posibilidad de someter a revisión todas las leyes y reglamentos que se expidan, lo cual incluye el derecho de todo ciudadano a oponerse a aquellas acciones que no respetan sus derechos básicos, así como la verificación de que se sigan los procedimientos legalmente adecuados para cada acción y decisión. Las labores de revisión judicial son muy importantes en las sociedades modernas, pues hemos permitido que se gobierne de manera muy libre, por medio de decretos, acuerdos y reglamentos, que al ser muy específicos se convierten en órdenes imperativas que es necesario controlar.

Todo esto está sujeto a limitaciones prácticas sustantivas, como queda de manifiesto cuando las cortes o jueces toman decisiones que no parecen apegadas a derecho sino a intereses específicos, pero tampoco se pueden ampliar los contrapesos a tal grado que inmovilicen la acción gubernamental.

En conclusión, la vía del Estado neutral no nos puede llevar muy lejos, por ello se deben plantear otros posibles rumbos de acción, los que a su vez, pareciera implican desviarse de la visión pluralista de la sociedad, inclusive, desviarse del mismo liberalismo tal y como es entendido usualmente.

2. La igualdad compleja y la justicia.

Supongamos entonces que es posible construir una estructura basada en la justicia social, que sobrevuele, por así decirlo, por sobre el Estado, sin que al mismo tiempo lo anule. Esto es, partimos de que nuestras intuiciones sobre la política y la moral nos indican que el liberalismo no es suficiente y que se requiere de ingredientes igualitarios y democráticos para construir una sociedad más justa. La idea es que, sin cancelar el progreso económico y social, se pueda alcanzar un desarrollo más armónico, sabiendo de antemano que ni la competencia económica, ni la política, pueden librarnos de los abusos de poder dadas sus limitaciones prácticas, al menos al nivel de nuestras actuales posibilidades técnicas y en el contexto de la sociedad moderna.

¿Cómo deberíamos entonces proceder?. Parece que la idea de igualdad compleja es la que puede sacarnos del apuro. La idea original se la debemos a Michael Walzer, con sus esferas de la justicia, no obstante, las críticas a la visión que éste planteaba mostraron que había algunas contradicciones en su razonamiento, particularmente en el sentido de que su enfoque exige el respeto a las ideas de justicia que tiene cada comunidad. Parece que para enfrentar la contradicción hay que romper con la idea de pluralismo social, pues lo que se requiere es una sociedad que pueda analizar de forma más o menos profunda las consecuencias de los diferentes principios que la pueden guiar, lo cual no parece posible si está muy dividida.

Se requieren, por tanto, principios razonables para la política pública, los cuales surgen del diálogo social razonable, no de las visiones del bien específicas de cada uno. Se parte entonces de que es posible separarse de los intereses personales egoístas y construir una ética social y pública que pueda controlar los excesos y al mismo tiempo guiarnos por un mejor camino de armonía. Dicho sea de paso, en el nivel del Estado como un todo, esto significa que él mismo debe controlar sus excesos tomando en cuenta perspectivas imparciales.

John Rawls supone que este proceso se da de manera más o menos automática dentro de una sociedad moderna, remite a una cuestión de hecho la existencia de pluralismo y supone que existirán los espacios de debate público que permitirán a los ciudadanos dialogar para conformar una idea comprensiva del bien público. Esto parece a todas luces insuficiente, pues el pluralismo cancela prácticamente toda posibilidad de un acuerdo suficientemente amplio. Pero a Rawls esto no le preocupa mucho, pues lo que le interesa es la congruencia lógica de su posición teórica y no las consecuencias que pueda traer sobre la práctica social.

La idea de igualdad compleja se reduce, por tanto, a un sistema de compromisos entre diversas opciones, los cuales se establecen por diálogo público, la cuestión central radica en si se pueden alcanzar los suficientes acuerdos como para que la visión social alcanzada no sea tan amplia que no nos dé resultados concretos practicables, ni tan concreta, que no deje lugar para la libertad individual y asociativa. Se trata de establecer los pesos y contrapesos adecuados para que sea factible el mantener una igualdad básica, sin al mismo tiempo encapsular a la sociedad a tal grado que se cancele la cooperación social.

Un ejemplo de visión muy amplia es la teoría de la justicia de Rawls, a pesar de que hay un compromiso moral con los grupos más desfavorecidos, no hay manera de especificarlo suficientemente en su teoría, faltan los mecanismos específicos que hagan viable al principio de diferencia, el cual se supone norma toda la política pública. Rawls argumenta que no es posible avanzar hacia una mayor especificidad sin que se caiga el edificio de las libertades, pues si pedimos más seguridad para los excluidos la respuesta será el rompimiento del pacto social.

Pero, a su vez, sin una mayor concreción el principio de diferencia se vuelve vacío, una regla formal que no tiene contrapartida práctica clara, entonces, si bien Rawls tiene cierta razón en afirmar que no se puede deducir un principio de diferencia más concreto, que sea válido para todo tiempo y lugar, la moral pública exige algo más que esto para proteger a los excluidos del sistema, de otro modo caemos en lo mismo de siempre: los excluidos continuarán existiendo y no habrá ninguna manera de justificarlos moralmente. De hecho, un liberalismo consecuente tendría que concluir que los excluidos son un mal necesario, derivado de la mala suerte de algunos en la lotería genética, de algún fenómeno natural o social incontrolable, o de una combinación entre ambas cosas.

