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LA TEORÍA DE LA JUSTICIA EN LA ESFERA EDUCATIVA

21 Avr 2012 - 16:55:52
Se entiende por justicia imparcial un enfoque específico de la justicia que pretende tomar en igual consideración los intereses de los individuos involucrados en un ambiente libre de coacción. La justicia debería surgir de una situación determinada, en que se toma en cuenta lo que los ciudadanos razonables opinan sobre ella. El diálogo es el medio fundamental para producir justicia, en un ambiente en que se toman en cuenta los intereses de las partes, y se trate de formar un consenso lo más completo posible. La noción se relaciona con la idea de ética discursiva en Habermas, si bien aquí se trata de ampliar hacia ámbitos de contenido para no quedarse en los puros procedimientos formales, una ampliación que tal vez el mismo Habermas no comparte, pero que resulta defendible desde que se entiende que es necesario acercar la idea de justicia hacia su aplicación real.[128]

El estudio se justifica porque permite identificar mejor la viabilidad del enfoque de la justicia imparcial. Para ello conviene utilizar un tema determinado, como es en este caso la educación, pues puede resultar en extremo complejo y oscuro el querer abordar todos los temas al mismo tiempo. Así, resulta mucho más instructivo el estudiar los principios de justicia en una esfera determinada para tratar de comprender hasta dónde cabe aislarla de las demás y qué profundidad se puede alcanzar en su análisis.

Además, en la práctica, la búsqueda de una mayor justicia social seguramente se tendría que realizar por partes, tema por tema, puesto que un cambio brusco que pretendiera cubrir toda la estructura social sería rechazado por las estructuras de poder económico y político. Por consiguiente, siendo la educación uno de los temas más importantes, una preocupación profundamente compartida, resulta aleccionador el utilizarla como un primer ejemplo de aplicación.

Una consecuencia inmediata del enfoque, que no comparte con la llamada doctrina neoliberal, ni con la opinión de muchos científicos sociales, es la necesidad de un Estado fuertemente interventor, el cual se justifica por la amplitud de las funciones estatales que la justicia imparcial implica.

1. Aspectos metodológicos.

La idea no es la de integrar todo un programa educativo aplicable a una realidad determinada, por el contrario, el énfasis está en delimitar los aspectos generales de la problemática y brindar algunos ejemplos de aplicación de la justicia imparcial a la esfera de la educación.

Por consiguiente, no se requiere definir condiciones empíricas determinadas más allá de ciertas generalidades propias del entorno de una sociedad liberal moderna, tales como la existencia de una racionalidad suficiente y de un espíritu de respeto a las ideas de los demás. Otras variables empíricas, como la desigualdad del ingreso, se consideran asociadas a la esfera educativa en términos funcionales, por ejemplo, cuanto mayor sea la desigualdad del ingreso tanto más importante será compensarla por medio de la igualdad de oportunidades que la educación posibilita, de lo contrario, se estaría muy lejos de las condiciones de igualdad que la justicia imparcial exige.

Se aplica la idea de la igualdad compleja de Michael Walzer[129], en el sentido de que los principios de la esfera educativa deben ser separados de los de las otras esferas, tales como el dinero y la política, para lograr que haya congruencia entre los objetivos propios de la esfera y sus esquemas distributivos. Si la esfera educativa es invadida por la política o el dinero dejará de obedecer a su lógica propia, y se producirá injusticia, se trata pues de aislar, en la medida de lo posible, la lógica de cada esfera respecto a las de las demás.

Hay que estudiar, entonces, si la idea de Walzer es factible de aplicar, esto es, si existen los elementos suficientes para realizar una discusión práctica que permita diseñar los principios de justicia de la esfera educativa. Se trata de buscar los elementos a partir de los cuales un conjunto de ciudadanos o una sociedad puedan reflexionar sobre la educación y llegar a un relativo consenso sobre lo que la justicia significa en dicha esfera.

El método de Walzer funciona como un postulado teórico que concretiza el tema de análisis. Se entiende que una sociedad concreta podría partir de un método diferente, tal como sería el procurar una igualdad absoluta en la educación de todos los ciudadanos.

Al combinar el método de las esferas de Walzer con el enfoque de la ética discursiva, que supone la discusión razonable entre los ciudadanos en pie de igualdad, se crea el ambiente de análisis concreto que se trata de poner a prueba aquí.

La justicia imparcial supone que se necesitan discusiones racionales, pensadas profundamente y defendibles frente a la crítica. La existencia de principios de la discusión, estudiados en la ética discursiva y el procedimiento del discurso al que da lugar, asegura un entorno que no sea opresivo por sobre los ciudadanos comunes. Si se puede mostrar que de aquí surgirían ciertos principios básicos de la educación, que serían los más factibles de aprobación, entonces la perspectiva de la justicia imparcial recibiría un apoyo sustancial.[130]

Por otro lado hay consistencia con uno de los principales supuestos de la democracia, en el sentido de que los ciudadanos deben ser los mejores jueces de sus propios asuntos, ello no sería posible si no fueran ciudadanos educados, cualquier definición mínima de educación debería ser consistente con esto. Así, la esfera educativa se vuelve parte sustancial de la justicia y la democracia, sin ella, todo el edificio se vendría abajo.

