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Justicia social razonable, deliberación y reglas del discurso práctico (1/4)

21 Avr 2012 - 17:08:36







 





Este capítulo pretende establecer las
relaciones básicas entre los principios de la justicia social, el concepto de
razonable o recíproco, la deliberación y las reglas del discurso. Las temáticas
involucradas cubren un espectro muy amplio, por lo que nuestra finalidad
concreta deberá limitarse a la presentación de la estructura de las relaciones
respectivas, haciendo énfasis en la vinculación entre los conceptos, más que en
las profundas controversias que podrían acarrear.





 





El contexto del trabajo consiste en la
presentación sintética de un conjunto de temas que consideramos interesantes y
que cuentan con el apoyo suficiente de investigación básica dentro de la línea
de investigación respectiva del IIESES de la Universidad Veracruzana, bajo la
denominación: “Justicia, elección social y política pública”.





 





No pretendemos la exposición
sistemática y rígida de una teoría completa de la justicia y la deliberación,
puesto que ello iría en detrimento de las mismas tesis aquí expuestas. En
cualquier caso, la importancia de la temática de la justicia y la deliberación
justifica el interés por presentar nuestras ideas al respecto, además de
ofrecer a los lectores conceptos novedosos que puedan ser útiles en su vida
diaria pública y privada.





 





1. Justicia social.





 





La justicia es una propiedad que
asignamos a ciertas cosas. De la misma manera que decimos que algo es blanco,
podemos decir que algo es justo. Es cierto que resulta difícil establecer lo
que queremos decir cuando nos referimos a la justicia, pero ello no se origina
en un misterio tan grande como habitualmente se presume.





 





El terreno que se
considera más propio de la justicia es el de las normas sociales
. Cuando uno piensa en la justicia se refiere a las normas sociales
justas. En este sentido restringido, pero a la vez suficientemente compartido y
general, se puede decir que la justicia es un concepto universal. Al quedar
excluida la justicia como virtud personal, no habría diferencia entre la justicia y la justicia social. Así que la justicia
social queda referida a la justicia de las normas sociales.





 





Cuestión aparte es porqué el concepto
de justicia social ha sido secuestrado para designar diferentes cosas, como la
lucha por la desigualdad social o el análisis de la repartición de los costos y
beneficios económicos y sociales, lo que no niega que éstos sean temas
relacionados con nuestra discusión.





 





Si la justicia social se refiere a la
justicia de las normas sociales, se desprende la pregunta: ¿qué significa que
una norma social sea justa? Aquí puede haber muchas respuestas, pero la que
parece más fuerte es que el apelativo
"justo" se refiere a que la norma es razonable desde una perspectiva
imparcial, esto es, es defendible ante los demás por motivos diferentes, o que
van más allá, del puro interés personal o de grupo. Un buen argumento, en este
sentido, es un argumento razonable
, o que es compartible con los demás
porque les resulta convincente tanto por su forma como por su fondo.





 





2. Principios
ideales fundamentales que sustentan la primacía de lo razonable.





 





2.1. Reciprocidad.





 





¿Por qué tenemos que dar justificaciones a los demás?





 





Podemos partir del principio de reciprocidad según lo presentan Gutmann y Thompson. La
reciprocidad consiste en que
 los
ciudadanos se deben mutuamente justificaciones por las leyes y políticas
públicas que promulgan colectivamente. El objeto de una teoría que pretenda
tomar en serio la reciprocidad es el de ayudar a la gente a buscar el acuerdo
político sobre la base de principios que puedan ser justificados a los otros,
quienes comparten la finalidad de alcanzar dicho acuerdo.
[1]





 





La justificación mutua no significa ofrecer cualquier razón, sino
proveer razones que constituyan una justificación para imponer leyes a otros.
Definir qué razones cuenten o no, resulta ser un asunto claramente sustantivo,
por eso las justificaciones que pretendan basarse en el interés de un grupo o
de la mayoría no son suficientes.
[2]





 





Para muchos políticos, por el contrario, es normal aplicar el principio
que dice: “en la política todo se vale”. Pero desde la perspectiva aquí
defendida tal punto de vista sería inaceptable y reprochable, puesto que las
negociaciones políticas contienen elementos de compromiso e incluso de chantaje,
que en vez de fundarse en el contenido de las normas o temas que se discuten,
se fundan en negociaciones debajo de la mesa, o inclusive, en el intercambio de
favores. Este tipo de acciones políticas, que resultan tan comunes en la
práctica, no son negociaciones deliberativas, puesto que no respetan el
principio de reciprocidad tal como aquí se define. Es importante insistir en
tales distinciones, puesto que en la literatura existente, así como en los
medios de comunicación, se ha generalizado la idea de que las prácticas comunes
son automáticamente justificadas, por ejemplo, con la expresión: “la democracia
tiene deficiencias, pero es lo único que tenemos”.