El verdadero problema es que los excluidos no pueden hacer valer sus derechos de manera completa, puesto que se encuentran en situación de marginación y desventaja en las diversas esferas, además, en la realidad no conforman un conjunto arbitrario de ciudadanos, sino que generalmente comparten ciertas características de raza, sexo, etnia, origen social, espacialidad, etc., de tal manera que sus desventajas son en parte producto social, no sólo resultado de alguna desventaja natural. Lo que es más, aunque se pudiera demostrar que sufren de alguna desventaja natural, todavía quedaría en el aire la pregunta ética de si es o no justificable su abandono.

En todo caso, se puede ver fácilmente que la diversidad de los individuos no hace creíble la tesis de que la exclusión sea una cuestión de suerte o de alguna desventaja que, por así decirlo, afecta a todas las esferas del individuo. Como bien dice Walzer, por aquí tenemos un músico excelente que no tiene aptitud política, por allá un artesano que no tiene capacidad para las matemáticas, por acá un profesor excelente que no sabe administrar un negocio, por tanto, la misma diversidad social y la especialización deberían hacer factible que los diferentes individuos tuvieran su respectivo valor en las funciones sociales que realizan, nada apunta en el sentido de una desventaja natural evidente, de nuevo, ello es sólo una forma de justificación para la oscura conciencia de aquellos a quienes les conviene mantener el sistema actual, se trata de una especie de mito que utilizan los ricos para justificarse ante los pobres.

Por tanto, es una exigencia moral el apoyar a los excluidos, aunque sólo sea por darles el beneficio de la duda, la siguiente cuestión es encontrar la mejor manera de ayudarlos.

Se trata del problema de reducir las desigualdades, para ello tenemos que crear más igualdades. Ahora bien, no se discute aquí el asunto de las libertades básicas, que podemos dar por entendido que deben ser iguales para todos y además han sido ya suficientemente estudiadas por otros autores. El problema está en ampliar las libertades más allá de esto para que efectivamente sean útiles a los individuos y los grupos sociales.

Para discutir si la visión hacia la que nos dirigimos no llegaría a ser tan específica que cancelara la libertad, debemos ir por partes.

3. ¿Es posible especificar suficientemente el esquema de la igualdad compleja?

En cuanto a los criterios de igualdad, el criterio de reparto igual entre todos es el principio de los sistemas legales que establecen leyes iguales y la igualdad ante la ley. Esto se relaciona con el principio de universalización kantiano, permitiendo eliminar todas aquellas normas que preferimos sean aplicadas a nosotros pero no a los demás, especialmente en el llamado ámbito de la reciprocidad. Esto puede sonar trivial, pero es lo que nos distingue de una sociedad nazista o estamental.

El segundo criterio sería el aristotélico: reparto igual entre iguales y desigual entre desiguales. Ya no decimos a todos lo mismo, sino a cada igual lo mismo, pero ahora la cuestión es ¿qué igualdad es la relevante?. Esto es, según sostiene Sartori, como abrir la caja de Pandora.[71] Por ejemplo, tendremos que las diferencias relevantes de raza o sexo deberían gozar de beneficios desiguales, y consecuentemente, las cargas desiguales recaerían sobre los grupos que no son racial o sexualmente relevantes. El problema no sólo estriba en que hay que definir los grupos adecuados, sino también, y seguramente lo más importante, debemos preguntarnos por qué esas diferencias y no otras tienen que considerarse las relevantes: ¿por qué sacrificar la eficiencia en función de la discriminación de sexo o raza? ¿por qué sacrificar necesidad por eficiencia?. Aún aceptando la necesidad de los sacrificios ¿hasta donde hay que llegar con ellos?

El criterio de participación proporcional según las diferencias relevantes puede servir para la imposición fiscal, pues no tendría sentido cobrar el mismo impuesto al pobre que al rico, pero también puede servir para una sociedad de castas, por lo que es un criterio que poco nos dice sobre el tipo de sociedad en que se aplica.

Otros criterio es el de proporcionalidad a las necesidades, si las necesidades se estiman básicas habría que ver cuáles son las condiciones mínimas relevantes, pero entonces a lo mejor ya no estamos luchando contra la desigualdad, sino contra las condiciones de retraso extremo, ahora, si damos un contenido muy amplio a las necesidades se impondrá un grueso fardo sobre los hombros del sector público y se incrementará la arbitrariedad.

Como muy bien dice Sartori: “el trato igual no conduce a iguales resultados, y al revés, los resultados iguales exigen un trato desigual. Lisa y llanamente, la alternativa es: Para llegar a ser iguales (en el resultado) debemos ser tratados desigualmente”.[72]

Así la adopción del criterio aristotélico permitirá y legitimará en nombre de la igualdad todo tipo de arbitrariedad y de parcialidad en el trato. Según Sartori, más allá de la igualdad de acceso, las políticas tendientes a la igualación son en gran medida políticas de redistribución y fundamentalmente de expropiación. Por lo tanto, el exceso en el trato desigual puede más provocar una guerra de todos contra todos que satisfacer las demandas igualitarias. Si cada igualdad se logra a costa de generar otras desigualdades nos estamos metiendo en un círculo vicioso. Esto es válido especialmente para los tipos de igualdad todavía incipientes o inexistentes.

Cabe entonces argumentar que tal vez haya alguna igualdad superior a las demás, de modo que por medio de ella podemos atacar directamente las desigualdades. Dos buenos candidatos son el dinero y la propiedad. No cabe duda de que la redistribución pura y simple del ingreso puede ser una buena vía para atacar la exclusión, aunque claro, habrá gran resistencia de quienes detentan el poder político y se requerirá una constante intervención en el sistema (si bien estas objeciones pueden ser eventualmente superables). La igualdad en la propiedad no es una opción, pues significa en la práctica una intromisión inaceptable en nuestra libertad, además, al cancelar la desigualdad material, la desigualdad política ocupará su lugar, pues para mantener un sistema socialista, lo muestra la práctica, el Estado tiene que ser demasiado fuerte.