Dado que no se construye una teoría de los principios educativos completamente detallada y profunda, no se considera necesario discutir a fondo el contenido específico del concepto de educación. Naturalmente, en una sociedad real ello tendrá que ser discutido cuidadosamente y permitirá construir con mayor detalle los principios de justicia correspondientes.

En este ensayo se considerará como logro suficiente el delimitar ciertas áreas temáticas alrededor de las cuales girará la discusión ciudadana y brindar una idea de los posibles resultados a que dará lugar. Por tanto, no se espera construir todo un programa o plan de desarrollo educativo, bastará con que se deriven algunas generalidades al respecto.

2. ¿Qué distingue a la esfera de la educación?

Más que realizar un estudio completo de lo que debería contener la esfera educativa, se trata aquí de distinguir la educación de las otras esferas de justicia estableciendo los esquemas distributivos especiales a los que se refiere.

Primero que nada, la educación no se limita a la formación de los estudiantes, a establecer una currícula adecuada en cada nivel, sino también hay que discriminar entre ellos, delimitar quiénes son los más capacitados en cada disciplina y definir derechos y privilegios.

Para aclarar esta idea hay que pensar en lo que pasaría si la escuela simplemente reprodujera una ideología social, en ese caso no habría un espacio de justicia especial para la escuela, pues ello sería análogo a que los padres se encargaran de educar a los hijos, en el sentido de que no habría un cuerpo de conocimientos o disciplina intelectual alguna que se distinguiera de la enseñanza de la tradición.

En realidad, las escuelas, los maestros y las ideas crean un espacio intermedio, suministrando un contexto para el desarrollo de la comprensión crítica y la producción de crítica social. Por ello hay preocupación por mantener la autonomía dentro de las escuelas, como quiera que se definan éstas, pues dentro del sector educativo se reparten bienes sociales significativos.[131]

Una lista sencilla de los bienes a ser distribuidos en las escuelas incluye: los conocimientos, los títulos o grados académicos, la autoridad, y las plazas para los alumnos y maestros. Todo esto tiene que ser distribuido de acuerdo con la lógica interna de la esfera educativa, que se vincula de manera prioritaria a la capacidad y el merecimiento, al respecto es esencial mantener alejados o controlados a los intereses económicos y políticos que darían al traste con dicha lógica.[132]

Ahora bien, la esfera educativa admite otros criterios de distribución, como la equidad y la necesidad. Por ejemplo, se pueden brindar plazas a los alumnos tomando en cuenta su lugar de procedencia por un sistema de cuotas, o bien, brindando consideración especial a los alumnos que provengan de estratos de ingreso inferiores. Ello puede deteriorar los criterios de capacidad o merecimiento y con ello afectar la lógica de la esfera, no obstante, una consideración más cuidadosa de los objetivos del sistema educativo y su importancia para lograr una verdadera igualdad de oportunidades será suficiente para defender la existencia de dichos criterios de distribución complementarios.

Todo esto no hace más que volver a poner en el centro de la discusión la complejidad inherente a cualquier esquema de distribución de los bienes sociales, y la educación no es una excepción a tal regla.

Sin embargo, una vez hechas las debidas aclaraciones, el principio rector de la educación tiene que ver con la calificación o capacidad y la oportunidad de desarrollarla. Merecer una plaza de alumno o de maestro en una escuela debe ser normalmente una función de la calificación para ocupar el respectivo lugar o puesto. Por supuesto que en la práctica intervienen otros factores, tales como los económicos o los políticos, la idea sería minimizarlos por medio de los procedimientos adecuados a cada caso.

Ahora bien, siendo la educación un bien social fundamental, hay que proteger las oportunidades iguales de los individuos para desarrollarse en este ámbito, o de otra manera, una gran cantidad de personas quedarían sin posibilidades de obtener puestos de privilegio, ya sea en el sector privado o en el público, o de manera especial, en la actividad política. En consecuencia, tales personas terminarían con desventajas en sus niveles de ingreso, en la distribución del poder social, y en la toma de decisiones públicas, que no se podrían justificar de manera clara. Por otro lado, estas personas podrían ver truncados sus objetivos de vida, sin que se les pudiera dar una razón contundente para explicar su fracaso.[133]

Ahora bien, tampoco es cierto que la mejor manera de enfrentar esta problemática sería la de igualar los resultados educativos, con una educación muy democrática en el sentido de que todos terminaran con más o menos las mismas habilidades o capacidades. La consecuencia de tal política sería una reducción inaceptable de nuestras libertades, falta de estímulo a la ambición y el talento, e ineficiencia. Debe haber, por tanto, oportunidad de diferenciarse y capacidad de premiar a los más talentosos.[134]

Por fin, la democracia supone la educación del pueblo. Desde sus inicios, aquellos que defendieron a la democracia como forma de gobierno pensaban en un público informado y con capacidad crítica y reflexiva. Con el tiempo, lamentablemente, eso se ha ido olvidando, pues la democracia muchas veces se limita a la elección de los representantes ciudadanos por medio del voto, lo cual normalmente no coincide con la calificación de los elegidos, excepto por pura casualidad. Así nos hemos acostumbrado a ser dirigidos por incompetentes. En realidad la democracia debe ir de la mano con la calificación para gobernar, así que supone no sólo que nuestros representantes son educados, inteligentes y éticos, sino que, en buen grado, también lo son los ciudadanos que los eligen, por consiguiente, el brindar una educación adecuada y suficiente para todos es una responsabilidad fundamental y prioritaria del Estado.