 





La relación entre la democracia deliberativa y la
reciprocidad es clara y contundente. La democracia supone la reciprocidad en
muchas de sus variantes: liberal, constitucional, procedimental o deliberativa,
no obstante, es precisamente la democracia deliberativa la que le otorga el
papel central a la reciprocidad.





 





Según Gutmann y Thompson se pueden señalar tres principios derivados que
darían contenido a la democracia deliberativa: libertades básicas,
oportunidades iguales y oportunidades justas. Todos están conectados con el
principio básico de la reciprocidad.
[3]





 





La reciprocidad no es un primer principio desde el cual el resto de la
justicia se deriva, más bien  es un
principio regulativo que cumple dos roles diferentes.





 





Primero, guía al pensamiento en el proceso en marcha en el cual los
ciudadanos y los teóricos consideran lo que la justicia requiere en el caso de
leyes particulares en contextos específicos. Esto es, cumple la función de dar
contenido a lo que se considera razonable.





 





Segundo, muestra la necesidad de otros principios para llenar el
contenido de una teoría de la justicia social deliberativa. La reciprocidad
apunta a la necesidad de desarrollar principios como la publicidad, la
transparencia, las libertades básicas, las oportunidades iguales, las
oportunidades justas, y otros, que son necesarios para la justificación mutua
de las leyes en un proceso práctico.





 





Así, el proceso de “dar razones” es necesario para declarar que las
leyes no son sólo legítimas, sino también justas. Gutmann y Thompson hacen una
analogía con la ciencia diciendo que la reciprocidad es a la justicia, en ética
política, lo que la replicación es a la verdad en la ciencia.
Un descubrimiento de justicia en ética política requiere reciprocidad, lo que
llama a la deliberación pública.
[4]





 





La utilidad de la deliberación se refleja especialmente en la
justificación de una decisión que combine hechos o evidencias con evaluaciones,
puesto que parece el medio más idóneo para combinar ambos tipos de factores,
por ejemplo, una perspectiva legalista resultaría limitada al no poder
incorporar con claridad aspectos políticos, culturales o emotivos.





 





El principio de reciprocidad no se refiere a considerar, en forma
exclusiva, aspectos procedimentales o sustantivos. En la práctica, la
reciprocidad tiene que considerar ambos aspectos de forma simultánea, no sólo
porque así deba ser, sino porque la separación entre procedimiento y sustancia
puede ser muy difícil, e incluso inducir a errores. Muchos procedimientos
suponen una forma de interpretarlos, están estrechamente relacionados con un
contexto teórico o una concepción de la realidad, lo cual incluye aspectos
sustantivos.





 





Supongamos que estamos frente a un procedimentalista puro. Resultará
difícil que pueda defender su posición teórica usando como base exclusiva los
mismos procedimientos que su teoría supone, tendrá que recurrir, a últimas, a
algún valor sustantivo o norma fundante de su concepción. Tampoco podrá
explicar fácilmente porqué su conjunto de procedimientos es el único correcto.
Por fin, no se puede justificar la tiranía, con base en procedimientos, ante
las personas que son afectadas por dicha tiranía, puesto que las decisiones de
los tiranos afectan profundamente la forma de vida de la gente.





 





Aunque hemos partido del principio de reciprocidad
como el más claro y significativo, también se puede fortalecer nuestro punto de
vista desde otras perspectivas similares
, a las que llamaremos “principios análogos a la reciprocidad”, o de manera más contundente:
“principios ideales razonables”. Desarrollamos a continuación tres principios
adicionales que parecieran ser los más adecuados: defensa de la autonomía,
igual consideración y respeto, y 
ausencia de dictadura.