Una segunda tesis va en el sentido de que sumando una serie de igualdades podemos obtener una mayor igualdad, lamentablemente esto no se sostiene, pues unas igualdades compiten con otras. Por ejemplo, en la medida en que se me da igualdad completa para ingresar a la educación superior, entonces se genera desigualdad en el trato al mérito y al esfuerzo. Defender una igualdad implica desigualdades en otros niveles, si quiero una mayor igualdad con respecto al género, entonces de hecho tengo que discriminar en contra de los hombres, negándoles derechos que pueden ser justos desde otras perspectivas, pues debo realizar correcciones en la asignación natural para favorecer a las mujeres (resultados iguales exigen tratamientos desiguales). En correspondencia, el tratamiento igual a los sexos para el acceso al mercado de trabajo, esto es, evitar que el criterio de sexo sea relevante para la toma de decisiones, seguramente irá en perjuicio de los resultados que las mujeres puedan obtener, pues las condiciones sociales y tal vez incluso las naturales, las ponen en desventaja.

Por último queda la opción de Walzer: elaborar un sistema de igualdades que se contrarresten entre sí, con un abordaje más complejo, pero también más prometedor. Ésta es la opción que se considera más adecuada, pese a que abre nuevas interrogantes.

La siguiente pregunta es ¿de donde van a salir los principios que permitan acordar el sistema de igualdades contrarrestado?

Este abordaje no nos puede llevar a resultados específicos válidos para todo tiempo y lugar, tarea que no pretendemos alcanzar de ninguna manera pues sería prácticamente imposible, pero sí nos indica el camino a seguir en función de cada sociedad concreta y de nuestras intuiciones generales de lo que la justicia requiere.

Por tanto, debemos renunciar a que los principios nos vendrán dados automáticamente por la estructura social, pues todos podríamos acordar cuáles son las áreas de problema, pero otra cosa sería que estuviéramos de acuerdo en un determinado principio para enfrentarlas.

Así que debemos ser sensibles a los intereses de las personas, sin que al mismo tiempo ello signifique rendirnos ante ellos. La alternativa que nos queda sería el diálogo público en diferentes esferas de la justicia, regresaremos a esto al final de nuestra argumentación.

Ahora bien, una de las esferas es la del Estado en general, esto es, el Estado debe defender su propia esfera de justicia, al mismo tiempo que defiende el equilibrio entre todas las demás. Para que no se caiga en la dictadura o tiranía de los que ostentan el poder, el mismo poder del Estado debe estar contrapesado. Para ello existen las disposiciones constitucionales correspondientes que equilibran los poderes y, por supuesto, contamos con las libertades individuales, pero puesto que esto no es normalmente suficiente para controlar los excesos, sería necesario tener instancias de participación ciudadana que hagan más fluido el proceso político y permitan penalizar a los que abusen del poder otorgado. Al respecto se considera recomendable un buen nivel de competencia política entre opciones viables, de tal manera que la oposición cumpla su papel, esto es que sea constructiva y no puramente destructiva con relación a las tareas del régimen en turno. Otro requisito es que los ciudadanos estén bien informados, que tengan espacios para expresar sus opiniones y que éstas se tomen en cuenta realmente a la hora de tomar las decisiones.

Todo esto es muy interesante, pero no podemos abordarlo en detalle sin salirnos del problema central que nos hemos planteado, parece más relevante en este momento estudiar el aspecto del control del Estado sobre las diversas esferas de justicia, ello nos brindará espacio para más ejemplos y poner nuestras intuiciones morales a prueba.

4. Las esferas de la justicia.

Veamos la esfera más evidente: la del poder económico, o más concretamente la esfera del dinero. Por principio el dinero tiene la capacidad de corromper todo, de tal manera que si queremos estar seguros de generar injusticias en cualquier área lo único que tenemos que hacer es crear desigualdades de riqueza. Los ejemplos son innumerables, pero basta con decir que no va a haber competencia política que sea útil si el dinero se inmiscuye en la esfera política. El dinero corrompe a los políticos con la mayor facilidad, lo prueba la práctica, incluso es capaz de comprar decisiones judiciales rompiendo con la igualdad ante la ley.

Ya vimos que la opción de igualar la riqueza de todos también es inviable, pues entonces se cancelarían los estímulos al progreso y al esfuerzo, y se generarían otro tipos de desigualdades en otras esferas (por ejemplo, el Estado tendría el poder de igualar las riquezas y con ese poder podría convertirnos a todos en sus siervos).

Entonces lo que se impone es un compromiso práctico, tiene que tomarse una decisión acerca del grado en que se permitirán las desigualdades de riqueza, esto es, se redistribuirá el ingreso hasta un nivel que se considere prácticamente razonable, sin que esa decisión se acerque a los extremos injustos que ya resaltamos.

Consideremos otra esfera, por ejemplo el campo de la educación. Tomemos separadamente dos maneras de enfocar la igualdad. En un primer momento podemos tratar de igualar los resultados educativos, esto es, partimos con individuos diferentes en naturaleza, incluidas diferencias personales (inteligencia) y del entorno social (apoyo que reciben de los padres) y tratamos de que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Esto significaría que hay que tratar de igualar los resultados lo más posible, tal vez brindando becas a los más pobres, o brindando atención especial a los que se van quedando rezagados o muestran menor aptitud, en este sentido hablaríamos de una educación muy democrática. Tal vez en este enfoque se podría incluso limitar la diferenciación, haciendo que los grados académicos fueran más igualitarios para impedir la estigmatización de algunos grupos sociales, además trataríamos de igualar la educación de los grupos étnicos o raciales más rezagados y lograr equilibrar los indicadores curriculares de las mujeres respecto a los de los hombres.

