http://dl.dropbox.com/u/68894970/ScreenShot30.bmp

JUSTICIA IMPARCIAL Y POLÍTICA PÚBLICA

21 Avr 2012 - 16:48:13
La justicia imparcial se caracteriza por pretender brindar igual consideración y respeto a todos los individuos de la sociedad. En las circunstancias habituales de las democracias políticas ni las previsiones constitucionales, ni los procedimientos generales que buscan una mayor justicia de las leyes, son suficientes para asegurar una auténtica justicia imparcial. Por tanto, el análisis del proceso de las políticas públicas se vuelve crucial para adecuarlo a los requerimientos de la justicia, pues ésta conlleva decisiones públicas formales y sustantivas, con una fuerte dosis de participación ciudadana responsable. Sin buenas políticas públicas siempre estaremos expuestos a la arbitrariedad y falta de racionalidad de las acciones del gobierno con los consecuentes costos en términos de injusticia social y desperdicio de nuestros recursos y oportunidades. Al final se sugieren algunos criterios de control, tales como el uso de procedimientos presupuestarios, dialógicos y de justicia local.

1. Definición y alcances de la política pública

El concepto de política pública es complejo y por ello podría ser arriesgado el intentar una definición para los fines de la justicia imparcial. No obstante, en términos generales, podemos decir que se trata del proceso por medio del cual las autoridades gubernamentales se proponen llevar a cabo las acciones que promuevan el interés de los ciudadanos.

De acuerdo con Meny y Thoenig una política pública se presenta bajo la forma de un conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o de varios actores públicos.[42] Esto incluye tanto la acción como la inacción de un ente público en un contexto dado. Tales entes públicos, sujetos del análisis, incluyen por ejemplo; secretarías de gobierno, organismos públicos, gobiernos estatales y municipales. Las prácticas o normas pueden incluir, entre otras; formas de intervención, reglamentación, provisión de prestaciones, represión, discursos, campañas, inversión física, descentralización, impuestos, subsidios, etc.

Para ser auténtica política pública, las prácticas o normas deben tener cierta constancia e intención, esto es, estar enmarcadas en un proceso más o menos estable al que se podría denominar como programa de acción. Normalmente se supone que todos los entes públicos y sus funcionarios tienen un programa de acción, aunque a veces tal programa pueda ser un poco nebuloso o difícil de especificar.

En cuanto a los individuos o grupos que forman parte de la política, se definen como todos aquellos cuya situación está directa o indirectamente afectada por la acción pública que corresponda.

Todo esto sugiere que muchas veces las políticas públicas no existen de una manera clara y concreta, a la manera de los objetos reales, sino que tienen que ser construidas por el mismo análisis.[43]

Para un analista, toda política pública encubre una teoría, e incluso se identifica a la política con tal teoría. Esto significa que hay relaciones de causa-efecto que están contenidas en ella. En términos simplistas, podemos identificar la teoría con la relación existente entre los objetivos a alcanzar y los instrumentos a que se recurre para alcanzarlos. De alguna manera, entonces, el actor público se compromete con las relaciones supuestas y tiene que dar legitimidad a su teoría frente a las objeciones que se le puedan presentar, por ejemplo, la afirmación de que hay mejores cursos de acción disponibles para alcanzar los objetivos supuestos. Descubrir o adivinar tales teorías implícitas es una de las tareas del analista.[44]

Siguiendo a Meny y Thoenig se considera a la política pública como un sistema de acción, esto es, se debe tomar en cuenta la forma de abordar un contenido específico a través de tres vertientes: el sistema de actores, el de la actividad y el del proceso.[45]

El primero se refiere a que una autoridad pública se mueve alrededor de un conjunto de actores; "organismos encargados de ejecutar sus decisiones, sujetos que reaccionan a las realizaciones así producidas, grupos de intereses u otras instituciones que ejercen influencia sobre la acción proyectada o en curso".[46] El segundo elemento, de actividad, se refiere a que debemos tomar en cuenta tanto los actos como los "no actos", además de que a veces la actuación es puramente simbólica; hacer creer que se actúa puede ser el único fin de una política. El tercer elemento, del proceso, nos recuerda que también son políticas los actos gubernamentales repetitivos y pasivos, tales como basarse en el presupuesto del año anterior para calcular el nuevo, o conservar intacto un reglamento.

Con respecto al sistema de acción cabe citar lo que dice Luis Aguilar:

...el curso de acción que se desata y que efectivamente es desarrollado, intencional o reactivamente, por los varios actores gubernamentales, por los otros poderes estatales, por la multitud de diferentes actores políticos, grupos económicos y organizaciones sociales, con sus interacciones cooperativas o conflictivas, puede distanciarse más o menos de la estrategia intencional de acción colectiva, diseñada y organizada por la autoridad estatal. Supuesta su institucionalidad, la política es, en suma: a) el diseño de una acción colectiva intencional, b) el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en consecuencia, c) los hechos reales que la acción colectiva produce.[47]

En un dado contexto puede ser que gran parte de las injusticias que se estén realizando en una sociedad sean resultado de la inadecuación de la política pública respecto a los requisitos de la justicia imparcial. En efecto, si algunos de los múltiples actores alcanzan posiciones de privilegio en la elaboración y puesta en práctica de las políticas públicas, logrando con ello que los recursos colectivos se destinen a sus intereses particulares, se están violando los supuestos de la justicia imparcial, puesto que se está dando un peso excesivo a los intereses de algunos grupos respecto a los de otros. El estudio del proceso de las política pública es, por consiguiente, un campo significativo para comprender la injusticia.

Ahora bien, si existiera una sólida estructura de trasfondo, las preocupaciones por la política pública podrían pasar a un segundo plano, en el entendido de que las previsiones constitucionales y procedimentales han establecido un marco dentro del cual las mayores injusticias están bajo control. Pero en las circunstancias usuales de las sociedades es sano sospechar acerca de la inexistencia de una suficiente justicia de trasfondo, de allí que el estudio de la política pública representa un campo promisorio para acercarse a la justicia social.

No deben ignorarse los límites de los estudios empíricos de la política pública. En primer lugar, la misma concepción de la política es una construcción teórica, que depende en parte del tipo de análisis y de su contexto, de tal manera que puede ser muy distinta la forma de visualizar la actividad por parte de un investigador de políticas, respecto a la perspectiva de un funcionario de una dependencia pública, o incluso la de algún grupo de interés.