 





2.2. Defensa de la autonomía.





 





La defensa de la autonomía, o principio de neutralidad, significa que
nadie tiene derecho a establecerse como la máxima autoridad de una sociedad
afirmando que tiene un conocimiento privilegiado del bien moral y político,
conocimiento al que los demás no tenemos acceso. Según Bruce Ackerman, una
estructura de poder es ilegítima si se justifica mediante una conversación en
la cual una persona o grupo tiene que afirmar que ella o ellos son la autoridad
moral privilegiada. De aquí se sigue que ninguna
razón es una buena razón si requiere que el poseedor del poder afirme:





 





a) Que su concepción del bien es mejor que la
concepción del bien sostenida por cualquiera de sus conciudadanos; o





b) Que, independientemente de su concepción del
bien, él es intrínsecamente superior a uno o más de sus conciudadanos.
[5]





 





Aunque todos los ciudadanos pueden tener una diferente concepción de lo
que significa la vida buena, ninguno debe afirmar una superioridad manifiesta
ante los demás.





 





Hay muchas caminos por lo que se puede llegar a la conclusión de que un
Estado liberal debe respetar dicha autonomía. Por ejemplo, se puede sugerir que
para llegar a conformar una buena visión de la vida es necesario poder
experimentarla libremente, esto es, sin que ningún “maestro” le imponga a uno
la visión que debería tener.





 





Otra forma de llegar a la autonomía es afirmar que a nadie se le puede
forzar para llevar una vida buena, puesto que tal idea sería contradictoria con
la misma definición de la vida buena. Las vidas buenas tienen que ser
autónomamente aceptadas por las personas.





 





Por fin, alguien puede sostener que conoce lo que es una vida buena para
todos los demás, y que su convicción resulta tan segura que incluso estaría de
acuerdo en forzar a los demás a que acepten la “salvación
eterna”
. Sin embargo, encontrará dificultades para decidir a quién o a
qué institución encargarle tan difícil empresa, puesto que es bien sabido que
el exceso de poder corrompe. Así, por una vía diferente, puede llegar a la
defensa de la autonomía como la mejor forma práctica de reconocer la
importancia de la diversidad e impedir los peligros de abuso.





 





Según Ackerman, la autonomía estaría protegida por la profundidad de
nuestra cultura interior, a la cual podemos llegar por caminos o hilos muy
diversos, según nuestra forma de entender la buena vida.
[6]





 





2.3. Igual consideración y respeto.





 





Ronald Dworkin
parte del derecho a igual consideración y respeto, el cual se supone poseen
todos los hombres que procuran vivir bajo la justicia y la paz. Este derecho no
emerge del contrato social, sino que es un supuesto del diseño de éste que, por
consiguiente, es inviolable. Su teoría está estrechamente relacionada con la
defensa de los derechos humanos.





 





Los derechos
individuales a diferentes libertades sólo deben ser reconocidos cuando se puede
demostrar que el derecho fundamental a ser tratado como igual los exige. Así
cada libertad se defiende de forma independiente a las demás. Por ello no
existirían los derechos al libre uso de la propiedad o a la libre contratación
de los patrones como pretenden muchos juristas. Por ejemplo, el derecho de las
personas a utilizar libremente su propiedad puede ser suspendido por utilidad
pública o porque su uso o falta de uso privado causa daños a terceros. Lo mismo
puede decirse respecto de una presumible libertad de contratación, la cual
entra en conflicto con el derecho de las personas a no ser discriminadas.





 





Sostiene Dworkin, respecto al derecho fundamental a igual consideración
y respeto, que el gobierno debe tratar a sus gobernados con consideración, esto
es, como seres humanos que sienten, son capaces de sufrir y frustrarse. Pero
también debe tratarlos con respeto, esto es como seres humanos que son capaces
de formarse y actuar conforme una concepción inteligente de cómo deberían vivir
sus vidas. Pero no sólo eso, sino que el gobierno debe tratar a las personas
con igual consideración y respeto, en este sentido no debe distribuir bienes u
oportunidades de manera desigual, con base en que algunos ciudadanos tienen
derecho a más por ser más dignos de consideración. Tampoco debe afectar la
libertad con base en que la concepción de lo bueno de un ciudadano sea mejor que
la de otro. Estos postulados, tomados juntos, son los que establecen la
concepción liberal de la igualdad.
[7]





  