Obviamente muchas de estas consideraciones podrían implicar un exagerado control sobre los resultados educativos, sin duda se requeriría de un Estado fuertemente interventor en este sentido, lo cual afectaría la libertad, tal vez el que quería estudiar una carrera muy especializada ya no podrá hacerlo, pues se gastarían muchos recursos en apoyar a los rezagados. Por otro lado se perjudicaría a otras esferas, por ejemplo la esfera de la eficiencia, pues no se podrían desarrollar adecuadamente las aptitudes de los más talentosos. Incluso la esfera política y del gobierno puede verse afectada, pues al reducirse la diferenciación educativa ya no dispondremos de tanta especialización, por tanto tal vez tengamos peores legisladores y gobernantes (sus aptitudes no se desarrollarán como pudo haber sido en un ambiente de más libertad).

Otro enfoque podría ser el de igualar las posiciones de partida, entonces, por caricaturizar un poco, podríamos llevar a todos nuestros niños a escuelas públicas, adonde todos recibirán un tratamiento igual por parte de sus maestros, que se preocuparían incluso de su salud, para evitar desventajas injustas. Se trataría de anular el efecto del medio familiar lo más posible, para ello en el caso extremo les quitaríamos los niños a sus padres, pero en una perspectiva más realista, tal vez buscaríamos que se enseñen valores cívicos y culturales en las escuelas y que los niños pasen mayor tiempo en ellas realizando actividades grupales que fomenten su espíritu colectivo. Ahora bien, si de este proceso de igualación de la posición inicial resulta que algunos son más talentosos que otros, no deberíamos impedir tales diferenciaciones pues son resultados “merecidos” de las mejores aptitudes de unos respecto de otros. Como vemos, todo esto puede llevar a buenos resultados, en el sentido de que no se impide la especialización y el desarrollo de los talentos, pero también se aprecia que se requiere una fuerte intervención estatal, además de que algunos de los principios igualitarios aplicados entran en contradicción con muchos de los valores a que estamos acostumbrados en otras esferas de justicia, como la familia, o el género.

Todo apunta a que la perspectiva de la justicia de las esferas resulta muy complicada de llevar a la práctica, aunque también es cierto que en algún momento nos vemos obligados a enfrentar con seriedad tal complejidad en nuestras sociedades. Por así decirlo, uno se puede enfocar en los valores más generales, defendiendo los principios más abstractos de la justicia y la necesidad de generar acuerdos al respecto, pero cuando se enfrenta al problema práctico de la justicia hay que analizar la complejidad de las esferas, ya no porque uno quiera hacerlo, sino por necesidad práctica, pues como vimos no hay otras igualdades que sean suficiente barrera contra los abusos, por tanto, éste es un frente que debemos abordar tarde o temprano.

En suma, continuando con el ejemplo de la educación, se necesitan una serie de compromisos respecto a los principios concretos que se aplicarán, ello tiende el puente hacia lo que sería una política educativa de largo plazo, papel que debería afrontar todo Estado serio. Por supuesto que habrá temas difíciles, como adonde dejar las barreras entre el Estado y la Iglesia, cuáles contenidos educativos son básicos y cuáles se podrían considerar prohibidos por estar en contradicción con nuestros principios básicos más generales (por ejemplo el respeto a la dignidad de la persona), hasta qué nivel brindar educación gratuita, cuál es el mínimo de educación que debemos garantizar constitucionalmente a cada ciudadano, qué tanto nos preocupan las diferencias educativas que estigmatizan a ciertos grupos sociales, qué diferencias de género se deben permitir pues son resultado de la diversidad natural entre los sexos o incluso resultados “naturales” de ciertas pautas de nuestras familias (alguien tiene que hacerse cargo del cuidado de los hijos y tal vez no sería adecuado, ni desde el punto de vista de la eficiencia ni de la naturaleza, llegar a una igualación de los papeles de hombres y mujeres). Pues bien, como se ve, hay muchos temas difíciles, no se pretende afirmar que la justicia tenga que ser algo simple.

Para llenar el vacío de tales principios educativos se requieren las decisiones sociales respectivas, las cuales no parece que puedan venir ni de las opiniones sociales por si mismas, pues nuestras nociones de justicia no son tan generales ni tan arbitrarias, ni puramente de una teoría válida para todo tiempo y lugar, incluso se puede decir que todo esto depende de restricciones de todo tipo: de carácter moral, social, institucional y económico, una especie de problema de programación complejo, pues incluye cuestiones cuantitativas y cualitativas de todo tipo.

Así, parece que no se resuelve todo esto por una racionalidad completa, que nos lleve a obtener máximos o mínimos, sino que también hay que integrar compromisos morales y sociales, y restricciones objetivas (por ejemplo la diferenciación natural por sexos o los recursos económicos limitados). De hecho esto requiere sabiduría, de tal manera que tampoco podemos recurrir puramente a las opiniones de la gente, no sólo porque pueden ser opiniones poco fundamentadas y firmes, sino que se puede dudar incluso de que existan con ese nivel de especificidad, la gente dice generalidades sobre estas cosas, pero si se le cuestiona más a fondo no sabe qué principios aplicar en concreto, están demasiado ocupados con sus propias vidas o con su sobrevivencia.

