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JUSTICIA, DIÁLOGO Y RACIONALIDAD

21 Avr 2012 - 16:42:39
Se tratan de establecer aquí los supuestos básicos de un esquema de justicia social que pretende responder a la complejidad de la sociedad liberal moderna. Se argumenta que dicho esquema debería fundarse en los conceptos de diálogo y racionalidad, en consecuencia, se sostiene que la justicia social implica las reglas del discurso, así como una forma específica de racionalidad intersubjetiva.

El enfoque defiende una justicia ética y racional, en oposición a la racionalidad estratégica y científica, dominante entre los intelectuales, que amenaza con convertirse en la única forma de racionalidad admitida por la modernidad, lo que provoca que el análisis de nuevas perspectivas y formas sociales resulte arbitrariamente disminuido.

La coherencia del enfoque no debe ser sólo interna, implica que sus propios principios no sean arbitrarios, que no sean extraños a los ciudadanos comunes de una democracia liberal en vista de que se trata de generar un consenso razonable posible de implementar en las sociedades reales.

Dada la complejidad del concepto de justicia, sería absurdo esperar que en unas pocas páginas se pudieran analizar todas las cuestiones implicadas. Así, el tratamiento tiene que ser necesariamente incompleto. Como toda obra humana su valor depende del objetivo con que se construye, aquí se tratan de establecer las bases de una discusión más amplia, de fijar una posición consistente y motivar la reflexión sobre el tema, más que pretender llegar a conclusiones definitivas.

1. El concepto de justicia social.

Desde hace mucho tiempo el concepto de justicia ha sido defendido por los hombres de diversas maneras, no es posible detenerse aquí para especificar todos los contenidos posibles. Habría que mencionar que algunos la ven como una cuestión puramente convencional o arbitraria, otros suponen que surge como consecuencia estratégica del interés egoísta de los hombres, y, por fin, hay quienes parten, como nosotros, del supuesto de consideración equitativa de los intereses de los individuos involucrados.

Se nos ha obligado a tragar todo tipo de cosas en nombre de la justicia, se trata de un concepto desgastado por su uso indiscriminado. Por ello, para delimitar la posición, se rechazan de inmediato las interpretaciones convencionales y estratégicas, pues se considera que llevarían a consecuencias paradójicas en el sentido de permitir atribuir valor de justicia a prácticas claramente condenables.

Otro aspecto central consiste en que se aplicará el concepto de justicia a la estructura básica de la sociedad. Se rechaza así que se puedan hacer interpretaciones partiendo de los puros individuos y sus afirmaciones acerca de los deberes morales: la ética no puede construirse partiendo sólo del individuo, lo que implica que el enfoque se inscriba en la llamada justicia social.[1]

Es necesario definir el contexto del análisis. Se parte de que la justicia social tiene que ver con la distribución de los beneficios y las cargas que los individuos y grupos se aplican entre sí, ello se puede ejemplificar en la estructura impositiva, la distribución de los ingresos, el acceso a los empleos, los bienes educativos y de salud, las leyes de todo tipo, etc.

En nuestro enfoque, la justicia social será entendida en estrecha relación con la racionalidad de los individuos. Dado que se supondrá que se funda en las razones compartidas por ellos, se puede afirmar en términos generales que la justicia es el consenso razonable. Se supone entonces que las reglas que se aplican en una sociedad podrán ser llamadas más justas si son compartidas por más individuos, complementariamente, podrán ser llamadas más justas si se fundan en razones susceptibles de ser compartidas, esto es, que no parten de los intereses de los grupos o individuos, sino de intereses imparciales, que nadie pueda razonablemente rechazar.

Ampliando el concepto de razonable, significa que hay razonamientos que pueden ser defendidos ante todos sin necesidad de recurrir a intereses particulares. Un ejemplo típico es la regla kantiana que establece que los hombres nunca pueden ser tratados como medios sino como fines en sí mismos. El deber incondicionado en que se basa este tipo de racionalidad está inmerso en la misma naturaleza humana y la historia del derecho natural, forma parte de la historia de los hombres y de las instituciones a las cuales acostumbran obedecer.