Supongamos, por dar un ejemplo concreto, que el tema es el de la construcción de X cantidad de escuelas primarias. Un investigador puede recurrir a algún modelo teórico, que se supone relativamente independiente de los intereses en juego, para optimizar la localización de las escuelas primarias respecto a la demanda existente, logrando la máxima cobertura o el menor costo de desplazamiento de las personas. Pero tal vez tal análisis sea poco relevante para la dependencia pública encargada, puesto que ella utilizará la construcción de las escuelas como un recurso político cuya distribución responderá a la negociación con los interesados, de tal manera que se construirán las escuelas en los lugares en que las presiones existentes sean mayores. Desde la perspectiva de algún consejo ciudadano de una ciudad determinada, a su vez, el argumento se podría reducir a que se necesita la escuela, se sabe que existe el recurso presupuestario correspondiente y se han realizado gestiones al respecto durante los últimos 3 años, de tal manera que se les deberá asignar una de ellas por pleno derecho.[48]

Nuevamente aquí la teoría de la justicia imparcial puede servir de apoyo para brindar una perspectiva razonable, pero no hay garantía de que tal visión imparcial exista, en cuyo caso nuevamente habría que recurrir a recursos de decisión formales más que sustantivos, esto es; son mejores aquellos procesos que involucren a más participantes, que brinden más información de las opciones disponibles y que no sean fácilmente objetables por perspectivas particulares. Un procedimiento dialógico en que se involucrara a todos los participantes podría llevar a un rápido consenso, o a la conformación de algún índice numérico que resumiera todas las perspectivas. Por el contrario, si algunos grupos se negaran a cooperar podrían elevar los costos del acuerdo a tal grado que se tuviera que renunciar a la solución dialógica.

La segunda limitación empírica radica en que no es clara la apreciación del comienzo y el final del proceso de la política; ésta se puede alargar en el tiempo a través de sutiles modificaciones, puede aparecer y desaparecer de forma impredecible, o simplemente morir en vista de que la autoridad pública aplica la estrategia del olvido.

2. El surgimiento de los problemas públicos.

El surgimiento mismo del problema público no se puede definir de forma inocente, puesto que hay una serie de complejos elementos que lo determinan.

De acuerdo con Charles Lindblom[49] tendríamos que tomar en cuenta al menos los tres elementos siguientes:

a) No hay ningún deseo o preferencia política firme y sólida; provienen de la sociedad y dependen de la sociedad, de lo que ésta te enseña, pide y ofrece. Todo mundo quiere bienestar, educación, alimento, pero la posibilidad de que ello se convierta en una demanda política específica está mediatizada por un acuerdo sobre los mecanismos para llevar a cabo cada objetivo, por los juicios y opiniones existentes en la sociedad al respecto y por la misma estructura material de la sociedad.

b) Los deseos y demandas políticas dependen de las valoraciones de cada ciudadano y de cada decisor de políticas públicas, así como de lo que otras personas quieran sobre las políticas públicas. Cualquier participante en el juego de poder generalmente toma posiciones que parecen viables a la luz de la opinión pública o de perspectivas de conseguir aliados. El que se acepte un principio controvertido, por ejemplo, el acceso gratuito a la salud, dependerá de que exista un relativo consenso social al respecto, de otro modo a nadie se le ocurre siquiera llevarlo a la arena pública.

c) Un sistema de elaboración de políticas públicas tiene por si mismo un efecto en las aspiraciones, opiniones y actitudes a las que la política responde. Por así decirlo; la política se crea en parte a sí misma. No funciona como una máquina en la cual uno inserta deseos o necesidades, y salen como resultado las políticas para satisfacerlos, sino que la misma máquina produce deseos o necesidades. A través del moldeo de las aspiraciones de los ciudadanos, esto es, apoyándose en el adoctrinamiento social, se incorporan algunos temas a la agenda política, mientras se rechazan otros; desde el comienzo, se ponen algunos problemas en juego, pero no todos, de tal manera que no todas las demandas legítimas son incorporadas a la política, ni tampoco todo lo incorporado es legítimo.

Se puede ejemplificar el caso de la demanda legítima con la propuesta de un ingreso mínimo garantizado; pareciera razonable que todos los ciudadanos adultos tengan derecho a una renta incondicional, con el fin de que no queden expuestos a situaciones de explotación laboral indigna o queden incapacitados para tomar sus propias decisiones y ejercitar sus derechos. Sin embargo, la cultura del trabajo, que se puede definir como una forma de adoctrinamiento social, conlleva la idea de que todo ingreso tenga que ser ganado con trabajo productivo, salvo excepciones muy marcadas de extrema pobreza, incapacidad o situaciones de emergencia que se denotan como casos especiales. Dadas tales consideraciones, no se acepta la incorporación del ingreso mínimo garantizado a la constitución a pesar de su legitimidad.

En cuanto al segundo caso, el de la demanda ilegítima, las mismas autoridades políticas pueden crear expectativas y fortalecer grupos de interés a su alrededor, de tal manera que pareciera que ellas mismas generan las demandas que luego serán satisfechas en el proceso político; en México podríamos hablar del caso de los "Programas de solidaridad" durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (construcción de banquetas, calles, escuelas, canchas deportivas, etc.); tales demandas eran estimuladas proporcionando fondos públicos especiales a quienes se organizaban alrededor de ellas.

Ahora bien, una auténtica democracia presupone un pueblo con conocimiento de la política y con capacidad para decidir racionalmente respecto a ella. Sin embargo, el panorama real parece ser bien diferente; la verdad es que muy poca gente se interesa en los asuntos públicos, todavía menos participa en ellos y sólo una mínima parte de la población tiene competencia para resolver problemas de política. Dice Sartori:

De todos modos sabemos -lo palpamos todos los días- que la mayor parte del público no sabe casi nada de los problemas públicos. Cada vez que llega el caso, descubrimos que la base de información del "demos" es de una pobreza alarmante, de una pobreza que nunca termina de sorprendernos...De modo que los referendos están aumentando y se convocan cada vez más a menudo, e incluso el gobierno de los sondeos acaba siendo, de hecho, una acción directa, un directismo, una presión desde abajo que interfiere profundamente en el "problem solving", en la solución de los problemas. Ésta representará una mayor democracia. Pero para serlo realmente, a cada incremento de "demo-poder" debería corresponderle un incremento de "demo-saber". De otro modo la democracia se convierte en un sistema de gobierno en el que son los más incompetentes los que deciden. Es decir, un sistema de gobierno suicida.[50]

Se podría argumentar que hace falta una mayor educación de las masas, pero esto sólo es el principio de una respuesta, puesto que la existencia de más profesionales, maestros o doctores no es garantía de que sepan más sobre políticas públicas; la especialización del mundo moderno lleva a que las personas sepan mucho de su profesión, pero cuando se les pregunta sobre cuestiones políticas, contestan las mismas simplezas que los que no tienen educación.