Continuemos ahora con la esfera del género. Sabemos que las mujeres son excluidas de gran cantidad de profesiones y puestos de trabajo, sabemos que su participación en la política y en los puestos de decisión principales es limitada, sabemos que se les carga en exceso de los cuidados de la esfera familiar, de tal manera que su autonomía está limitada en la práctica por la necesidad del cuidado del hogar y los hijos. Sabemos todo esto, incluso afirmamos que es necesario realizar correcciones al respecto para contrarrestar tales desigualdades, pero aún así no es fácil saber hasta donde queremos llevar la igualación ni hasta donde conviene que la llevemos después de considerar todas las posibles restricciones. Hay personas que han pensado profundamente sobre todo esto y no han llegado a una conclusión suficiente, no pueden decirnos si conviene que las mujeres se queden en sus casas o si es mejor que compitan de igual a igual en el mercado de trabajo.

Si exigimos el trato igual al género al considerar la contratación para puestos diversos, de tal manera que los requisitos para la obtención del puesto sean independientes del sexo (lo cual llevado al extremo podría implicar que los procedimientos negaran el conocimiento del sexo de la persona para crear una especie de velo de la ignorancia empírico) puede ser que a las mujeres les vaya aún peor, pues entonces las consideraciones de eficiencia podrían jugar en su contra. Uno se puede imaginar pruebas psicológicas o de fortaleza física que podrían dejarlas en aguda desventaja para ocupar la mayoría de los puestos, pues de hecho, las mujeres son natural y socialmente muy diferentes de los hombres.

En el otro extremo, si se tratan de igualar los puntos de partida, tendríamos que modificar considerablemente el entorno social, interviniendo incluso en la esfera familiar para evitar que las mujeres desarrollen comportamientos y prácticas que las pongan en desventaja, entonces entramos en conflicto incluso con la intimidad de la esfera familiar, pues habría que reglamentar la vestimenta y los juegos de los niños y niñas. Para que se vea hasta donde puede llegar a complicarse esto, se podría intentar brindar una alimentación diferenciada, así como normas para el ejercicio físico de las mujeres, con el fin de lograr que la fortaleza física se igualara. De nuevo todo esto parece exagerado, además de que va en contra de nuestras intuiciones morales, sociales, y económicas.

Ahora se puede comprender mejor por qué Walzer insiste en el respeto a nuestras prácticas cotidianas, pues ello simplifica el problema, pero entonces no se entiende cómo se puede hacer esto y al mismo tiempo lograr mejoras sustanciales en la justicia de las esferas, que parecen requerir de juicios prácticos complejos, que no se pueden leer simplemente del entorno social, sino que parecen requerir de un trabajo filosófico e intelectual considerable.

En la esfera de la salud podemos recurrir a un ejemplo de Giandomenico Majone[73], relativo al desarrollo del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra y Gales, en este caso la conclusión a que se llega es que el tratar de brindar un servicio de salud gratuito, sin considerar las restricciones económicas, resultó un enfoque inadecuado, con despilfarro de recursos e incapacidad de lograr el objetivo de igualdad original, el enfoque de atención a todo tipo de necesidades terminó por dar al traste con el proyecto.

Otro estudio que puede complementar los ejemplos al respecto es el de John Elster, titulado “Justicia local”, que replantea nuestra idea de economía aplicada, pues al fin se trata de la mejor distribución de recursos escasos a partir de una serie de criterios generales y específicos.[74] En dicho estudio se aprecia la riqueza de los diferentes procedimientos que la creatividad humana ha proporcionado en campos diversos para la solución de los problemas de la economía y la justicia. Se muestra la diversidad y complejidad de los procedimientos, si bien queda claro que los criterios de justicia aplicados son limitados y se pueden resumir en los aspectos de eficiencia, mérito, tiempo, status, equidad y necesidad.

5. La esfera del poder político.

Hay otra esfera que introduce profundas complejidades: se trata de la esfera del poder político. Pareciera que el sentido común y la experiencia nos muestran que una pluralidad de posiciones no es un buen camino desde el punto de vista político. La retórica habitual de la política insiste en el valor de la diversidad y la pluralidad, pero en el terreno práctico esto no se sostiene, pues demasiadas opciones políticas pulverizan el poder, siendo que en definitiva se requiere de un orden en la toma de decisiones como se pone de manifiesto en nuestra preocupación de que el gobierno no se paralice por el exceso de división. Al fin, lo que es una bondad en la sociedad civil, no lo es a la hora de hacer funcionar al sistema político, allí necesitamos claridad en nuestros planes y proyectos.

Por ello funciona bien el sistema estadounidense, a pesar de todos los defectos que se le puedan imputar, cuando allí se habla de la necesidad de más opciones es en un sentido muy atenuado, como cuando se plantea la existencia de una tercera vía, que en todo caso no sería muy diferente de la democrática o la republicana, sino más bien una especie de mezcla.

El poder político es usualmente piramidal, por eso se habla de la ley de hierro de la oligarquía, de la dictadura de la mayoría e incluso de la dictadura de la minoría. En suma, más partidos políticos no son garantía de nada bueno para la sociedad democrática, más bien la práctica política sugiere que se requieren unos pocos partidos que sean competitivos y no demasiado diferentes entre sí, pues en todo caso, si tuviéramos muchos partidos se fomentarían naturalmente las alianzas estratégicas.