Está implícita la idea de que se aseguran ciertas libertades porque el conservarlas va en beneficio de todos. Por ejemplo, el derecho a la vida es necesario si es que queremos hacer realidad otras finalidades más concretas. Pero no es indispensable que la libertad asegurada beneficie estrictamente a todos, así, afirmamos la libertad sexual porque muchas personas tienen diferentes maneras de expresar su sexualidad y ésta forma parte importante de sus vidas, restringirla en nombre de intereses particulares sería un abuso irrazonable. Algo parecido se puede afirmar en cuanto a la libertad de expresión, la libertad religiosa, e incluso, el derecho a una educación libre de adoctrinamiento.

Otra forma de afirmar la importancia de lo razonable radica en partir de la sociedad como una aventura cooperativa en que todos estamos inmersos, el hecho de pertenecer a la sociedad establece exigencias para todos que no se pueden negar sólo porque caen en contradicción con nuestros intereses particulares.

El concepto de justicia de trasfondo se refiere a las reglas básicas de la sociedad, si ellas son suficientemente completas y adecuadas, cada quien podrá desarrollar su concepción de la vida libremente sin tener que preocuparse constantemente por cuestiones éticas, puesto que las reglas básicas establecen los límites justos para todos. Entonces, el tener buenos principios y criterios de justicia es de gran ayuda para que las personas puedan ejercer su libertad en ausencia de preocupaciones acerca de sus merecimientos. La justicia de trasfondo se deteriora con el tiempo, puesto que las condiciones sociales cambian y los intercambios privados van provocando nuevas desigualdades, así que toda sociedad tiene que revisar sus principios de justicia de vez en cuando, por ejemplo, recurriendo a una asamblea constituyente.

Hay que tener presente que el concepto de justicia social es ideal, por consiguiente, su aplicación práctica está sujeta a las restricciones del entorno, como debe ser. Así, un consenso real efectivo, en que todos participen, es una tarea imposible, deberán analizarse en cada caso los procedimientos por medio de los cuales los intereses se representen para que sean reflejo de lo que los ciudadanos piensan, sin necesidad de que todos participen. Esto se aplica también a la democracia: idealmente todos deben participar, en la práctica sólo unos cuantos ejercen el poder efectivo.

Entre los procedimientos para implementar el consenso razonable se cuenta con la formación de comités especiales para temáticas diferentes. En su caso tales comités se podrían formar al azar, pero es más consistente con el consenso razonable que sean los ciudadanos más idóneos quienes decidan, para asegurar una mejor calidad en los resultados. Por ejemplo, tales ciudadanos idóneos podrían ser escogidos por medio de procedimientos de evaluación, ya sea mostrando que tienen los títulos o credenciales correspondientes, o logrando una calificación más alta ante un jurado imparcial.

2. Las reglas del discurso.

Una forma de representar el consenso razonable consiste en el uso de reglas del diálogo, en el contexto de la ética discursiva. De acuerdo con Habermas una norma es válida si las consecuencias a las que da lugar son susceptibles de obtener consenso, así se establece el llamado principio de universalización, que para ser llevado a la realidad requiere del establecimiento de las reglas de un diálogo práctico.

Tales reglas y sus implicaciones han sido estudiadas por algunos de los seguidores de Habermas, en especial se utilizará aquí el enfoque de Robert Alexy por ser consistente con la concepción de justicia que aquí se defiende.

Las reglas del discurso se refieren a dos cuestiones básicas: la estructura de los argumentos, y el procedimiento del discurso. Lo primero se vincula a la racionalidad del discurso, distinguiéndolo de la mera creación del consenso, incluyendo: no contradicción, coherencia entre los predicados utilizados, claridad lingüístico-conceptual, verdad de las premisas empíricas utilizadas, completitud deductiva de los argumentos, consideración de las consecuencias, intercambio de roles, etc.[2]

En cuanto al procedimiento del discurso se trata de garantizar la imparcialidad en la argumentación, bajo las siguientes reglas:

a) Todo hablante puede participar en el discurso.
b) Todos pueden cuestionar cualquier aserción.
c) Todos pueden introducir cualquier aserción en el discurso.
d) Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades.
e) Ningún hablante puede ser impedido a través de una coacción dentro o fuera del discurso a ejercer los derechos establecidos en los puntos anteriores.[3]

Habría que aclarar, para complementar esto, que el diálogo supone que las personas tienen la capacidad de juicio suficiente para distinguir las razones buenas de las malas, esto es, las reglas del discurso no garantizan la corrección del resultado, misma que será responsabilidad de la capacidad de juicio de los individuos participantes.[4] Con ello se enfrenta una confusión común, al aclarar que las reglas del discurso son procedimentales y por ello no pueden garantizar un resultado éticamente incuestionable.