3. La educación básica.

La complejidad de la esfera se comprende mejor partiendo de la educación básica. Hay que buscar una igualación estricta en cuanto a las oportunidades de obtenerla y brindar las facilidades correspondientes por medio del sector público. Lo que se entienda por educación básica es motivo de controversia, puesto que para muchos incluye proveer de conocimientos culturales amplios que permitan a las personas relacionarse con una amplia gama de opciones para llevar una buena vida.[135] Se podría defender que incluye una capacidad de análisis crítico suficiente hasta llegar a la plena autonomía del sujeto que lo ponga en guardia frente a las religiones o la ideologías dominantes. En definitiva, cada sociedad deberá determinar los alcances de la educación básica, incluyendo, entre otras cosas: el nivel en que se considerará obligatoria y se brindarán las condiciones adecuadas al cumplimiento de tal obligación, la delimitación de las barreras entre el Estado y la iglesia, el contenido de la educación cívica puesto que por esta vía se puede fomentar un mayor espíritu colectivo, ampliación de los horizontes culturales y apoyo a la tolerancia, etc.

Habría que definir también lo que se debe hacer cuando los padres de familia no permiten a sus hijos estudiar y desarrollarse normalmente. Los padres no son dueños de sus hijos, sino defensores de sus intereses, si las decisiones de los padres perjudican el futuro de sus hijos se puede exigir la intervención del Estado para protegerlos. Habrá casos claros, como cuando les niegan el derecho a ir a la escuela pública o los ponen a trabajar desde niños, en tales contextos la intervención está claramente justificada. Pero también hay casos difíciles, por ejemplo, los padres pueden simplemente “estorbar” la educación de los niños negando su cooperación en las obligaciones correspondientes, no comprando los útiles escolares, etc., o bien, pueden argumentar que no les permiten ir a la escuela pública porque los contenidos educativos no son adecuados o son contradictorios con su religión.

Eliminar los efectos indeseables en los casos difíciles puede ser imposible, pues en el extremo implicaría poner aparatos de vigilancia en cada hogar para verificar que los padres estén cooperando, esto está sujeto a limitaciones prácticas y morales considerables, así, no se le puede exigir a nadie ser un buen padre, aunque sí se le puede motivar para ello. En el caso de la religión, habría que proveer de escuelas especiales para cada religión conflictiva y equilibrar los intereses de la currícula pública con los de la comunidad religiosa. En general, el argumento en favor de la libertad de religión, como el de cualquier cultura, etnia o raza particular, no es suficiente para justificar librarse de los requerimientos de la educación básica para todos.

Por fin, la educación básica no debe ser una excusa para adoctrinar a la población en la ideología de la clase política dominante. Hay que distinguir entonces entre una educación liberal y una educación de adoctrinamiento como la que se podría impartir en una república socialista. Los liberales no consideran a sus hijos como marionetas a las que se les puede inculcar cualquier contenido educativo a placer, debe haber consistencia con los valores de la libertad, la vida y la igualdad. Al respecto, es importante que quienes definan los contenidos de la educación básica conserven autonomía respecto a las estructuras de poder. Pero tampoco esto autoriza a que se dejen los contenidos en manos de los “especialistas de la educación”, pues aquí se involucran derechos sociales básicos que tienen que ser defendidos con argumentos justificables ante todos.

4. La igualdad de oportunidades.

Un segundo elemento consiste en la garantía de iguales oportunidades para desarrollar los talentos. Los padres que tengan dinero suficiente pueden enviar a sus hijos a las escuelas privadas de su preferencia, ello podría implicar grandes desigualdades de acceso a ciertos grados o profesiones. La solución sería brindar por mecanismos públicos oportunidades similares a los estudiantes que no tengan los recursos correspondientes. Aún así, sería difícil mantener la igualdad desde que las escuelas privadas pueden tener preferencias en la contratación, por ejemplo, se prefieren los economistas del ITAM a los graduados de las universidades públicas. Entonces, si bien no se pueden mantener oportunidades iguales estrictas, se debe realizar el mayor esfuerzo posible por garantizar que alguien con talento en determinada materia tenga la oportunidad de desarrollarlo suficientemente. Se pueden brindar becas a los más talentosos para subsidiar sus estudios, con independencia de que los hicieran en universidades privadas o públicas. Otro mecanismo es invertir en la educación pública en proporciones que correspondan con los de la educación privada.[136]

Por su parte, la universidad pública debe garantizar procedimientos transparentes para la admisión, puesto que se trata de bienes públicos subsidiados. Primero que nada debe haber criterios claros y adecuados para la admisión así como para la promoción de los niveles educativos. El espacio educativo, como cualquier otro, puede dar lugar a abusos de poder y tiranías, ello debe ser controlado con los procedimientos correspondientes.