Cuando las constituciones conceden el derecho de voto a todas las
personas de la comunidad, en realidad se usa el criterio de igualdad en un sentido
absoluto, esto es, todos somos tratados como iguales, asignándose el mismo
valor al voto de cada quién, por tanto se respeta el principio de igual
consideración y respeto, al menos en términos formales. Pero éste posiblemente
sea el único caso de coincidencia entre la democracia real y la teoría liberal,
pues cuando se dice que es válido someter a los ciudadanos que protestan, con
el argumento del beneficio del orden público o bien común, no se les está
proporcionando la igualdad de consideración y respeto que merecen. También,
cuando se discute una ley y nada más se considera la opinión de los diputados,
mientras muchos grupos podrían ser afectados por la política correspondiente,
muchas veces no se considera seriamente su posición. Así, se puede mostrar de
manera general que las constituciones modernas no reconocen el derecho a igual
consideración y respeto de los ciudadanos, y si Dworkin tiene razón, en
consecuencia, no se reconoce propiamente el derecho a la libertad. La base
sustancial de la libertad se encuentra en el derecho a una igualdad
constitutiva básica, no en el derecho a la libertad en abstracto.
[8]





 





Se concluye la primacía del principio de igual
consideración y respeto, por su énfasis en los aspectos igualitarios. Éste
resulta superior a otros principios engañosos acerca de la libertad,
criticables por tener carácter subjetivo, y por no poner límites razonables a
las preciadas libertades, lo que permite que se especifique lo que se entiende
por la buena vida, abriendo la puerta a todo tipo de arbitrariedades. En
nuestro enfoque razonable y deliberativo, por el contrario, se protege el
derecho a igual consideración y respeto, al mismo tiempo que se ponen límites
más claros a la idea de libertad, pues toda proposición deberá ser justificable
ante los demás en términos imparciales, lo que bloquea muchos de los usos
abusivos del concepto de libertad.





 





El
problema de la limitación de la libertad no consiste en que la ley la
restrinja, sino en si el ataque está o no fundamentado en virtud de algún valor
como la igualdad, la libertad o el bienestar públicos.
Es
el salto de la libertad negativa a un concepto más amplio, el de libertad como
independencia, el ser una persona independiente e igual más que una
subordinada. Por ello hay leyes contra el homicidio y
el monopolio, que protegen nuestra libertad.
Por ejemplo, sería un error
el suponer que hay que defender el derecho a la libertad del empleador para
contratar obreros, en los términos en que a dicho empleador le convengan. Los
grupos radicales cometen un error similar al confundir los efectos nocivos del
capitalismo con los del liberalismo, culpando a los derechos individuales de la
injusticia social.
[9]





 





Un Estado auténticamente liberal tiene al menos un compromiso muy
específico con la sociedad, en el sentido de mantener la igualdad política de
sus ciudadanos, en el sentido de que incluso los ciudadanos más débiles tienen
derecho a la misma consideración y respeto de su gobierno que los ciudadanos
más fuertes. Tal concepción básica adquiere plena justificación como defensa de
los ciudadanos ante la tiranía del Estado, de allí que resulte esencial para un
pensamiento universalista que pretenda justificar el poder legítimo del Estado.





 





Ahora bien, se puede decir que un ciudadano tiene un derecho fundamental
frente al Estado, tal como el de libre expresión, de libertad física o de tener
alimentación, si tal derecho es necesario para proteger su dignidad, o es
congruente con las bases mínimas requeridas para merecer el trato de igual
consideración y respeto en relación a los otros ciudadanos.





 





Por tanto, en un Estado liberal que se precie de serlo, debe haber una
garantía real de tales derechos, éstos deben ser considerados con seriedad.
Así, cuando un Estado viola el derecho de libre opinión de alguien por una
razón tal como el "bien común" no nos encontramos con un conflicto de
derechos de igual nivel, en que el grado en que se ponga en juego el bien común
determinará el grado en que se respetará el derecho a la libre opinión, sino
que este último derecho resulta tan básico, que si significa realmente algo,
tendrá que ser respetado de manera absoluta.