Si los principios son validados a través del consenso razonable, tendrán el valor suficiente de justicia o la validez para ser aplicados a la realidad. Las reglas del discurso determinan el tipo de racionalidad al que se refiere esta perspectiva: se trata de una racionalidad intersubjetiva abierta a la argumentación. En términos generales se puede afirmar que si un principio no tiene posibilidad de una aceptación suficiente, no será validado por el diálogo.

Otro supuesto, sobre el cual habrá que regresar más adelante, es que los participantes en el diálogo son suficientemente competentes, están de algún modo idealizados, pues de otra manera no se podría garantizar que diseñen principios razonables. Para poder defender la posición frente a la acusación de utopía social habría que plantearla en términos regulativos, esto es, representa un ideal frente al cual se tienen que crear las condiciones fácticas adecuadas: si ellas están ausentes en la práctica social, el diálogo no servirá de mucho. El compromiso radica, por consiguiente, en que las condiciones ideales de la ética discursiva tengan que ser aseguradas gradualmente en la práctica.

Otro aspecto a considerar es que algunos podrían participar en el diálogo formalmente, pero realmente estar más interesados en sus intereses propios. Si en un dado caso los resultados del diálogo no los favorecen estarían dispuestos a romper las reglas, si por el contrario, los favorecen, les permiten legitimar principios que de todas manera hubieran seguido por interés propio. En esto radica la distinción entre racionalidad ética y racionalidad puramente estratégica, incluso aquí habría que considerar tácticas psicológicas inductivas, por medio de las cuales se trata de convencer a los demás de la corrección de las opiniones, como sucede con la propaganda política o comercial.

Por tanto, el diálogo puede ser criticado por ser un instrumento para legitimar la dominación. Al respecto habría que observar que las mismas reglas del discurso son una buena defensa contra los abusos, se diseñan precisamente para evitarlo. Ahora bien, no pueden garantizar del todo que no se manipule el procedimiento por actores que sean egoístas o poco éticos, pareciera que todo procedimiento está expuesto a tales vicios y que la misma naturaleza humana impulsa a utilizar los argumentos y los hechos que más nos favorecen en una dada discusión, esto es, se cuestiona la posibilidad misma de poderse colocar en una posición imparcial. De nuevo, una defensa más completa contra los abusos, que asegure resultados más justos, sólo se puede lograr suponiendo una mayor competencia de los participantes, por ejemplo, su capacidad para distinguir los argumentos serios de los propagandísticos.

En términos generales tales observaciones van en el sentido de no confundir el consenso idealizado con el consenso real: la instancia dialógica supone una comunidad ideal de comunicación, construida en un contexto favorable y con actores comprometidos. En la medida que la realidad diste de las condiciones ideales, tanto menos podemos esperar del diálogo. Esto es a veces muy obvio, como cuando las personas no se sienten obligadas a continuar con una conversación que no se considere seria. Por otra parte, quien participa en un diálogo que se supone serio, para después abandonarlo o sesgarlo a su conveniencia, está incurriendo en una contradicción que puede ser eventualmente identificada o denunciada.

Ningún procedimiento puede asegurar que los malos se conviertan en buenos, pero si puede servir para controlar los abusos y acercarse a una situación más justa.

3. ¿Es el diálogo necesario?

Ahora bien, habría que discutir seriamente hasta qué grado la implementación del diálogo es o no necesaria, en el sentido de que los individuos se vean obligados a seguir sus reglas. En otras palabras, habría que mostrar que de alguna manera es contradictorio que los individuos se nieguen a colocarse en una perspectiva imparcial o razonable. Tal vez sea imposible demostrar esto de manera estricta, pero se pueden ofrecer algunos argumentos de apoyo.

Si no se parte de instancias dialógicas, entonces lo que queda son los intereses particulares de los individuos. A partir de ellos es muy poco lo que se puede avanzar en términos de la ética colectiva, pues cada quien puede recurrir a la negación de la interacción comunicativa, simplemente sosteniendo que no tiene que dar explicaciones sustantivas a los demás acerca de las ventajas o beneficios que está obteniendo.