Al respecto, algunos procedimientos de admisión tienden a ser oscuros, pues utilizan innumerable cantidad de criterios cuyo peso relativo no es nada claro (incluyendo la ocupación de los padres, el uso del tiempo libre, la distancia entre la vivienda y la universidad, las discapacidades, etc.). Con mecanismos como estos se logra a veces, de manera disfrazada, perjudicar el acceso a ciertos grupos de la población. Una forma de detectar esto es la comparación entre el porcentaje de ciertos estratos en la población total, por ejemplo el porcentaje de mujeres, con respecto al porcentaje correspondiente admitido en la universidad, facultad o escuela. Si bien así se pueden detectar las discrepancias evidentes, tampoco se trata de una prueba definitiva de discriminación, puesto que los talentos naturales y sociales de las personas no se reparten por igual, así que esto se toma como un indicador pero no justifica un sistema de cuotas que obligue a que cada facultad refleje las proporciones de razas, religiones, etnias y culturas de un país o región. Una regla más adecuada es la de brindar apoyos especiales a los grupos rezagados, por ejemplo, con un curso de actualización que los prepare para mejorar las posibilidades de ser admitidos en la próxima promoción.

En cuanto a los alumnos de bajos niveles de ingreso, hay que darles becas que les permitan desarrollar dignamente sus estudios, evitando que queden en desventaja evidente respecto a los demás.

Con relación a los grados o títulos hay que vigilar que no sean motivo de nuevas discriminaciones. Primero que nada debe procurarse que los egresados de escuelas públicas y privadas sean igualmente buenos en la medida de lo posible, realizando las inversiones públicas necesarias y equilibrando los salarios de los maestros. En cuanto a la contratación, en el caso ideal, habría que vigilar los mecanismos que se utilizan tanto en el sector privado como en el público, en el sentido de evitar que las preferencias de los empleadores dejen en desventaja a los egresados de ciertas escuelas o facultades. Esto, por supuesto, deteriora la libertad de contratación, pero sólo en la medida que se evitan las discriminaciones más evidentes. Idealmente se podrían revisar los procedimientos de ingreso a todos los puestos, pero existe la alternativa de simplemente ayudar a aquellos que encuentren dificultades para contratarse, facilitándoles información o haciendo filas de espera para que eventualmente todos tengan acceso a la contratación. Otra manera es restringirse al control de los puestos públicos por medio del servicio civil de carrera. En definitiva, el que esto funcione bien depende de ciertas condiciones fácticas, como que exista un mercado de trabajo suficientemente desarrollado, y un crecimiento económico estable y adecuado, si los puestos escasean será muy difícil mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo, existirán muchas ocupaciones privilegiadas, y ello bloqueará las oportunidades iguales.

Es inevitable, por lo menos mientras exista un sistema capitalista, que quienes tengan dinero puedan usarlo para invertir en educación y obtener ventajas especiales, sea para ellos mismos o para sus hijos, de allí que lograr separar completamente a la educación de las esferas económicas y políticas parece ser una tarea destinada al fracaso, pero una vez que se reconoce esto se justifica el que el Estado tome medidas para contrarrestar los daños a la igualdad de oportunidades, a su vez, el asignarle tal poder conlleva las responsabilidades correspondientes, en especial, que tales medidas sean los más razonables posibles, pues en caso de que los funcionarios se dediquen a realizar políticas opresivas o irracionales, su accionar podría hacer más mal que bien.

Del estudio de la igualdad de oportunidades en la educación se puede llegar a ciertas conclusiones más o menos claras.

En primer lugar, si todo esto se quiere hacer debidamente, implicará fuertes costos al Estado, tales como infraestructura educativa, salarios, subsidios y costos de control y vigilancia para los sectores público y privado. Los costos de coordinación de todo este sistema, y la burocracia correspondiente, implican un Estado fuerte y con recursos suficientes.

Como contrapartida, la falta de cumplimiento de tales requerimientos implicaría que no se cumplan las promesas del liberalismo, las oportunidades iguales estarán muy lejos de alcanzarse y las bondades del liberalismo serán seriamente cuestionadas.[137]

Por su parte, el sector privado, e incluso la misma burocracia, tienen motivos para resistirse a las reformas implicadas, por consiguiente tratarán de bloquearlas. La única forma de luchar contra los privilegios existentes sería el apoyo suficiente a las reformas, lo que parece suponer una conciencia social bien desarrollada. En una estructura social en que los intereses dominantes se resistan, en la que haya mucha división y antagonismo, las dificultades prácticas de implementación serán considerables.

5. El problema de la autonomía.

La educación supone ser una fuente a partir de la cual el individuo tenga la oportunidad de ampliar sus horizontes, de estar mejor informado para hacer frente a las complejidades de la vida. Esta cuestión tiene varias aristas que conviene estudiar en detalle.

Una ampliación del conocimiento del sujeto se asocia a su mayor autonomía, a su mayor capacidad para tomar mejores decisiones. Cuando se tiene poca experiencia de la vida y escasa información se tiende a ser marioneta de los demás, así el conocimiento es una especie de coraza defensiva que protege al individuo del abuso. Por ejemplo, la situación de las mujeres ha sin duda mejorado desde que se les brindan mejores oportunidades para educarse mejor. Por supuesto que las religiones o ideologías que consideran a la mujer como un ser inferior se oponen a estos planteamientos, de allí que el liberalismo las deberá calificar como visiones equivocadas de la vida.