 





Lo anterior garantiza, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a
oponerse de manera pacífica frente a las decisiones del gobierno, el cual no
deberá usar la fuerza bruta, ni siquiera con la justificación del "bien
común".
[10]





 





2.4. Ausencia de dictadura.





 





Aunque un gobierno
empiece con la intención de ser bueno y utilizar su autoridad sólo con el fin
de hacer mejor la vida de las gentes, por lo general, con el paso del tiempo y
el consiguiente abuso del poder, se ira transformando hasta terminar
traicionando sus intenciones originales. Las personas nombradas originalmente
para ayudar a alcanzar el bien común, pueden terminar por usar el poder de la
burocracia para espiar, torturar y hasta matar en nombre de sus intereses
egoístas. En un gobierno liberal, por el contrario, nadie tiene el derecho a
proclamarse como el único poseedor de la verdad. Así, aunque sabemos que
existen abusos en un gobierno liberal, dichos abusos se mantienen bajo límites
razonables gracias a la ausencia de dictadura.
[11]





 





Un gobierno
auténticamente liberal proclama la negación de las dictaduras en todas sus
formas, puesto que toda política pública tiene que estar preparada para pasar
el examen de ser defendible como razonable ante todos lo demás. Inclusive
cuando los poderes públicos, sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial y
más recientemente, la partidocracia y los medios masivos de comunicación,
empiezan a perjudicar sistemáticamente los intereses de la ciudadanía, esta
última tiene todo el derecho de oponerse a los abusos del poder y reclamar no
sólo que sea escuchada, sino que sea tomada en cuenta, incluso mediante el
último expediente de la desobediencia civil.





 





Esto no significa
que todo ciudadano tenga derecho de veto ante las acciones de los poderes
públicos, sino que las decisiones tienen que estar normadas por un uso del
poder razonable, defendible a través de las reglas del diálogo liberal.





 





Así también, esto
implica la negación de que la mayoría siempre tenga la razón, puesto que hay
decisiones públicas que pueden perjudicar seriamente a minorías o diversos
grupos de ciudadanos, poniéndolos en situaciones de abuso indefendible. Por
tanto, la negación de la tiranía de la mayoría es un principio consecuente con
nuestra oposición al abuso del poder.





 





3. Principios fundamentales de la justicia imparcial
y razonable.





 





3.1. Principios fundamentales razonables o recíprocos.





 





Es importante analizar los principios fundamentales
razonables o recíprocos, pues se trata de las tesis centrales de las
estructuras de la justicia imparcial y razonable que vienen a fortalecer la
defensa de nuestro enfoque de la justicia, dado que apuntalan la propuesta de
que éste tiene mayores alcances, generalidad y aplicabilidad respecto de otros
enfoques competitivos. Para ello sirven como ejemplo los mencionados
principios ideales razonables, tales como la
defensa de la autonomía, la igual consideración y respeto, o evitar la tiranía
de la mayoría
, que son perspectivas análogas o complementarias a la
reciprocidad.
[12]





 





Para continuar el análisis, pretendemos estudiar,
discutir y desarrollar un conjunto de
principios básicos para la vida social, que se encuentran inmersos en
las diversas teorías de la justicia existentes. La característica que enlazará
tales principios será el afán de considerar lo
razonable o recíproco como elemento central de la justicia imparcial. Todos
estos principios son análogos o complementarios al principio de reciprocidad,
lo que permite una perspectiva más generalizada, sin que la reciprocidad pierda
su papel central





 





Tales principios pueden ser entendidos de diversas maneras, como se
muestra en cada teoría de la justicia, pero nuestra pretensión esencial será
indicar pautas generales, a partir de las cuales, cada enfoque puede tener sus
características propias, que representan las diferentes concepciones
filosóficas y morales que existen en las sociedades modernas.





 





3.1.1. El
liberalismo político de John Rawls.





 





Esta teoría de la
justicia busca combinar al contractualismo con la justicia como imparcialidad
en un marco de principios razonables.  Parte
de una posición o situación original de
carácter hipotético en la que existe un conjunto de doctrinas acerca del bien
(pluralismo), hay un individuo representante de cada posición, y todos los
representantes tienen un “velo de la ignorancia” que les impide conocer las
doctrinas específicas que defienden. De aquí se derivan dos principios de
justicia.










El primer principio
señala que todos tendrán derecho al máximo de libertad compatible con lo mismo
para los demás (libertad de religión y conciencia,
asociación, movimiento, expresión, derechos individuales y derechos de
propiedad
, etc.). Se incluye también la igualdad estricta de acceso a las
posiciones e instituciones políticas.