Esto no significa que deberíamos ser gobernados por los tecnócratas, pero si no se quiere caer en tal consecuencia se tendría que hacer un mayor esfuerzo por educar a las masas, por promover que éstas tengan auténticos criterios con los cuales decidir acerca de los asuntos públicos. No basta con preguntar lo que la gente desea, hay que fundamentar las razones de sus deseos para hacerlos legítimos ante los demás. La gente se ha acostumbrado a que otros decidan por ellos y una ciudadanía pasiva no puede construir una sociedad justa.

De acuerdo con Meny y Thoenig[51] hay tres condiciones para que un problema pueda ser incluido en la agenda pública:

Primero, el problema debe ser competencia de las autoridades públicas o de una autoridad pública en particular. Esto no debe ser tomado en términos puramente jurídicos, sino en el sentido de que sea razonable afirmar que un determinado problema sea materia de una dada autoridad; las presiones políticas pueden provocar, en un caso extremo, la creación de la misma autoridad correspondiente.

Segundo, el tema debe ser convertido en un desafío, esto es, considerarse merecedor de atención pública. Aquí se enfatiza el juego de poder, puesto que resulta vital que determinados actores hagan suyo el problema y lo presenten en términos de una demanda razonable ante los demás, lo cual está influido por factores tan diversos como la ambigüedad con que se le presenta, la simplicidad, la persistencia en el tiempo y la novedad. Otros factores a considerar son la recurrencia a valores generalmente aceptados (justicia social, porvenir de la economía, combate a la pobreza o resonancia emocional del problema) y el lograr que el tema sea abordado por los medios de comunicación.

Tercero, hace falta plantear el problema adecuadamente y ser capaz de presentarlo ante las autoridades para que lo conozcan y lo traten. Las personas que tienen el capital político para realizar esta tarea son bienes escasos, en este contexto tienen mayor importancia figuras como el presidente municipal, el diputado local, o el empresario poderoso.

Las respuestas del sistema político, a su vez, pueden asumir múltiples formas; enviar una señal simbólica, argumentar la imposibilidad de solución, crear nuevas instancias encargadas, establecer un procedimiento formal para el tratamiento del problema, atacar el problema en su superficie, y por último, tomar la demanda realmente en serio.

Hay dos supuestos claves en este análisis del surgimiento del problema; primero, hay una pluralidad de intereses en conflicto que tratan de llevar diferentes problemas a la arena política, y segundo, la autoridad política participa y modifica el juego de intereses a través de sus intervenciones.[52]

Si la justicia imparcial implica decisiones públicas razonables, entonces la autoridad deberá vigilar que todo este proceso se realice de la forma más "limpia" posible; escuchando seriamente a todas las partes en conflicto, procurando información suficiente y adecuada, estudiando las posibles respuestas y sus consecuencias, estableciendo en su caso un auténtico mecanismo que promueva la solución del problema y procediendo a la ejecución y evaluación de la política.

Por otro lado, en un contexto en que se sospeche seriamente que estos procesos están viciados por las desigualdades de poder de los participantes, se puede recurrir a la justicia de trasfondo (constitucional o procedimental) como la instancia adecuada para generar los consensos que rompan con el exceso de conflicto existente.

3. La decisión pública: ¿racional o persuasiva?

Hay básicamente dos enfoques acerca de cómo se toman las decisiones públicas, cada uno con sus ventajas y desventajas.

Primero que nada, en el enfoque racional se ve a la decisión política como un problema técnico, en el cual las autoridades públicas encuentran la política que maximiza alguna función objetivo tomando en cuenta las restricciones existentes. Se trata de un enfoque que, en el mejor de los casos, es estratégico, pero no va más allá de la racionalidad entre medios y fines.

La ventaja principal radica en tener un modelo que nos brinda una solución o conjunto de soluciones más o menos concretas. La gran desventaja es que en los problemas reales no se conocen con precisión los fines, tampoco las restricciones y menos se dispone de todo el tiempo e información del mundo para llegar a una solución racional.

Charles E. Lindblom, en un conocido ensayo clásico[53], descalifica este primer método por su falta de pertinencia:

Para problemas complejos...se le puede describir, pero no se le puede utilizar más que para problemas relativamente simples y aún así sólo en forma modificada. Supone capacidades intelectuales y fuentes de información que los hombres simplemente no tienen, por lo que es absurdo emplearlo como enfoque para elaborar políticas cuando el tiempo y el dinero que se pueden asignar a un problema de política son limitados.[54]

En el fondo de esto se encuentra la distinción entre lo técnico y lo práctico; idealmente las decisiones técnicas se dan en un contexto estable, en que se conocen bien los fines y las funciones a maximizar, mientras las soluciones prácticas dependen estrechamente del contexto particular del problema.

En este sentido se ubica la contribución de Giandomenico Majone:

Éstos y otros defectos del análisis de políticas están genéticamente relacionados; resultan de una visión no sólo de las políticas sino también del análisis, tan difundida entre analistas y legos que merece llamarse "visión recibida" o comúnmente aceptada. Dos de sus tesis revisten importancia singular. Primero, la hechura de políticas es igual a la toma de decisiones; segundo, el propósito del análisis es aportar hechos y pruebas en vez de evidencia y argumentos. Estos dos supuestos tienen consecuencias perjudiciales porque han privado a los analistas de una variedad de enfoques necesarios para enfrentar exitosamente los múltiples problemas que encaran los responsables de elaborar las políticas.[55]

En cuanto a la primera tesis, hay que reconocer que las políticas son diferentes de las decisiones aisladas, son más amplias que una decisión legislativa o un reglamento administrativo. Las políticas tienden a recrearse a sí mismas, se solidifican y sintetizan la acción gubernamental, además de que dependen del enfoque del analista. En cambio una decisión es algo más concreto, que sólo puede ser realizado en un contexto conocido, a la manera de los ejemplos de los maestros universitarios; dados ciertos supuestos, datos predefinidos, con alternativas fijas y un modelo de síntesis que da origen a resultados comparables entre los diversos cursos de acción.