Sin embargo no conviene ignorar las dificultades prácticas a que se enfrenta esta perspectiva. En un extremo tendríamos un Estado dictatorial, una religión o una doctrina científica que brinda sólo el conocimiento que le conviene, de tal manera que la libertad de expresar ideas diferentes se reduce a un mínimo y el individuo autónomo queda reducido a la nada. En el otro extremo los conocimientos que se brindan cubren una gama de cuestiones tan amplia que el individuo queda atrapado en la indefinición, se consideran todos los puntos de vista como igualmente válidos, y por consiguiente, se crea un individuo confundido, sin atadura alguna, sin convicciones, que sucumbirá de nuevo ante la misma complejidad y se quedará en el vacío: hay tantos puntos de vista que todos deberán considerarse como igualmente válidos.

Pareciera entonces que ambos extremos son incorrectos. Cierto que un individuo tiene que tener el conocimiento suficiente del mundo, de las manifestaciones artísticas, culturales y políticas más diversas, es bueno en general que se exponga a diferentes tipos de pensadores y a maestros que traten de defender sus posiciones. Pero en contrapartida, un Estado liberal debe vigilar no sólo que haya equilibrio en todo esto para que la balanza no se cargue de manera excesiva hacia alguna de las posiciones, sino que, además, deberá brindar una perspectiva suficientemente amplia desde la cual se puedan juzgar las diferentes concepciones, esto es, debe ayudar a formar un individuo suficientemente crítico.

Muchos filósofos han planteado que la educación debería ser un medio para formar al individuo autónomo, y con ello quieren decir un individuo con capacidad crítica. Dicho en términos más familiares: se trata de formar personas con capacidades filosóficas, en el sentido de que sean capaces de reflexionar, que tengan una madurez suficiente que les garantice estar libres del abuso de las ideologías.

Muchos liberales y demócratas están de acuerdo con esto, se corresponde, por ejemplo, con una interpretación común de las ideas de Stuart Mill acerca de la libertad. Otros autores como Robert Dahl, Brian Barry y, en el caso latinoamericano, Osvaldo Guariglia, han defendido ideas parecidas. Dichos autores se toman como referencia, pero se podrían sumar otros nombres a la lista. Por contrapartida, también hay muchos que no concuerdan con tales ideas, en particular, aquellos que defienden un apego a las virtudes ciudadanas en el sentido aristotélico (Sandel, McIntyre, Taylor, etc.).

Así que tal planteamiento se debe tomar como una opinión personal que se lanza hacia la sociedad con la perspectiva de obtener un consenso que la legitime en la práctica, y por supuesto está sujeto a crítica. En efecto, se trata de una idea platónica: un individuo bien informado y crítico no termina en un vacío, sino que de alguna manera se encuentra más cerca de las razones universales, sus opiniones teóricas y prácticas se verán enriquecidas en un sentido más amplio que lo pondrán relativamente a salvo de las ideologías.

No se trata de crear una nueva religión llamada liberalismo, porque el punto de vista no implica que el individuo vuelva a quedar sujeto a contenidos morales que deba seguir paso a paso a lo largo de su vida. Se trata de ser lo suficientemente escéptico respecto a las diversas perspectivas, para darse cuenta de que todas son manifestaciones interesantes de la sociedad, pero que ninguna puede ser tan verdadera como para regir por completo nuestro sentido de la vida en comunidad. Al mismo tiempo, el individuo se da cuenta de que al reunirse con otros individuos igualmente críticos y reflexivos, puede construir un sentido de la vida imparcial, con la suficiente autoridad como para calificar a muchos estilos de vida como claramente injustos e inhumanos, lo que brindará las bases sustantivas y universales suficientes para construir una sociedad mejor, en el sentido de más razonable, más compartida. Así se entiende que el liberalismo pueda considerarse a sí mismo como una visión de la vida superior, pero no porque tenga la verdad absoluta, sino porque es la única perspectiva consistente con la diversidad de la sociedad moderna.

De nuevo dicha perspectiva está sujeta a crítica, pero ejemplifica bien cómo tendría que organizarse una sociedad moderna y democrática que quisiera darle contenido a su educación pública.

En cuanto a la distancia con la práctica, es claro que aún estamos muy lejos de lograr un consenso suficiente alrededor de la propuesta.

Una primera limitación práctica viene del propio Estado. Como la máxima autoridad de la sociedad es natural que defienda sus propios puntos de vista y trate de promover que los ciudadanos los sigan. Así tratará de establecer la superioridad de su propia ideología, nadie puede garantizar que sea lo suficientemente liberal como para mantener el equilibrio, ello se reflejará en la currícula de la educación pública, e incluso en la información que recibirán todos los ciudadanos a través de los medios masivos de comunicación. Para compensar esta limitación hay que partir del grado de liberalidad del mismo Estado, entre más liberal sea tanto más dispuesto estará a brindar una educación más neutral, mientras un Estado tiránico brindará una educación opresiva.

La segunda limitación radica en que los ciudadanos y sus organizaciones, así como los otros partidos políticos, son las única defensa sólida contra los abusos del Estado, su intervención en la creación y crítica de la currícula pública, y todas las políticas educativas consiguientes, será fundamental. Por supuesto, si el pueblo no está previamente educado, si hay una ciudadanía débil, no podrá cumplir su papel crítico, por consiguiente, la resistencia civil más efectiva recae sobre los intelectuales, que son quienes ya tienen, supuestamente, el conocimiento crítico suficiente para enfrentar los abusos del poder. De allí que no tiene nada de extraño que una de las tácticas más utilizadas por el Estado para conservar su poder sea el control sobre los mismos intelectuales, sus organizaciones y las formas de expresión y difusión del conocimiento social.