En el plano real esto se reduce, por tanto, a la necesidad de cierto consenso político sobre las opciones que son relevantes para una determinada sociedad, nuevamente, esto significa que la sociedad debe de tomar decisiones fuertes y no dejar que las cosas sean resueltas por el azar o por una competencia exagerada, a riesgo de perder el rumbo en lo que realmente interesa para un país. Así, la libertad política no sería útil si llevara a la pulverización del poder, más bien la apoyamos porque sabemos que la misma naturaleza del proceso político reducirá las opciones, la usamos como un ancla que impide llegar a la tiranía, pero no sería agradable, ni eficiente, que hubiera demasiadas opciones políticas, ello nos llevaría a la anarquía social y en ese caso preferiríamos reducir la libertad política que caer en el caos.

Ésta es la principal objeción al pluralismo, puesto que la pulverización del poder termina por favorecer a quienes detentan los poderes principales, en particular, el económico y el político. La división crea debilidad y una sociedad civil que funcione tiene que ser necesariamente una sociedad civil fuerte, por consiguiente, no conviene que esté muy dividida. El temor de que esto nos lleve a una situación similar al fascismo, cancelando nuestra libertades, no parece muy fundado, siempre que se respeten las instituciones propias de la democracia. Aún más, el peligro de fascismo puede ser mayor en una sociedad dividida, pues entonces la sociedad civil pierde fuerza. Pareciera que los autores liberales tienen tanto miedo de las otras visiones sociales que no quieren dar ni un paso atrás en su posición, eso no nos ayuda para nada en este terreno de investigación, muy por el contrario, lo paraliza.

Por el lado de las restricciones económicas podemos apreciar que muchas opciones políticas significarían un gran dispendio de nuestros recursos escasos para mantener el derecho de desarrollar y difundir todos los posibles estilos de gobernar, tendríamos que garantizar la igualdad de oportunidades a todas las opciones y entonces no nos alcanzarían ni la cantidad ni la calidad de los medios de comunicación para mantener la competencia política. De nuevo, todo esto está limitado por juicios prácticos, asociados a los valores y preferencias de cada comunidad política. Así, a nadie se le ocurriría que fuera razonable destinarle recursos económicos considerables a la formación de partidos de izquierda en Estados Unidos con el fin de generar una mayor competencia política, a nadie le interesa poner en riesgo un sistema que funciona bien.

La igualdad política está permeada por juicios prácticos de lo que es correcto hacer en una realidad determinada. Cuando Rawls defiende la igualdad estricta de las libertades políticas en naciones desarrolladas, está pensando en la realidad del sistema americano, cuyo proceso “natural” impide que surjan agudas diferencias entre los ciudadanos. Pero en un contexto más general habría que prevenir la formación de las diferencias más fuertes, que separan a la sociedad y no la dejan seguir un rumbo más o menos fijo.

Entonces parece que queda en el aire el qué hacer cuando hay profundas divisiones políticas en la sociedad, esto resulta paradójico para el pluralismo e incluso para el mismo liberalismo si pretende de verdad hacer imposible el poder despótico. La respuesta a la paradoja es que realmente no nos interesa este tipo de pluralismo en la sociedad liberal, interesa el pluralismo siempre que no se inmiscuya en la esfera política, pero de hecho la esfera política tiene que ser gobernada por principios que no pueden ser pluralistas sin que caigamos en una aguda contradicción, por otro lado, puede ser que sea deseable el pluralismo político desde un punto de vista puramente idealista, pero esto no es válido cuando consideramos las restricciones de la realidad. En conclusión, en esta esfera parece que interesa más el mantener el orden social que la libertad o la igualdad, lo cual resulta natural una vez que nos damos cuenta de que el poder estatal es el menos negociable de todos.

Entonces en cierto modo es verdad que los liberales aceptan el pluralismo, pero no sin restricciones, esto es, que no se inmiscuya demasiado en la política. El argumento pluralista a lo Madison señala que es mejor que existan muchas opciones para los ciudadanos pues eso impide que se forme una mayoría tiránica, si hay una mayoría rígida, que constantemente está opinando en determinado sentido, esto es, con una concepción de la sociedad muy definida, entonces tiranizará a los demás. Tal argumento se revierte fácilmente, pues si hay mucha diversidad tenderán a dominar las posiciones políticas que se mantengan más fuertes y unidas, entonces la diversidad alienta la formación de grupos de poder político, pues en la medida que la mayoría está dispersa, el mantenerse unido alrededor de ciertas visiones concretas permite obtener privilegios importantes. En México el PRI mantuvo una determinada concepción de la sociedad que tiranizó por mucho tiempo a las demás, gracias a que la diversidad y falta de arrastre de las otras posiciones le permitió dominar el escenario político. Ahora, si hay pluralismo, y al mismo tiempo no hay partidos fuertes, entonces se obtienen mayorías cambiantes, que se evaporan a cada momento, estas mayorías cambiantes nos protegen de la tiranía, pero en contrapartida no permiten que la nación avance con un rumbo definido y hacen más complicado el gobierno. Aún más, tal escenario protege de la tiranía eventualmente, pero se trata de un equilibrio precario, puesto que ante el vacío de poder se estimula la formación de grupos que tratan de sacar provecho de la política en su favor, por tanto, no se obtiene un equilibrio estable.

En el escenario político, en suma, el pluralismo no funciona porque no se pueden crear condiciones de competencia política estables que sean análogas a la competencia de mercado, de tal manera que se reduzcan las concentraciones de poder. La analogía es pues, falsa, y lo que obtenemos es más un oligopolio político que competencia, y los oligopolios funcionan cuando hay ganancias importantes a favor de las organizaciones o instituciones dominantes. Caemos pues en los intereses específicos de los grupos políticos dominantes, más que en los intereses de la sociedad y sus ciudadanos.