En cuanto a la segunda tesis, las políticas se prueban por argumentación más que por demostración; hay que convencer a los demás de que mi política es el mejor curso de acción y para ello se persuade con las pruebas que se creen favorables al caso. Hay que desarrollar argumentos convincentes para cada política, apropiados para la conversación intersubjetiva y elaborados en función del auditorio al que van dirigidos. En palabras de Majone: "los responsables de las políticas necesitan, además de análisis prospectivo (predecisión), análisis retrospectivo (posdecisión)".[56]

Majone distingue las características del enfoque persuasivo o argumentativo para distinguirlo de un análisis arbitrario del problema:

El argumento es el eslabón que enlaza los datos y la información con las conclusiones de un estudio analítico. La estructura del argumento será, normalmente, una mezcla compleja de declaraciones factuales y de evaluaciones subjetivas...Cualquier prueba que se haga debe confiar en una variedad de normas profesionales que corresponden a los diferentes métodos analíticos empleados, debe confiar también en la plausibilidad y fuerza de los resultados y en los criterios compartidos de adecuación.[57]

Lindblom, por su parte, señala que existen dos enfoques para la elaboración de las políticas públicas: el científico y el estratégico. En el primero se tiene confianza en la mente humana y su capacidad para comprender la complejidad del mundo social. Así, los pasos para la elaboración de las políticas públicas se parecen a los de la iniciativa científica; se identifica el problema, se estudian las posibles soluciones, se examinan las soluciones alternativas y se procede a una elección final. En cambio, el modelo estratégico subordina el análisis a la interacción social y recurre a la simplificación por prueba y error reconociendo las restricciones existentes en un dado contexto, todo ello enmarcado dentro de un universo pluralista de valores: la sociedad debe encontrar las "buenas políticas" a través de la competición de ideas.[58]

Parece que cada uno de estos modelos encubre una forma ideológica diferente de ver la política; en un caso como resultado de las decisiones de una autoridad centralizada que nos dice objetivamente lo que debemos hacer, en el otro, por medio de la competencia entre grupos en pugna en que ninguno tiene la auténtica verdad. De hecho, aquí se reproduce en un contexto diferente la discusión entre los dos modelos básicos de la justicia: el racional y el convencional.

El análisis de políticas debe incluir racionalidad, esto es, deben preferirse las mejores políticas después de un cuidadoso análisis de las diversas alternativas existentes, realizado con el mayor conocimiento posible. Pero al mismo tiempo debe responder al entorno social correspondiente, porque incluso las políticas mejor pensadas y analizadas no son legítimas si no respetan la pluralidad de los valores sociales. Cierto que a veces es difícil saber quien tiene la verdad acerca de la mejor política, pero tampoco eso significa que debamos renunciar del todo a la búsqueda de los ideales racionales para sumergirnos en una lucha de intereses sin cuartel, en que nadie tiene una respuesta superior a la de los demás.

Por último, recuérdese nuevamente que tal discusión es válida en el contexto del análisis de políticas públicas, pero es mucho menos válida al nivel de la justicia de trasfondo, la constitucional, que deberá ser discutida en un entorno más razonable, con énfasis en el consenso y en detrimento del disenso. De nuevo, todo esto significa que sin el logro del consenso de base, los riesgos de injusticia social se elevan considerablemente.

4. Los diferentes actores y su capacidad de influencia.

Reconociendo que la mayor parte del tiempo las políticas públicas se deciden por "la política", esto es, el juego de poder entre bandos que se presionan y convencen unos a otros, debemos considerar los diversos actores posibles, así como su capacidad de influencia.

Normalmente, incluso en las democracias, los ciudadanos no son los que deciden la mayor parte de las cuestiones políticas, sino que delegan la autoridad a otras personas, en especial, al Presidente y a los legisladores.

El Presidente posee una gran cantidad de funciones y prerrogativas que le asigna la constitución, aparte de que en la práctica política se le ve como una figura líder para llevar a cabo la política del gobierno. Su capacidad de influencia varía entre diversos países, pero en particular en el caso mexicano su poder es tan grande que incluye normas no escritas. Incluso muchas veces, con base en el control del poder legislativo, el Presidente tiene garantizada de antemano la aprobación de los proyectos de ley que expide. Los presidentes tienen una gran importancia para explicar la política pública concreta, pues quieren imprimirle un sello propio a la administración e incluso a veces quieren escribir su nombre en el libro de la historia.

El poder legislativo se hace cargo de gran cantidad de proyectos de ley, por lo cual tiene que delegar sus funciones en comités legislativos, que tienen una determinada área o sector de influencia. Por lo general, sólo una muy pequeña parte de los proyectos de ley que se someten a los comités logran ser presentados en las Cámaras. A su vez, los comités pueden organizarse en subcomités para los fines prácticos de división del trabajo legislativo.

Puesto que los legisladores representan a los partidos políticos, la política general de los partidos, o bien, los mismos líderes de partidos, pueden tener una decisiva influencia sobre las políticas públicas. Esto se logra por medio de favores mutuos; facilitando el acceso a puestos claves en las Cámaras, definiendo la agenda de asuntos a tratar y controlando la información clave para la toma de decisiones.

Todos estos elementos reducen el control ciudadano sobre las políticas, puesto que entonces el proceso sustituye a la demanda directa:

El modo en que efectúen la elaboración de las políticas los cargos públicos electos dependerá de la estructura de las normas, de las relaciones de autoridad, de los procedimientos y de las organizaciones que medien entre ellos y el efecto que ejerzan en las políticas.[59]

Habría que sumar el papel fundamental que cumple el sistema burocrático en la elaboración e implementación de las políticas. Los poderes ejecutivo y legislativo normalmente establecen criterios generales de política, pero la labor de especificarlos y convertirlos en acciones concretas quedará en manos del sistema burocrático:

Si pudiéramos enumerar todas las acciones de elaboración de políticas de un sistema político; los intentos de persuasión, los acuerdos alcanzados, las amenazas, las promesas efectuadas, las órdenes autoritarias dadas o recibidas, y otras similares, descubriríamos que, así definida, la elaboración de políticas quedaría abrumadoramente en manos de la burocracia, dejando muy pocas posibilidades a determinar en otro sitio. Aunque el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial establecen algunas de las más importantes políticas, la burocracia establece la mayoría de ellas...[60]

Por ejemplo, el legislativo puede ordenar que se realicen planes de desarrollo urbano; pero los criterios de política que se apliquen quedarán en manos de los burócratas a los que correspondan los programas que tengan mayor incidencia en el desarrollo urbano, además, los funcionarios tendrán que negociar entre sí; para establecer permisos de construcción, para reorganizar los servicios municipales, para incentivar el empleo en ciertas áreas, e incluso para reorganizar el tránsito urbano.