Hay algunas visiones de la autonomía educativa que son inconsistentes con el enfoque defendido aquí. Por ejemplo, a veces se define a la autonomía en la educación como la defensa de las convicciones propias del sujeto, sin importar que sean o no correctas. El énfasis está en fortalecer la autoestima de cada quien para que se pueda expresar mejor, enfrentar a quienes quieran abusar de él, etc. Se relaciona con la llamada “educación funcional”, lo que remite a un sistema educativo formalista, poco comprometido con los contenidos sustantivos que supone un enfoque más ético como el que aquí se sugiere. A la “educación funcional” no le interesan las pretensiones de verdad de cada visión de la vida, las considera a todas igualmente buenas, en contraposición, el enfoque ético las califica en cuanto a su grado de adecuación con los valores del liberalismo.[138]

Por consiguiente, el liberalismo tiene que ensuciarse las manos, no debe ser tan neutral o aséptico como normalmente se supone, entrará en contradicción con las ideologías, las culturas y las religiones, pues ellas demandan de los individuos diversos grados de compromiso que muchas veces no encuentran justificación desde una perspectiva razonable. Así, tendrá que denunciar tal conflicto de manera clara para que los individuos, especialmente los jóvenes y los niños, puedan apreciarlo en sus términos justos. Ello se reflejará en la currícula educativa del liberalismo, y planteará las respectivas demandas frente a las escuelas que no sean liberales. El Estado, como guardián del liberalismo, deberá vigilar celosamente que todos tengan la suficiente información sobre lo que el liberalismo mismo significa y las respectivas diferencias que ello conlleva con otros modos de ver la vida. Por supuesto, las ideologías, culturas y religiones que más sufrirán serán aquellas más tiránicas y que no permitan que el individuo forme sus propias opiniones sobre la buena vida.

Hay que aclarar, finalmente, que para generar autonomía, la capacidad crítica y reflexiva de un individuo, no basta con informarle al respecto, sino que es necesaria la práctica respectiva. Para que uno pueda defender algo con fuerza tiene que asimilarlo de manera profunda, tiene que vivirlo, ello brinda una razón más por la cual el liberalismo no puede entregar la educación de los niños y los jóvenes a las culturas o las religiones sin caer en una contradicción fatal. Ello no niega el derecho de cada quien a seguir una cultura o religión, una vez que ello sea producto de una reflexión propia e informada, hay que distinguir la inducción de la coacción.

6. El problema de la segregación.

La segregación consiste en que algunos padres quieren que sus hijos estudien en ciertos ambientes preferidos por ellos, particularmente, en ambientes que difieren de los de las escuelas públicas de formación básica para todos, aquellas que conllevan las nociones que el Estado considera esenciales y que todos deberían compartir. El ambiente incluye cuestiones tan controvertidas como la posibilidad de que cada grupo social estudie en escuelas con alumnos que comparten la identidad del grupo, por ello podrían existir escuelas claramente clasistas o elitistas

No hay forma clara de evitar este conflicto sin poner en entredicho la libertad de los padres. No obstante, respetando el derecho de cada quien para que a sus niños se les enseñen las doctrinas que consideren más adecuadas, o que se les cree su ambiente cultural favorito, se puede exigir, por parte del Estado, que en todas las escuelas se enseñen ciertos contenidos mínimos que se consideren deseables. Por ejemplo, en la clase de civismo se les puede enseñar a ser tolerantes, claro que en todo caso esto sólo se puede asegurar en cuanto a procedimientos, no en cuanto a resultados, pues el resto de las estructuras escolares pueden “enseñar” a los alumnos a ser clasistas o desconsiderados hacia el resto de la sociedad, o en el caso contrario, de una escuela pobre, pueden aprender a ser “resentidos” sociales. Todo esto sugiere que se estará muy lejos de la situación ideal desde el punto de vista social, en que todos los alumnos de los niveles básicos son expuestos a contenidos públicos en un ambiente de diversidad. De nuevo hay que aclarar que la currícula estatal no equivale a un adoctrinamiento en la teoría de preferencia, sino que siempre supone una apertura a diferentes corrientes y culturas en un ambiente libre de coacción.

Un ejemplo práctico es el de la separación entre los niños y las niñas. El argumento de la separación radica en que la autoestima de las niñas se ve deteriorada por las actitudes que los niños tienen hacia ellas, en consecuencia, hay una buena razón por la cual los padres pueden defender la creación de escuelas de mujeres. Aquí se trata de un caso más o menos claro, con una característica grupal identificable, por lo que hay facilidades para llevar a la práctica la segregación.