El segundo
principio dice que las desigualdades sociales serán
toleradas en la medida que beneficien a los miembros menos aventajados de la
sociedad
, y los cargos y funciones serán
asequibles para todos
, bajo condiciones de justa igualdad de
oportunidades.
[13]










Sostiene
que las cuestiones controvertidas deberán dejarse sin resolver, pues podrían
poner en riesgo el equilibrio social. Lo razonable queda restringido a las
razones públicas aceptadas y no controvertidas, por ello, hay un énfasis en las
cuestiones formales de la justicia en contraposición con las sustantivas.










Hay
una protección al statu quo que pareciera
excesiva. La explicación de la popularidad del enfoque radicaría precisamente
en la conveniencia, para muchos individuos y grupos sociales, de apoyar una
doctrina del “liberalismo light”.





 





Se
distingue del enfoque de lo razonable o recíproco porque el liberalismo
rawlsiano vincula la imparcialidad con la consideración igual de los intereses
específicos de las partes. Esto lleva, dentro de la lógica del mismo enfoque, a
un respeto excesivo por las prácticas comunes, que lo vincula a lo formal o
legalista. En consecuencia, se desvaloriza o se minimiza la importancia del
diálogo social, que permitiría una visión de lo razonable más flexible y
abierta. En suma, se trata de una teoría que supone lo razonable o recíproco,
pero al mismo tiempo lo desvaloriza cuando así conviene a sus propósitos
metodológicos, por lo que no resulta ni más adecuada, ni mejor, que la justicia
imparcial y razonable.





 





El
liberalismo político de Rawls se entiende mejor como una visión propia del statu quo, y no como un auténtico
enfrentamiento a la desigualdad social. Tiene el germen de la crítica
razonable, pero no la desarrolla de forma suficiente. Un enfoque de lo
razonable debe ir más allá y cuestionar en sustancia nuestras prácticas
sociales, poniendo énfasis en el diálogo social y la necesidad de darnos
justificaciones mutuas que sean válidas aquí y ahora.





 





3.1.2. Las esferas de la justicia.





 





Se refieren a la perspectiva que sostienen autores como Michael Walzer,
David Miller y Giovanni Sartori, quienes se pronuncian a favor del llamado
método de las esferas de la justicia. El enfoque parte de separar los
principios de justicia según sean válidos o adecuados para cada esfera
particular de interés: educación, trabajo, dinero, riqueza, honor, etc.





 





La justicia social sería el resultado del equilibrio
entre las esferas particulares, por ello, el poner atención en una esfera
particular, dejando a las demás desprotegidas, siempre generaría nuevas
desigualdades y problemas. El análisis teórico y racional de cada esfera, junto
con la validación que le darían los ciudadanos, sería suficiente para producir
los principios de justicia requeridos.





 





Los ciudadanos cumplen aquí la función de dilucidar lo
razonable o recíproco, si bien es claro que habría mucha arbitrariedad puesto
que los principios se asociarían a las prácticas comunales, lo que en germen
genera a su vez contradicción con un sistema de principios generales teóricos.
Hay entonces una clara contradicción entre la realidad y la teoría que no
encuentra justificación adecuada, pues si se trata de una realidad, entonces no
sirve para los objetivos de la teoría de la justicia imparcial dado que no
admite la discusión, y si se trata de una teoría, no hay una forma clara,
consistente o coherente de convertir los valores comunales en principios
teóricos.





 





En el caso particular de la teoría de las esferas de
la justicia de Walzer, se parte del
equilibrio de las
esferas de la justicia y se hace un fuerte uso de las costumbres y el contexto
histórico-cultural. Afirma que la justicia es aquello que una comunidad
considere como tal.










Hace ver de manera
fuerte que la justicia es muy exigente, requiere una serie de normas que ponen
en acción al Estado benefactor y social, lo cual comprometerá la libertad
económica y política. La justicia es costosa.










Además la justicia
es compleja, las diversas esferas: poder, dinero, educación, trabajo, salud,
etc., entrarán en contradicción entre sí, pues cada una tiene su criterio guía.
Por ejemplo, la esfera educativa tiene como criterio guía el conocimiento, debe
quedar libre de cualquier influencia de la política o del dinero.




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