Tal vez en algunas áreas de mayor importancia el legislativo podría ser más explícito respecto a las políticas concretas a seguir, pero en una abrumadora mayoría de los casos se verá obligado a sólo plantear líneas generales, dadas las dificultades de tiempo e información. A menudo incluso, los legisladores basan sus decisiones en la información y consulta que obtienen de la misma administración pública, cuyos funcionarios aprovecharán la oportunidad para influir en los proyectos de ley.

La verdad es que los poderes ejecutivo y legislativo, menos aún el judicial, no cuentan con los recursos para llevar a cabo los programas de gobierno, su papel es más de orientación general y menos de aplicación concreta.

En una economía de mercado habrá de reconocerse también que los empresarios tienen una mayor influencia en la política pública que otros grupos sociales; ello se deriva inmediatamente de su control sobre el capital económico existente, de tal manera que la construcción de nuevas fábricas, los salarios, el empleo y la disponibilidad de bienes de consumo de todo tipo dependen de la conducta empresarial. Los funcionarios gubernamentales saben bien esto y se dan cuenta de que quedar mal con los empresarios puede significar un desorden tal que ponga en riesgo la misma paz social. Los gobiernos saben que los empresarios estarán requiriendo de indulgencias, beneficios, privilegios e incentivos a la empresa. A su vez, el ciudadano común tiende a ver estos favores como normales, en la medida que ha sido adoctrinado para aceptarlos.

Por otro lado, las empresas intervienen en la formación de los grupos de interés, en los partidos, y en el financiamiento a las campañas. Puesto que tienen el poder económico, pueden influir en lo político, brindando recursos a aquellos que promoverán sus intereses.

Los temas básicos que corresponden a la estructura del gobierno y la economía quedan generalmente fuera del control de los ciudadanos, que son persuadidos por ambos grupos de poder a aceptar la autonomía de los empresarios, no entrometerse con la distribución del ingreso o del empleo, no presionar por aumentos salariales y no pedir aumentos al impuesto a las ganancias, entre otros temas afines.

Los medios de comunicación, en especial la televisión, cumplen una tarea primordial en el control de las opiniones ciudadanas. Se dice que una mentira repetida mil veces puede convertirse en verdad; la televisión favorece el pensamiento confuso, prefiere a los exagerados y charlatanes por sobre la gente que piensa de manera clara y ordenada.[61] Muchas veces la opinión ciudadana común no es más que una caja de resonancia de este entorno, no se le enseña al ciudadano a pensar por sí mismo sobre los temas públicos.

Por fin, el ciudadano común es sólo el último eslabón en una cadena de influencias piramidales. Antes que él están los grupos de interés, que organizan los intereses en una causa concreta para llamar la atención de los gobernantes hacia problemas particulares. Aún así el término "grupo de interés" no es del todo preciso, pues muchas veces más bien hay una persona o pequeña élite detrás del grupo de interés.

Si, como vimos, el análisis de políticas es limitado, de alguna manera los grupos de interés son necesarios para reducir la complejidad de las políticas, son una fuente de información clara acerca de ciertos temas, aunque no siempre representen bien la opinión del ciudadano común. En suma, si bien los grupos de interés son necesarios para dar sentido a la diversidad social y por tanto ayudan a crear intereses comunes, pueden al mismo tiempo ser malos representantes de dichos intereses y crear desigualdades políticas.

El grupo de interés puede entenderse mejor como un recurso estratégico para influir en el juego de las políticas públicas. Las reglas del juego tal vez exijan que todo interés que quiera ser tomado en serio deberá organizarse en un grupo: "si no tienes equipo, estás fuera del juego". El grupo de interés también puede influir a los funcionarios o legisladores con la amenaza de no brindar fondos o no participar en las campañas electorales, o en casos aislados, por medio del control directo del voto.

Pero nadie puede garantizar que un conjunto de grupos de interés sean equivalentes a la opinión ciudadana en general; algunos grupos tendrán una influencia exagerada, mientras otros prácticamente ninguna, e incluso la influencia estará en función del poder económico de cada grupo. Aún más, muchos intereses no logran organizarse como grupo por falta de dinero o tiempo para llevar a cabo su causa.

En suma, los grupos de interés más bien funcionan como contrapeso a las decisiones públicas; influyendo en ellas, bloqueándolas y creando un clima de mayor pluralismo, pero lo hacen a costa de limitar aún más el control directo de los ciudadanos sobre las políticas.

Son inocentes en el mejor de los casos, o cínicos en el peor de ellos, los que piensan que este juego de intereses mutuos puede legitimar una democracia; está claro que hay personas, grupos e instituciones que disponen de un poder desmedido para conducir o influir sobre las políticas públicas, de tal manera que muchos aprovecharán el juego en su propio provecho, mientras gran cantidad de posibles demandas se quedarán en el camino, o ni siquiera merecerán atención.

Están faltando mecanismos para hacer más humana la toma de decisiones, de hecho, están faltando los criterios de la justicia como imparcialidad que podrían servir de contrapeso a la ventaja mutua.

5. El papel de la justicia imparcial.

Reconocida la necesidad de instituir criterios más imparciales en la toma de decisiones, lo que hace falta es especificarlos en mayor detalle. Éste es el objetivo al que dedicaremos el resto del presente ensayo.

El postulado básico de la justicia imparcial es la existencia de un sentido de obligación que guía nuestras acciones en sociedad. Tenemos que recurrir a los criterios independientes de decisión; aquellos que pueden ser defendidos razonablemente frente a las objeciones de los demás. Para ello no es necesario recurrir a un sentido del bien específico, sino a nuestras intuiciones básicas sobre lo que la justicia exige en un dado contexto histórico y social.

Muchos piensan que esto nos lleva necesariamente a una visión formal de la justicia, puesto que sólo sobrevivirán a la crítica los procedimientos puramente formales: cualquier contenido sustantivo será objetable y por tanto no se podrá asegurar. Defenderemos en esta sección que ello no es cierto; la justicia imparcial requiere de criterios sustantivos, el que no podamos asegurar cuales sean ellos por depender de las circunstancias concretas, o el tipo de bien público de que se trate, es un problema diferente.