Para proteger a los individuos de ser adoctrinados en ciertas ideas, culturas o religiones hay que promover su llamado “derecho de salida”.[139] Por ejemplo, una religión puede amenazar con la excomunión, o un grupo social puede amenazar con un tratamiento desigual como sería el de dejar de contratar o hacer negocios con los disidentes, incluso se puede aplicar el aislamiento social, así, se producen ciertos costos de salida de una comunidad o religión, muchos de los cuales no pueden ser evitados por el Estado. Para algunos esto puede significar que no podrán prepararse en la ocupación de su preferencia, o, en el caso de los niños, quedarán en desventaja considerable por no haber recibido una instrucción básica adecuada. Un ejemplo es el de la religión Amish, sus integrantes no sólo se oponen al control estatal sobre los contenidos de su enseñanza, sino que exigen a los miembros que eduquen a los jóvenes en las escuelas propias de la religión, no permitiéndoles cumplir con la educación preparatoria normal, en tal caso la desventaja no es sólo en el sentido de la oportunidad de instrucción que se pierde, sino que tal vez el maestro que instruirá a los jóvenes tendrá una preparación muy deficiente. En tales casos queda racionalmente justificada la intervención estatal para proteger a los jóvenes, aunque en la práctica muchas veces tal regla no se respeta. Al respecto hay que distinguir entre liberalismo teórico y liberalismo real: los principios validados racionalmente no siempre son aplicados en la realidad, la explicación de esta inconsistencia parece radicar en que a veces prevalecen los intereses de grupo por sobre los compartidos.

Hay argumentos en favor de la primacía de los intereses de los padres, en contra de los del Estado, pero en general tienen poco fundamento. Entre ellos, está aquel que supone que, ante la falta de una política clara a seguir, los intereses de los padres deberían tener prioridad, pero desde que muchos ciudadanos se interesan por el futuro de los niños y jóvenes en general, con independencia de si son o no sus hijos, no habría razón para dar prioridad a los padres, además de que hay casos claros en que los padres están haciendo daño evidente al futuro de sus hijos.[140]

En cuanto a los uniformes escolares también hay controversia, pues existen religiones que exigen ciertos atuendos especiales, como los turbantes u otros adornos. A veces es posible dar primacía al interés religioso, pero desde que muchos padres encuentran defendible el argumento de que el uniforme ayuda a eliminar las barreras entre los grupos sociales y fomentar el respeto mutuo, el hacer excepciones al uniforme escolar puede ser visto con sospecha.

Otro problema asociado consiste en que, si se dejan libres las fuerzas del mercado en el sector educativo, tenderán a formarse escuelas pobres en los barrios pobres, además de que los maestros más calificados tenderán a ubicarse en las “mejores” escuelas, por ejemplo, en aquellas más céntricas, poniendo en desventaja a las escuelas rurales. No se pueden eliminar todas estas restricciones económicas, que sin duda deterioran la igualdad de oportunidades, pero se pueden realizar políticas públicas que desalienten los resultados o comportamientos indeseables. Un mecanismo sería el dar estímulos económicos especiales y suficientes a los maestros que vayan a escuelas más alejadas, otro sería el asignar a los maestros entre las escuelas por un procedimiento equitativo de acuerdo con su calificación. De nuevo tales mecanismos serán costosos, por ejemplo, podrían implicar la necesidad de construir viviendas especiales para los maestros que vayan a vivir lejos de su lugar de origen o residencia actual. Además habrá costos adicionales en términos de la restricción de la libertad de elección de lugar de trabajo para los maestros.

Incluso los barrios pobres pueden considerar cualquier intromisión estatal como sospechosa y exigir que se respete el medio ambiente de sus escuelas, a pesar de que ello fuera en contra del futuro de sus propios hijos. Podrían preferir un maestro menos preparado, pero que conozca bien su comunidad, por sobre un maestro con óptima calificación. En estos casos el liberalismo promueve el respeto a la decisión comunitaria, a pesar de que podría considerar la decisión como insatisfactoria o irracional. El centro del liberalismo radica en el consentimiento de los involucrados, en la presunción de su autonomía, puede tratar de convencer en favor de una decisión más racional, pero no la puede imponer excepto en los casos en que haya claros daños o abusos.

7. Las restricciones al presupuesto educativo.

Una vez que se ha estudiado con más detenimiento lo que una reforma educativa liberal implica, resulta claro que los requerimientos presupuestarios que implica son considerables. Entonces una duda válida es plantear que tal vez nos hemos excedido en la justificación de las necesidades educativas que la justicia imparcial implica, son tantas que no sería posible financiarlas y todo el proyecto quedaría en entredicho.

El financiamiento respectivo encuentra su justificación primaria en la importancia fundamental del rubro educativo, puesto que sin la garantía de una educación suficiente del pueblo los mismos valores defendidos por el liberalismo y la democracia serían cuestionables. Así que se podría afirmar, llanamente, que los recursos correspondientes a las necesidades educativas deben ser suministrados por el Estado.

Ahora bien, ante una escasez global de recursos, que se puede justificar por la existencia de grandes deudas públicas acumuladas, o bien, por la falta de capacidad del Estado para aumentar la recaudación, habría que recurrir a un enfoque de largo plazo, que supondría que poco a poco se fueran movilizando las fuerzas de la sociedad para lograr la obtención de los recursos correspondientes.

En un dado caso se puede defender incluso la prioridad de las necesidades educativas por sobre otras necesidades que el Estado tiene que cubrir. Así, ante un conflicto de necesidades, la esfera educativa tendría la prioridad, al respecto, sólo la esfera de la salud parece tener una importancia similar.