6. Enfrentando los límites de la democracia liberal.

Si sabemos que los riesgos de que haya explotación económica y política en una democracia liberal son considerables se infiere que hay que tomar medidas para contrarrestar tales tendencias. Veamos algunas posibilidades prometedoras al respecto:

a) Una ciudadanía informada y participativa puede contrarrestar los abusos de poder. Aunque hay que tener presente que esto va contra las tendencias de la sociedad moderna, que despolitizan al individuo y lo mantienen atado a sus intereses personales e individuales.

b) La existencia de contrapesos constitucionales, de control de la ley, y más específicamente, de procedimientos administrativos que permitan tomar en cuenta criterios de justicia diversos, pueden controlar los abusos de poder, pero no sin limitaciones y a riesgo de mayor costo de la toma de decisiones. Todo esto tiene que ver más con la forma de las leyes y la política pública que con su contenido, se trata pues de controles procedimentales.

c) Llevar a la práctica criterios de ética pública, lo cual se basa en diversas instancias de diálogo y concertación, que con una mayor universalidad o amplitud de criterios, permitan la convivencia armónica y pacífica, sin tener que recurrir a una coerción excesiva. Esto es, hay que institucionalizar la ética pública.[75]

Mucho se ha hablado de las dos primeras opciones y su viabilidad práctica está siempre en entredicho. Por ello nos concentramos en la tercera opción, sin que esto quiera decir de ninguna manera que las otras dos deban ser canceladas, sino que se relacionan todas entre sí y requieren ser investigadas más a fondo.

La tercer opción tiene que ver con la justicia imparcial, hay que recrear la ética pública a través de las instituciones, de tal manera que, en vez de que domine el interés personal, las discusiones puedan ser llevadas a un nivel mayor de generalidad, en que no nos veamos como enemigos, sino como miembros de una misma sociedad que tiene que tomar decisiones para poner orden en el caos. Aquí no se obtienen decisiones definitivas, teóricamente inobjetables, sino que se crean acuerdos y compromisos que siempre deben estar abiertos a la discusión racional, pues al fin no son definitivos, sino que responden a las situaciones concretas poniendo por delante el deseo de alcanzar acuerdos pacíficos. Parece que ésta es la manera en que se resuelven mejor los problemas de la vida real, por ejemplo así se plantean correctamente los conflictos con nuestros vecinos o nuestros amigos y no tendría por qué ser diferente en la sociedad como un todo. De hecho, esta perspectiva existe en nuestras sociedades reales, es aquella mano invisible que aparece esporádicamente cuando hace falta, por ejemplo, ante un desastre natural, una guerra, o una crisis económica, también existe, y con fuerza, en muchas de nuestras organizaciones sociales y cívicas, pero no en todas ellas. De lo que se trata es de crear los canales institucionales para fortalecer el sentido de justicia en la arena política y hacerlo aparecer con mayor frecuencia.

Para terminar, indicamos algunos espacios específicos en que se puede institucionalizar la ética pública, para apreciar mejor las posibilidades de que funcione en la práctica:

a) En la elaboración y distribución del presupuesto público: en vez de ser un espacio destinado a los técnicos, como se acostumbra normalmente, éste debe ser un espacio de discusión constante con los ciudadanos y todas las asociaciones civiles y políticas. Al fin, no se trata de que hay que dar más dinero a X rubro presupuestario porque así lo indique una demostración teórica determinada, más bien, nos enfrentamos a una serie de restricciones que reducen considerablemente el ámbito de la decisión. Entonces, si en un momento determinado se tiene un presupuesto total Y, que tiene que ser distribuido entre N rubros presupuestarios, el problema se puede reducir a una cuestión de porcentajes de participación, en la cual tenemos un piso del cual empezar (Y/N para cada rubro). Cualquier desbalance respecto a este piso debe ser argumentado públicamente y se sujetará a límites posibles estrictos, por ejemplo, ningún rubro podrá recibir más de 2(Y/N) ni menos de ½(Y/N). Las necesidades sociales básicas a que se refieren la mayoría de los rubros presupuestales (salud, educación, vivienda, y así por el estilo) establecen también límites a lo posible, el problema se limita entonces a definir qué es lo básico que los ciudadanos pueden reclamar en cada rubro, sobre lo cual habrá por supuesto desacuerdo, pero parece que existe una clara posibilidad de negociación. Si se pregunta por qué se acostumbra esto poco en la práctica, la posible respuesta radica en intereses económicos y políticos específicos, costumbres, hipocresía e ignorancia, de ninguna manera porque sea lo correcto.

b) En la determinación del grado de desigualdad de la riqueza deseable que puede tener una sociedad. Esto es, el argumento de que no es posible un acuerdo al respecto se revierte si se obliga a la sociedad a tomar una decisión determinada, así forzamos el surgimiento de argumentos a favor y en contra desde una perspectiva imparcial, por ejemplo, los empresarios pueden decir que se requiere muy poca redistribución, mientras los pobres dirán que se requiere mucha, pero algún acuerdo podría ser alcanzado y eso es mejor que nada. Parece extraño que nuestras sociedades no tomen más en serio estas cuestiones en la práctica, en parte se trata de hipocresía, pero también hay que considerar el temor al cambio y los conflictos que esto conlleva, pero de nuevo: ¿acaso no es peor dejar que funcionen los mercados naturalmente hasta llegar a niveles de desigualdad intolerables, que de todos modos tendrán que ser resueltos tarde o temprano por alguna crisis o revolución social? ¿acaso no hay pruebas palpables de que las desigualdades que se aprecian en las sociedades subdesarrolladas son a todas luces exageradas? ¿acaso no estamos todos de acuerdo en ello, incluidos los empresarios, los políticos y los liberales?