Tal vez recurrir a un ejemplo sea ilustrativo. Partimos de que la legislación debería garantizar la existencia de un presupuesto adecuado para la realización de las diversas funciones del sector público. En el nivel general no hay mucho más que decir, pues cuáles sean los renglones o rubros del presupuesto sería una cuestión que correspondería decidirla a cada sociedad o sistema político, según sus circunstancias históricas, las preferencias de los ciudadanos, etc. Lo que se pretende asegurar en el nivel "procedimental" general es que haya una consistencia entre las pretensiones de la constitución y los recursos que se asignan a rubros diversos; si hay un compromiso serio con la educación, deberían otorgarse los recursos para llevar a cabo tal tarea.

Pero en el momento en que intentamos aterrizar la propuesta general, nos damos cuenta de que es necesario discutir acerca de un plan educativo a largo plazo, definiendo objetivos más específicos y el monto del presupuesto anual que correspondería; aquí se podría escuchar lo que la población tiene que decir al respecto, pero parece que en definitiva algún grupo de expertos tendría que realizar las tareas de planeación concretas para justificar las partidas presupuestarias correspondientes; por ejemplo se puede crear una comisión legislativa especial que le dé forma concreta a las leyes respectivas y esta comisión a su vez puede recurrir a los expertos sobre el tema, o alternativamente, la tarea puede ser asignada a los organismos gubernamentales correspondientes, que utilizarán burócratas competentes, los que a su vez se asesorarán de otros expertos y de la opinión ciudadana.

La justicia como imparcialidad norma en parte este proceso, puesto que las leyes que sean claramente discriminatorias en contra de ciertos grupos sociales o económicos pueden ser de inmediato rechazadas. La imparcialidad exige además, en términos positivos, que la ley garantice el acceso más o menos igualitario de las personas a las instalaciones educativas; no se debería permitir, por ejemplo, que haya muchas escuelas privadas para la formación de profesionales y al mismo tiempo no haya suficientes lugares en escuelas públicas similares que pudieran enfrentar la eventual demanda de alumnos con escasos recursos económicos, por tanto el Estado debería subsidiar, al menos en parte, tales planteles educativos. Tampoco se debería permitir que los mejores puestos de trabajo sean monopolizados por los egresados de las escuelas privadas; se podrían exigir ciertos procedimientos de ingreso en puestos públicos o privados que redujeran la discriminación respectiva, así como otros tipos de discriminación por raza, etnia, sexo o condición social.

Así, la justicia como imparcialidad sí tiene mucho que decir sobre los procedimientos con que se lleva a cabo la política pública, no obstante, pareciera que lo sustantivo se le escapa de las manos, pues no se puede afirmar, por ejemplo, que la justicia como imparcialidad exija que el 25% de los puestos de trabajo deberán ser ocupados por egresados de las escuelas públicas. Tampoco puede decir que X presupuesto tiene que ser asignado a la educación. Ningún porcentaje o monto X puede ser garantizado desde el punto de vista teórico.

No obstante, aquí hay un punto fino que nos permite superar la dificultad, al menos en parte. Una cosa es que la justicia como imparcialidad, como enfoque teórico, no pueda fijar criterios sustantivos y otra cosa, bien diferente, es que en una situación dada no los tenga que fijar. No se puede hablar de cuáles sean tales montos concretos, pero sí de la necesidad de que éstos se establezcan.

La necesidad de establecer los montos está bien sustentada bajo dos requisitos previos. Primero, que los otros dos niveles de la justicia; constitucional y procedimental, no estén suficientemente desarrollados, lo cual es la situación usual en la práctica. Por supuesto, el analista deberá constatar[62] previamente si la situación concreta de la sociedad garantiza suficientemente tal justicia de trasfondo, lo que es relativamente fácil de determinar siempre que partamos de otorgar el beneficio de la duda, esto es, de un sano escepticismo, por ejemplo, la misma existencia de una considerable desigualdad política y económica es una muestra de que la justicia de trasfondo es pobre, o no está cumpliendo su función.

Segundo, habría que constatar que el mismo curso de la política pública, a través de la labor y negociación de los burócratas, partidos políticos y grupos de interés, etc., no puede realizar la tarea de mantener las injusticias más o menos controladas. Lo usual es que, como acabamos de sugerir, no haya garantía de una buena representación del interés ciudadano a través de los mecanismos democráticos, por el contrario, las desigualdades políticas y económicas generan procesos de representación viciados.[63]

Por consiguiente, lo normal será que se requieran criterios sustantivos para garantizar la justicia imparcial en el nivel de la política pública. En el caso que nos ocupa, del presupuesto de la educación, podría fijarse un procedimiento que determine con claridad las personas que podrán participar en tal decisión, considerando los limitados recursos económicos y de tiempo de que se dispone para cada decisión. Como resultado de un proceso justo de deliberación, en que estén bien representados los diversos niveles territoriales, se podrá obtener una estimación de los montos presupuestarios que se requieren en las diversas etapas del programa educativo, así como criterios sustantivos para su distribución según rubros, regiones y otros elementos que se consideren relevantes.

Éste ejemplo puede llevar a confusión, en el sentido de que el proceso se tiene que realizar específicamente de esa manera. Pero lo que se quiere resaltar es que se necesita un proceso de decisión análogo a éste, si es que interesa de verdad la justicia como imparcialidad.

Toda la construcción, no obstante, parece derrumbarse ante otra objeción: la restricción global de recursos del Estado, aunque se sustente con claridad que se requiere X presupuesto educativo, simple y sencillamente los recursos existentes no alcanzan para llenar todas las necesidades de salud, vivienda, seguridad social, transporte, comunicaciones, deuda pública, etc. Pero aquí de nuevo los procedimientos salvan la dificultad, puesto que si previamente se ha determinado un nivel razonable de presupuesto global del gobierno, cada renglón tendrá que ser ajustado proporcionalmente a la restricción global de recursos.

Se podría todavía objetar que entonces cada comisión experta exagerará los requerimientos con el fin de aumentar su participación en el presupuesto global, pero ante ello la justicia como imparcialidad contesta que los participantes tienen que ser razonables, pues de otro modo sería imposible controlarlos. Cuanto más irrazonables sean las personas, menos justicia sustantiva se podrá alcanzar, incluso utilizando los mejores procedimientos. Ésta no es una objeción válida en contra del esquema aquí desarrollado, sino más bien un llamado general a la prudencia.