Por ejemplo, las teorías de la ventaja mutua recurren a construcciones de este tipo. Una solución es óptima en el sentido de Pareto sólo si no es posible mejorar a algún individuo sin perjudicar a otro, esto supone implícitamente que la única manera de redistribuir los recursos es brindando beneficios a todos, como que si cada individuo tuviera derecho de veto sobre los demás.

El enfoque de la justicia en Robert Nozick sostiene algo similar, en el sentido de que los individuos adquieren derechos de propiedad absolutos sobre las cosas que poseen, por ello, a nadie se le puede exigir entregar nada de lo que ya posee, pues hacerlo es perjudicarlo, sin poder garantizar que obtendrá un beneficio. De nuevo, está implícito que sólo renuncio a alguno de mis derechos, propiedades o riquezas si puedo obtener algún beneficio suficiente a cambio.[5]

Como consecuencia de tales enfoques se deriva una visión empobrecida de las obligaciones morales. Si cualquier individuo puede decir que una determinada acción colectiva le puede perjudicar, o según él, dará origen a consecuencias negativas, o inclusive a beneficios dudosos, entonces no se podrá realizar la acción. Con esto se da origen a una especie de fanatismo moral, casi todas las acciones colectivas quedan automáticamente canceladas y el resultado es la inmovilidad social. El partir de una visión tan fuerte del individuo termina necesariamente en la negación del interés colectivo y en la destrucción de las instancias dialógicas para tratar de superar los conflictos.

Para matizar un poco tal resultado habría que mencionar que tal perspectiva individualista funciona bien cuando se trata de defender ciertos derechos de las personas.[6] Hay aspectos en que los individuos son inviolables, por ejemplo en cuanto a su vida y en algunas formas de libertad (de opinión, de asociación, de conciencia, de religión, etc.) pero el intento de ampliar estas áreas de “libertad” más allá de los límites que le corresponden resultaría absurdo.

En realidad, el Estado más justo no es aquél que tiene menos leyes, pues se trata precisamente de definir qué leyes son las adecuadas.[7] La idea es que la libertad individual se puede ejercer de manera más completa cuando se vive con justicia de trasfondo, de otro modo, los beneficios individuales que se obtengan no se podrán considerar merecidos. Por ejemplo, John Rawls tiene sus propias ideas sobre lo que significa la justicia de trasfondo, se puede o no estar de acuerdo con él al respecto, pero lo que no se puede negar es la necesidad de justificar las ventajas o beneficios de una forma más seria que simplemente afirmando que nos pertenecen.[8]

El utilitarismo trata de escapar a esta problemática utilizando una unidad común de medida, el placer, a través de la cual podrían ser superadas todas las discusiones. El buen legislador podría definir cómo afecta cada ley o principio a la utilidad social, si puede razonablemente asegurar que con ello se incrementa la felicidad global de la sociedad, entonces tales leyes o principios serían justos. En contrapartida, el utilitarista deberá enfrentarse a la fuerte crítica de que no todos los hombres reducen su concepción de lo bueno al placer individual o social, además de que las intensidades de placer podrían variar entre los individuos.

Por el contrario, en la perspectiva dialógica, tal como aquí se la entiende, el individuo debe brindar razones por las cuales se merece cualquier tipo de ventaja o beneficio. Si se quiere, tales razones pueden ser muy ingeniosas o estratégicas, ocultando un interés personal más profundo, pero en todo caso, se deben brindar razones que sean más o menos convincentes para los demás, en ese sentido, nadie estaría libre del diálogo, de la necesidad de dar razones convincentes a los demás para justificar sus ventajas.[9]

Con ello se abre la puerta a la justificación de los derechos sociales, pues se podría defender que los ciudadanos tienen derecho a ciertos beneficios suficientes para garantizar que puedan ejercer su libertad de forma auténtica. Precisamente una buena constitución debe brindar legitimidad al poder del Estado, por consiguiente si las discusiones constitucionales corresponden con los procedimientos del diálogo podrían ser justificados derechos más amplios que los basados en el individualismo o contractualismo.[10]

Por ello la regla de mayoría de la democracia no puede sustituir la calidad de una decisión deliberante. Es racional recurrir a la mayoría para definir una cuestión sólo después de que se ha agotado la posibilidad de formar un consenso razonable. De todas maneras, como se recurre a la mayoría a falta de una regla mejor, las decisiones democráticas siempre tendrán un valor de justicia dudoso. Una democracia sin calidad puede ser tan peligrosa como una tiranía. De hecho, los primeros demócratas modernos suponían que el pueblo sería suficientemente inteligente y comprensivo como para garantizar la justicia de las decisiones, esto es, habría una auténtica sociedad civil que respaldaría la moralidad colectiva.[11] Si ello no ha sido validado por la práctica política, y se han impuesto los intereses particulares, habría que reconsiderar los supuestos de la democracia.