c) En la generación de los acuerdos más o menos concretos que se requieren en cada esfera de la justicia y que no cabe reducir a argumentos teóricos. Vimos que definir lo que requiere cada esfera es un proceso complejo y que tiene elementos a favor y en contra, y no sólo eso, sino que se requiere de un equilibrio entre las diferentes esferas. No hay nada en la teoría que nos permita definir con claridad hasta donde llegarán estos acuerdos, entonces parece lo más natural que sea la vía dialógica, a través de prueba y error, la que vaya generando los diversos equilibrios y contrapesos necesarios. Podemos empezar con unas pocas esferas, como el género, la salud y la educación, y a partir de allí irnos extendiendo a otras esferas. Pequeños comités se pueden hacer cargo de cada esfera, e ir tomando acuerdos poco a poco, paso a paso, por la vía del consenso como debe ser en un buen comité, porque se trata de compromisos, de acuerdos, y no de intransigencias. Ciudadanos conocedores y representativos pueden hacer valer su presencia en cada comité, para mantener bajo control a los partidos políticos y a los grupos de interés. A su vez, los acuerdos pueden ser revisados y contrapesados por nuestras instituciones democráticas tradicionales.

d) En el contexto burocrático, pues cada vez que se tiene que distribuir un bien o servicio público se pueden definir criterios de justicia específicos que exigirían respeto. Un procedimiento transparente puede hacer milagros a favor de la justicia, con sus respectivos criterios de equidad, eficiencia, mérito, tiempo, etc., en particular, los criterios no deben reducirse a normas de buena voluntad, sino que realmente sean tomados en cuenta por medio de alguna regla práctica de decisión. Obsérvese, como un ejemplo, todo lo que han hecho los procedimientos electorales a favor de la democracia en México, no se trata más que de ampliar tal perspectiva a otros ámbitos de decisión significativos.

e) Mayor participación de los intelectuales en la vida pública, por ejemplo, tomándolos más en cuenta en las comisiones legislativas o en la elaboración de planes y programas de gobierno. Hasta ahora esto se ha hecho solamente en cuanto a forma, pero no se le ha dado un auténtico impulso, es sólo cuestión de querer hacerlo como debe ser. Se incluye aquí un mayor impulso a la investigación en ciencias sociales, pues las carencias al respecto son evidentes, de hecho, los auténticos investigadores de las ciencias sociales en México son una especie escasa y en proceso de extinción, la razón para ello es muy simple: no se les aprecia como debería ser.

f) Fomento de una cultura ética a través del ejemplo en todas nuestras instituciones, penalizando fuertemente todo tipo de fraude, de corrupción política, de la clásica mordida, etc. Más en particular, las materias de ética y civismo en nuestras escuelas públicas deben ser encaminadas en este sentido.

g) La consulta directa a la opinión de los ciudadanos sobre determinadas materias de política pública seguirá siendo un recurso válido, sobre todo en caso de aguda controversia. Esto es cierto porque a veces no hay realmente una opción que sea más racional que otra, sino que depende de lo que la ciudadanía prefiera, en particular, de hasta donde esté dispuesta a aceptar riesgos. Puede tratarse de una nucleoeléctrica, de una reforma fiscal integral, o más simplemente, del horario de verano, pero el punto central es que hay cosas que se tienen que resolver con el apoyo de las opiniones y preferencias ciudadanas. El problema con esta opción, y la razón por la cual no se le usa tan comúnmente en la práctica, radica en que es difícil saber cuál es la verdadera opinión o preferencia de la gente, puesto que muchas veces las mismas autoridades o medios de comunicación manejan a la opinión pública, esto es, finalmente sí importa la calidad de las opiniones, pues una cantidad nunca se puede convertir en una calidad, excepto por casualidad. Entonces muchas veces es más lógico consultar a los expertos, o a las personas más idóneas para discutir una determinada materia, el escoger quiénes deben ser los más acordes siempre es una cuestión que queda en el aire pues todo criterio es cuestionable, pero de nuevo, éstas son restricciones de la realidad que tienen que ser enfrentadas con valentía, no se trata de ignorar la restricción, sino de adecuarse a ella. El argumento de que cualquier decisión es buena, o de que podemos dejar la decisión al azar, no se considera correcto, menos aún el argumento de que la cantidad puede compensar a la calidad, pues la democracia, como hemos reiterado muchas veces aquí, tiene sus propios límites.

Si algo podemos concluir de todo esto es que las decisiones cuestan y normalmente no estarán libres de culpa, esto es, alguien saldrá perjudicado. Pero las opciones de no actuar, o dejar todo en manos de un pluralismo atroz, no nos libran de nuestra responsabilidad social, pues al fin, los pobres y los excluidos siempre están presentes en la realidad. Es necesario arriesgarse a actuar, para que el Estado pueda definir su rumbo de una manera más armónica y responsable, si la mayoría de los teóricos liberales no lo entienden así, o si algunos demócratas lo entienden en un sentido distinto, por ejemplo, como permiso para realizar todo tipo de correcciones en cualquier circunstancia, nos deben una mejor explicación de sus posiciones. Lo cierto es que mientras no nos atrevamos a actuar valientemente la nave seguirá sin rumbo, dando tumbos y dejando caer en el camino al primero que se descuide.

Se sostiene que la perspectiva de la justicia pública, entendida de la manera en que aquí se sugiere, puede funcionar en la práctica. Pero si no es así, o si no se inventan nuevos métodos para hacer valer la justicia social, entonces la consecuencia será la reproducción de la exclusión, con lo que al final del camino, lo único que quedaría sería la ruptura violenta o el hundimiento del pacto social en una larga agonía.

Dios quiera que no sea así.
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