En resumen, la justicia como imparcialidad conlleva dos criterios básicos para normar la política pública. El primero, más formal, es garantizar que los procedimientos y políticas sean imparciales; revisando que no conlleven discriminación de ningún tipo y realizando aquellas acciones positivas que reduzcan la discriminación generada por los procesos económicos, sociales y políticos que prevalezcan en la sociedad de que se trate. El segundo criterio, más sustantivo, consiste en aplicar normas cuantitativas específicas, determinadas por los ciudadanos o sus representantes, para apoyar el logro de los objetivos de la sociedad en sus diversos sectores y niveles territoriales.

Cuando la justicia como imparcialidad se reduce a lo formal deja de servir como base sólida de referencia. La situación es similar, guardadas las proporciones debidas, a la de una persona que tiene claros sus objetivos de vida, pero no sabe qué hacer en concreto para realizarlos, diríamos entonces que le está faltando decisión. Así, tampoco al nivel de la sociedad como un todo podemos obviar la necesidad de dar contenido concreto a nuestros proyectos, al final, es ineludible el tomar decisiones y hacerse responsable por sus consecuencias. En la práctica hacemos lo más fácil, nos dejamos llevar por el curso de los acontecimientos y responsabilizamos de las fallas al sistema como un todo, a algún personaje particular, o a los accidentes naturales. Pero el auténtico remedio a nuestros males está dentro de nosotros mismos y la capacidad que tengamos para organizarnos como una sociedad con fines comunes concretos.

6. Procedimientos imparciales y política pública.

6.1 Presupuestarios.

El control presupuestal es uno de los principales mecanismos por medio del cual la justicia imparcial puede llevarse a la práctica. Primero que nada, hay que observar que las decisiones respecto al monto global del presupuesto y su composición no pertenecen propiamente a la política pública, sino a la justicia de trasfondo, puesto que una adecuada especificación de las categorías pertinentes (salud, educación, transporte, agricultura, industria, relaciones exteriores, deuda pública, etc.) y la importancia que se debe dar a cada una en el presupuesto global, es un requisito fundamental para evitar que la política pública sea controlada de forma arbitraria por sus diferentes actores, especialmente por los mismos poderes públicos.

La cuestión central aquí no es si un determinado gobierno quiere o no realizar determinadas acciones en diversos campos, sino algo mucho más general: ¿cuáles son los deberes básicos de un gobierno para con sus ciudadanos?. Esto permite partir de las razones básicas de ser de los gobiernos y no de las características peculiares de una dada administración pública y en ese sentido tiene más que ver con la justicia de trasfondo, que con la política pública propiamente dicha. El procedimiento adecuado para ello podría ser un diálogo público en que se alcance un amplio consenso social sobre los conceptos presupuestarios básicos y su importancia relativa, a la manera de una reforma constitucional. Los resultados obtenidos podrían ser revisables en plazos razonables, tal vez, cada diez o veinte años, en vista de los cambios en las circunstancias históricas y de la misma visión conjunta de los miembros de la sociedad. Es importante que se especifique también el mecanismo para la distribución de los recursos a estados y municipios en los sistemas federales y que las categorías controladas sean generales, puesto que de otro modo los gobiernos se quedarían sin margen de maniobra para realizar sus programas pues cada movimiento de un renglón presupuestal sería causa de impugnación judicial.

Ahora bien, el control presupuestal se puede realizar de manera concreta desde la perspectiva de la política pública y su proceso. Esto es posible, por ejemplo, si en el ejercicio de diseño presupuestal anual se incluye de manera más directa a los ciudadanos recogiendo sus opiniones sobre la importancia de los diversos rubros. Esto se tomaría como uno de los insumos del análisis; no obstante, sería fundamental recurrir a la opinión de expertos sobre los diversos temas, para poder fijar de manera más precisa las necesidades presupuestales de los diversos renglones; formando comisiones de consulta, manteniendo contacto con las comisiones legislativas y proporcionando la información suficiente, incluidos los tiempos adecuados para su análisis. Los procedimientos más concretos escapan a las posibilidades de este ensayo, pero de lo que se trata es de hacer más transparente el proceso de diseño de presupuesto; sacarlo de las oscuras oficinas de los gobiernos y ponerlo en términos de reglas claras y precisas, en que se incluya la participación ciudadana y de los expertos, con tiempos suficientemente razonables. Una vez definidos, de esta manera, los criterios generales dentro de cada categoría presupuestal, se podría recurrir a las oficinas técnicas gubernamentales para que continuaran con el resto del proceso presupuestal.

Hay varias objeciones que se pueden hacer a este planteamiento, por lo que a continuación procedemos a especificarlas:

a) Falta de tiempo y recursos: se haría más compleja y difícil la elaboración del presupuesto. La respuesta a esta objeción es que de poco sirve hacer un presupuesto barato que no refleje adecuadamente las necesidades razonables de los ciudadanos, sino las de la clientela política habitual.

b) El gobierno pierde demasiada autonomía. Esto es cierto en la medida que se identifique la autonomía con la decisión arbitraria; el gobierno será obligado a negociar con ciudadanos más o menos independientes que limitarán el margen de acción de aquél para mejorar la relación entre gobierno y sociedad.

c) Los problemas de asignación presupuestaria son técnicos y complejos, no se prestan a un análisis y discusión simple. Esto se aminora considerablemente en la medida en que nos limitamos a los criterios generales y abandonamos la noción racionalista de la política para ubicarnos en la versión persuasiva y argumentativa. Por ejemplo: el burócrata tendrá que presentar el problema en términos más entendibles para todos los participantes en la decisión, proporcionando la información pertinente.

d) Todo esto sería una pérdida de tiempo, de todos modos el gobierno hará lo que quiera hacer, después de cumplir con el requisito de la consulta. La respuesta a la objeción es que un buen procedimiento de control se juzga precisamente por su capacidad para obligar a modificar el comportamiento de las partes interesadas, cualquier control, incluso el más sofisticado, puede ser burlado por alguien que se lo proponga y cuente con el poder para hacerlo. Sin una suposición de buena fe de las partes todo control sale sobrando, pero un procedimiento bien diseñado es de gran ayuda para reducir los abusos en circunstancias normales de la vida, aunque no los pueda evitar del todo. Las misma resistencias de los burócratas sirven como prueba de que los controles, en definitiva, sí tienen alguna utilidad.

La gran importancia del control presupuestario radica en que nos obliga a ponerle números a la casa; en vez de dejar las discusiones en terrenos abstractos llevan de manera más directa a la decisión. Cierto que nos podemos equivocar al realizar la traducción de nuestros intereses en números, pero si aprovechamos este momento crucial para introducir las opiniones expertas y de los ciudadanos, al menos contaremos con una oportunidad para introducir los reclamos más urgentes, que de otra manera pueden ser obviados para conveniencia de los actores políticos más poderosos.