Tal vez la sabiduría de todo esto consista en aplicar el diálogo para definir aquellas cuestiones que son más fundamentales, esto es, las que se refieren a la justicia de trasfondo de una sociedad. Una vez que quedan aseguradas tales instancias en forma razonable, se puede recurrir a otros métodos de toma de decisión para acordar cuestiones más concretas. Así, en la medida que ya esté asegurada la justicia de trasfondo, las cuestiones específicas pueden responder mejor a las necesidades o preferencias de los individuos, de manera que puedan realizar una libertad más auténtica.[12]

4. La relación con el contexto.

El diálogo brinda una serie de reglas formales más o menos universales, pero no asegura la obtención de resultados concretos, pues estos dependerán del contexto histórico y cultural. Hay que establecer los límites entre lo universal y lo particular para superar los defectos de una posición kantiana idealizada, tan evidente en los mismos escritos de Kant.[13]

En realidad sí existen razones más o menos universales, sólo un escéptico exagerado podría negarlo, se pueden penalizar los abusos sobre las personas, especialmente el daño físico directo. Hay muchos otros ejemplos: el nazismo, la sociedad de castas, las desigualdades entre hombres y mujeres, el abuso a los niños, la intolerancia política o religiosa, etc. Incluso hay países y culturas en que se conservan prácticas condenables, tales casos serían interpretados como lagunas que aún subsisten en las sociedades modernas, las que podrían ser superadas si los seres humanos fueran más razonables.

Las diferentes declaraciones de derechos humanos son prueba de la existencia de una tendencia hacia la aceptación de razones universales, si bien no todos los derechos humanos aceptados califican automáticamente como razonables, pues suponer esto es cometer el error ya mencionado de confundir el consenso ideal con el real.

En contraposición al universalismo, los contextos tienen la función positiva de darle más especificidad a los principios y reglas de la justicia, adecuándolos a la realidad de que se trate. Así, los principios generales, como el de tratar a los hombres como fines y no como medios, tienen un papel regulativo, de control, pero de ninguna manera dejan claro lo que significa la justicia aquí y ahora.

Cada sociedad, al construir un diálogo práctico lo más próximo al ideal posible, definirá las reglas de justicia que le correspondan, por ejemplo, estableciendo el tipo de educación o de sistema impositivo. No es necesario que se fijen todos los detalles al respecto, la libertad de las personas exige dejar muchas áreas libres de la coacción estatal. Por ello se confía en la democracia como método práctico para ir desarrollando las leyes con la participación de los ciudadanos y sus representantes, así como en un conjunto de instituciones que la respaldan (división de poderes, control constitucional, discusión pública, etc.).

Todo esto puede sugerir que la justicia es relativa, no tiene contenido, cada sistema social define las reglas que le convienen y no hay ninguna manera de establecer generalizaciones. Como prueba de ello se muestran las diferencias tan grandes que existen entre las sociedades actuales y las pasadas. Por ejemplo, en algunas sociedades antiguas la educación pública o la pobreza no eran considerados problemas muy importantes, incluso la salud pública era descuidada. En la Atenas griega se daban honores públicos a los médicos que servían a los más necesitados, pero no era una obligación que lo hicieran a pesar de que recibían ingresos de carácter público.[14]

Bien visto este argumento es muy engañoso, pues del hecho de que las opiniones sobre estos temas hayan variado tanto no se deduce que continuarán haciéndolo de manera tan abrupta en el futuro ni que ese cambio se deba a la arbitrariedad de la razón ética. Naturalmente se puede postular que los principios de justicia aceptados continuarán cambiando, por ejemplo, porque cambian las condiciones tecnológicas o las mismas desigualdades sociales, pero ello no implica que se trate de principios arbitrarios o irrazonables.