La regla general que se recomienda para distribuir a corto plazo los costos de la escasez de recursos financieros es recurrir al grado de “necesidad” de los diversos rubros presupuestarios. Así, aquellos rubros más necesarios serían los que menos sufrirían proporcionalmente con un ajuste presupuestario a la baja, mientras aquellos rubros menos necesarios, sufrirían un ajuste mayor. Ésta es una aplicación del viejo principio de la justicia distributiva al caso de los presupuestos: a cada quien según su capacidad, necesidad o merecimiento.

8. Consideraciones finales.

Ha quedado claro que una discusión mínima sobre lo que la justicia en la esfera de la educación requiere lleva a considerar necesarios ciertos principios de justicia más o menos concretos. A su vez, éstos implican una serie de responsabilidades del Estado que tienen la más alta prioridad ética y social.

Incluso en circunstancias más o menos favorables no habrá soluciones definitivas a los conflictos aquí señalados, seguirán existiendo injusticias debidas a las restricciones de la realidad. Se ha mostrado aquí que hay algunas ideas generales sobre la justicia en la esfera educativa desde las cuales se puede partir. En algunas circunstancias se tendrán mejores condiciones para realizarlas, por ejemplo, si hay menos división social y los ingresos se encuentran más equilibrados, pero en donde no se cumplan tales condiciones será poco lo que se pueda garantizar. Ahora bien, pareciera que una de las principales condiciones es motivacional, esto es, el deseo manifiesto de la sociedad por brindar oportunidades más equilibradas para todos, este deseo no es fácil de crear partiendo de una realidad desfavorable, pero en donde quiera que surja servirá como motor fundamental para llevar a cabo la reforma educativa. En particular, si no se pueden realizar reforma directas en otras esferas como la distribución del ingreso o la ocupación, la prioridad de la educación estará más fuertemente justificada.

Hay una especie de consecuencia paradójica en el enfoque, puesto que para generar los principios de justicia se requiere de que los ciudadanos que discutan comprendan mejor las consecuencias de diversas líneas de acción, para ello deben ser conocedores, razonables y éticos. Si no lo son, entonces se infiere que hay que educarlos, pero los contenidos educativos que el Estado promueve deberían ser controlados precisamente por esos ciudadanos educados: ¿cómo romper el círculo vicioso en que todo esto parece desembocar?. La única respuesta viable parece ser una defensa temporal de los intereses de todos por parte de los sectores más educados, esto es los intelectuales, la cual sería justificable en tanto se van creando las condiciones para que el pueblo se eduque efectivamente. Ahora bien la definición de intelectual involucra un contenido ético y las reglas consiguientes del diálogo, de otra manera se podría caer en una tiranía del conocimiento, de allí la importancia central del desarrollo de la ética discursiva como una opción efectiva real y no simplemente una teoría.[141]

La cuestión de la existencia de fuertes costos asociados a la reforma educativa podría implicar que algunos grupos sociales estuvieran en desacuerdo con ella. No obstante, los costos implicados no son teóricamente distinguibles de otros costos sociales, como los que origina la regla de mayoría para la toma de decisiones. Estamos acostumbrados a que las mayorías impongan sus decisiones sobre nosotros, ello es parte de las reglas del juego de un sistema democrático, frecuentemente nuestros representantes toman decisiones que entran claramente en contradicción con nuestros intereses, no por ello nos consideramos con un derecho absoluto a resistir tales costos.

Una objeción más fuerte hacia la reforma educativa sería la escasez de los recursos globales, el argumento iría en el sentido de que son tantas las necesidades sociales que el Estado terminaría abrumado por ellas, se requerirían tantos impuestos que los individuos terminarían por ser incapaces de realizar los objetivos fundamentales de sus vidas, comprometiéndose de manera definitiva la libertad. Esta objeción supone dos cosas: que hay muchas necesidades en conflicto, y que hay una prioridad de la libertad individual por sobre la social.

En cuanto a las necesidades, un enfoque de largo plazo supera la dificultad, pues la estructura impositiva se puede ir adecuando poco a poco hasta llegar al nivel requerido, de hecho, hay países que soportan cargas impositivas que alcanzan el 50% de su producto nacional, además, el sector educativo puede justificarse como de alta prioridad, incluso frente a otras necesidades sociales. En cuanto a la prioridad de la libertad individual parece claro que no hay libertad que valga la pena si no se puede especificar de qué tipo de libertad se trata, la esfera educativa busca precisamente garantizar un ámbito de libertad que sea socialmente defendible en contraposición a una visión estrecha de la libertad personal en que toda ley o impuesto se convierte en una reducción de la libertad.

Dados los altos costos implicados en el logro de una educación asociada a la igualdad de oportunidades para todos, tal vez lo racional sería renunciar en parte a los objetivos originales, esto es, renunciar a las reformas para adecuarse a las circunstancias posibles, con ello, se permite la injusticia pues se estará lejos de la igualdad de oportunidades, pero se ahorra en términos de coordinación (hay mayor libertad individual) y se reducen los costos económicos adecuándose al presupuesto disponible. Esto es posible y realista, tal vez demasiado, pues corresponde con la situación habitual, en la cual el Estado actúa en el área de la educación para compensar las desigualdades, brinda paliativos para la injusticia, pero finalmente la tolera.
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