6.2 Dialógicos.

En definitiva es cierto que los controles presupuestarios, aunque efectivos, son insuficientes para frenar los abusos de las partes en conflicto. Por ello, es indispensable tener espacios para la discusión razonable sobre los problemas de la política pública y sus posibles soluciones.

Es útil hablar de dos niveles básicos para el análisis y desarrollo de los problemas públicos en un entorno dialógico: el académico y el de la participación ciudadana.

Desde el punto de vista académico se pueden identificar muchos problemas de política pública que requieren solución y que no surgirían con claridad si no existiera el espacio y recursos para su análisis. De lo que se trata aquí es de proveer recursos para la investigación, tanto teórica como empírica, de los diferentes temas y problemas posibles de las políticas públicas. Los estudios empíricos serían útiles por su potencialidad para llevar a generalizaciones teóricas bien fundadas, mientras la teoría sería el mecanismo por medio del cual se expondrían a la sociedad los temas más relevantes. Se requieren más congresos, más discusiones en los medios de comunicación sobre diversos temas, más investigadores en el campo, más plazas en el gobierno para especialistas en políticas públicas, así como el desarrollo de capital humano por medio de estudios de maestría y doctorado. Al mismo tiempo, se requiere de un orden suficiente para que no se desperdicien los talentos y que los esfuerzos puedan ser encaminados de manera más estable y ordenada hacia el desarrollo seguro del campo de interés.

Estamos partiendo de un gobierno comprometido con el estudio de las políticas públicas, puesto que reconoce que de esa manera sus esfuerzos podrán ser dirigidos de manera más adecuada al logro de sus fines. Aquí de nuevo habría que recordar que sin gente que esté interesada en el estudio de las políticas públicas muchos problemas jamás serán ni siquiera planteados en la arena política, puesto que nadie dispondría del tiempo y los recursos para convertir la búsqueda de su solución en una actividad rentable. El resultado de no otorgar estímulos al estudio y análisis sería, naturalmente, que sólo se tratarán los temas de los cuales la gente pueda sacar provecho de manera más o menos directa, por tanto, del reinado de la ventaja mutua por sobre la razonabilidad e imparcialidad de las demandas. Por dar un ejemplo, muy difícilmente se podrá formar un grupo de presión que haga suya la demanda por reducir las desigualdades de ingreso, en todo caso, la presión que realice tal grupo en la arena política no tendrá relación directa con la importancia del problema para la sociedad. Hace falta, por tanto, un entorno de análisis racional de las políticas públicas, que sólo puede ser garantizado por un gobierno comprometido, que brinde los espacios y recursos correspondientes a la importancia de los temas públicos.

Aquí un riesgo evidente es que las cosas se hagan a medias o sólo por cumplir simbólicamente, por ejemplo; con investigadores mal pagados, congresos en que no hay orden ni continuidad en las discusiones, programas de posgrado sin evaluación o retroalimentación, y poco énfasis en el análisis a la hora de elaborar e implementar las políticas públicas concretas. Precisamente ésta parece ser la situación usual en la práctica y por ello resulta clave su modificación por medio de políticas debidamente desagregadas y ordenadas.

El otro nivel fundamental es el de la participación ciudadana. Hemos visto que sin una ciudadanía fuerte, que pueda cuestionar al gobierno, que esté informada, que sea educada y que pueda organizarse para realizar demandas, el proceso de elaboración y desarrollo de las políticas públicas se encontraría viciado en favor de los grupos de poder más significativos. Difícilmente se puede revertir del todo la realidad de "la política", pero sí se puede hacer mucho por mejorar la participación ciudadana informada y responsable.

Hay que fortalecer los canales y espacios por medio de los cuales los ciudadanos discuten y razonan acerca de los problemas fundamentales que los agobian, por ejemplo, apoyando las juntas de vecinos y la conformación de comités para resolver determinadas problemáticas. En la medida que se fomenta un ambiente estable y agradable para la discusión y el diálogo, se evita que los oportunistas y demagogos se apropien de los espacios políticos. Aquí habría que estudiar más a fondo los motivos que alejan a los ciudadanos de tales actividades de discusión colectiva y tratar de buscar los estímulos que los regresen al diálogo, pero parece claro que las señales que envíe el mismo gobierno al respecto son fundamentales; hay que incentivar apoyando las demandas de quienes se organicen por estos cauces, brindar los espacios físicos para la discusión y facilitar los permisos para ausentarse del trabajo cuando se trate de realizar tareas comunales.

Por otro lado, no hay sustitutos para una discusión inteligente. Si dentro de las juntas vecinales reina la irracionalidad, la competencia entre grupos, la mentira, etc., no se podrá legítimamente exigir a nadie que participe en ellas; ésta es una cuestión de cultura política, que requiere de una educación adecuada y de acostumbrarse a la discusión inteligente. Está claro que todo esto no se puede lograr de la noche a la mañana; es un largo proceso de cambio cultural que pretende que el respeto mutuo y la tolerancia sean la base de toda discusión.

Aquí también los vecinos pueden nombrar sus representantes para participar en discusiones políticas de más amplio nivel; por lo cual las juntas vecinales podrían servir para fortalecer las virtudes políticas de los ciudadanos y así promover una mejor representación en otros niveles de la actividad política.

Otro mecanismo para incrementar la participación política se encuentra en el mismo proceso de diseño e implementación de las políticas públicas por parte de las instituciones públicas. Deben otorgarse espacios auténticos para tomar en cuenta las demandas de los ciudadanos en los diferentes campos de interés. Si se dispone de recursos públicos pa
Admin · 1072 vistas · Escribir un comentario
Categorías: Primera categoría

Vínculo permanente hacia el artículo completo

http://justiciasocial.hazblog.com/Justicia-Social-b1/JUSTICIA-IMPARCIAL-Y-POLITICA-PUBLICA-b1-p10.htm

Comentarios

Este artículo no tiene Comentario por el momento .....


Escribir un comentario

Estatuto de los nuevos comentarios: Publicado





Se mostrará tu URL


Por favor introduce el código contenido en las imágenes.


Texto del comentario

Opciones
   (Salvar el nombre, el mail y la URL en los cookies)


  

Calendario

Junio 2017
LunMarMierJueVierSabDom
 << < > >>
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Anuncio

¿Quién está en línea?

Miembro: 0
Visitante: 1

rss Sindicación