La cuestión metodológica implícita aquí es más compleja de lo que parece, pues del hecho de que los consensos reales sean cambiantes de sociedad en sociedad no se deduce que los consensos ideales también lo sean. El consenso efectivo se explica normalmente por su conveniencia estratégica, esto es, porque es ventajoso en función de los intereses propios de los implicados, el que se trate de un acuerdo éticamente válido es una cuestión que tiene que investigarse con más cuidado.[15]

Por ello una forma de argumentar sobre la justicia es a través de un esquema teórico, como sucede en el constructivismo al estilo de John Rawls, definiendo una situación particular a partir de la cual se derivan los principios de justicia. La estrategia de Rawls se basa en diseñar un “velo de la ignorancia”, con el cual se separan los principios de justicia con respecto de la situación particular de cada individuo, creándose una especie de justicia imparcial.

Otra complicación radica en que hay principios razonables, como el de libertad religiosa, que pueden no ser validados en una sociedad concreta por la simple razón de que no se consideran amenazados: no es necesario tomar provisiones sobre aquello que no está en riesgo.

Tomadas las debidas reservas del caso, resulta cierto que los principios de justicia dependen de las opiniones y los gustos de los integrantes de cada sociedad, según el contexto histórico y cultural. Las reglas del discurso que se han esbozado más arriba toman en cuenta esto, por ejemplo, al considerar las consecuencias de las acciones y al permitir que todos expresen sus deseos y necesidades.

Esto no introduce una arbitrariedad total a los principios de justicia, pues si se construye una situación adecuada, por ejemplo definiendo una temática de interés, se puede estudiar a qué consecuencias llegarían un conjunto de personas razonables en una sociedad liberal moderna. Entre los temas probables se pueden incluir las llamadas esferas de la justicia: educación, salud, política, género, empleo, etc. La cuestión consiste en dilucidar si existen razones suficientes que definan los principios de justicia adecuados, o por lo menos, los factores que deberían pesar más en la discusión. Una hipótesis a estudiar consiste en que los individuos razonables de las sociedades liberales modernas cuentan con los elementos suficientes como para determinar el contenido de tales principios o los factores correspondientes.

Con ello la ética discursiva recibiría un nuevo impulso, pues ya no sólo estaría en capacidad de definir un procedimiento justo sin ningún contenido específico, sino además, de determinar los resultados razonables a que puede dar lugar según diversos temas sujetos a consideración en una sociedad liberal moderna.

El consenso práctico no requiere la aplicación estricta de las reglas del diálogo que se han estudiado. El diálogo puede ser representado por los teóricos o filósofos, para que las discusiones que puedan realizar los intelectuales sobre cada tema de interés se conviertan en las bases para definir los principios de justicia correspondientes, en la medida que correspondan con las reglas del diálogo.

Por consiguiente, el diálogo puede avanzar por medio de la discusión sobre temas diversos por parte de los teóricos o filósofos en cada sociedad particular, sin requerir previamente una validación institucional. En la medida que con ello se conformen principios de justicia más o menos específicos la teoría de la justicia como consenso razonable recibirá un apoyo considerable.

Se supone que conforme se discute seriamente acerca de los principios o criterios de justicia en un determinado tema, tal como el de la educación, se derivan propuestas serias para el diálogo público, que pueden ser un insumo importante para su aplicación práctica posterior. Dicha tarea, que propone principios, criterios o reglas para cada sociedad y tema particular, estaría abierta para cualquier miembro de la sociedad que quisiera emprenderla. Se supone que una discusión suficientemente extensa llevaría a la obtención de los principios de justicia que correspondan. Es muy importante que los gobiernos apoyen iniciativas en tal sentido para ayudar a conformar un diálogo más serio, acercándose gradualmente a las condiciones ideales.

5. La igualdad implícita de los participantes.

El diálogo serio supone la igualdad de los participantes. Resulta esclarecedor el plantear la posibilidad de que tal igualdad no se cumpliera: ¿Qué pasa con el diálogo cuando los participantes no son suficientemente iguales entre sí?

De nuevo, se ha defendido que es razonable ajustarse a los resultados del consenso en la medida que se supone que los participantes son más o menos iguales. Si algunos individuos tienen una mucha mejor comprensión de los problemas y mayor capacidad para plantear soluciones, no sería racional que permitieran que los menos capacitados decidieran por ellos.

El tutelaje es teóricamente defendible, siempre que los tutores puedan mostrar que son más capaces de defender los intereses de los demás, dado que tienen un mayor conocimiento y capacidad para hacerlo justamente. Así como se considera válido que los padres representen a sus hijos, o los representantes legales a los deficientes mentales, los tutores podrían representar a los ciudadanos. Es muy importante aclarar que esto es válido siempre que los tutores puedan demostrar con toda claridad su mayor idoneidad, de otra manera no tendrían ninguna razón para suplantar el interés propio de los ciudadanos.

Con el propósito de defenderse de este argumento, los demócratas sostienen que es más importante la libertad de los individuos, su derecho a decidir su propio destino, que la calidad de los resultados del diálogo. No obstante, en la medida que interese que los resultados del diálogo sean justos, esto es, que alcancen una mayor justicia sustantiva, sería también defendible el tutelaje. Este conflicto está implícito en la definición de justicia a la que se ha recurrido más arriba, puesto que la justicia aumenta con el consenso, pero también con la capacidad de los individuos para obtener reglas imparciales. Como decía Aristóteles: es tan importante la cantidad como la calidad.

La solución al conflicto consiste en aceptar el tutelaje sólo en la medida que contribuye a generar las condiciones para una sociedad más democrática en el futuro. Así, los tutores se deberán esforzar por brindar las condiciones para que todos, en un futuro no muy lejano, tengan la capacidad para participar activamente en el diálogo. Se podrían diseñar reglas prácticas al respecto, tal como sería la de aumentar paulatinamente el porcentaje de ciudadanos que participan en los diversos diálogos públicos, hasta alcanzar una democracia más plena.

El tutelaje, en este contexto, no podría dar lugar a abusos considerables o tiranías, aún menos a racismo o fanatismo, pues estaría controlado por las reglas del diálogo imparcial.

Esto corresponde plenamente con la suposición de que la ética requiere una comunidad ideal de comunicación, la cual deberá ser poco a poco construida en la práctica social. No se trata de una idea antidemocrática, pues supone el logro de la democracia en un plazo razonable. Por supuesto que en la práctica esto puede ser peligroso, en la medida que existan grupos de poder que quieran aprovecharse de las circunstancias, utilizando la idea de tutelaje como una excusa para imponer sus propios intereses.

Por consiguiente, sería riesgoso el tratar de implementar estos esquemas en sociedades en que existan fuertes antagonismos y tendencias al abuso de poder. El supuesto previo para llevar adelante el proyecto de la justicia social es la existencia de un acuerdo ciudadano por seguir las reglas de la ética, nunca se alcanzará la justicia sin ciudadanos que la respalden. Detrás de una sociedad justa tiene que haber un acuerdo previo fundamental a través del cual ésta quiera alcanzar el consenso razonable, por lo menos en los temas que se consideran importantes.

La democracia empírica se construyó para frenar los abusos de poder, en cierto grado lo logra a través de diversos instrumentos como la constitución, la división de poderes, la regla de mayoría y la participación social. En la práctica ello parece ser insuficiente, pues se imponen los intereses económicos y políticos, mismos que impiden que la igualdad formal de la democracia se convierta en una igualdad más sustantiva. De hecho, la democracia ideal supone la comprensión esclarecida de los ciudadanos, así que ninguna mayoría merece respeto por el simple hecho de serlo, sino por la calidad del resultado. De acuerdo al análisis que se ha realizado aquí, para avanzar hacia la justicia social hay que dar pasos más firmes, ello implica la implementación o representación del diálogo y la aplicación de las reglas del discurso de acuerdo con la ética discursiva y la justicia imparcial.

La idea de justicia social que se ha desarrollado aquí no se contrapone con la democracia de manera radical, en cierto sentido es más bien un complemento para alcanzar una democracia más justa. El conflicto se da con respecto a la democracia empírica, pues ésta se contamina con intereses particulares y de grupos económicos y políticos. Por ello puede sonar extraño el plantear instancias de diálogo, cuando se supone que el trabajo de aglutinación de intereses se hace a través de los partidos políticos. En la práctica esto pasa por un cuestionamiento profundo de nuestras democracias, por replantearse las formas de decisión pública a las que estamos acostumbrados. Hace falta un foro de discusión más amplio en que se realicen los compromisos correspondientes, allí se podrían discutir los alcances de un nuevo equilibrio entre sociedad y partidos políticos, en que las instancias dialógicas representarían una nueva dimensión. Para ello se requiere el acuerdo de los intelectuales en la búsqueda de una mejor manera de organizar una sociedad justa, de lo contrario, es poco probable que la democracia evolucione en el sentido de asegurar una mayor justicia sustantiva.
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