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Principios de Justicia Social Imparcial y Razonable

21 Avr 2012 - 16:27:46
Por: Ronald Martínez Rodríguez

Este documento pretende establecer las relaciones básicas entre los principios de la justicia social, el concepto de razonable o recíproco, la deliberación, las reglas del discurso y la democracia. En vista de la amplitud de tal finalidad, la tarea podría considerarse destinada al fracaso si no se le matiza adecuadamente. Así que lo que se busca, hablando en términos más realistas, es la presentación de la estructura de las ideas respectivas, haciendo énfasis en la ilustración de los conceptos más que en sus profundas consecuencias filosóficas y políticas.

El contexto del trabajo consiste en la presentación sintética de un conjunto de temas que consideramos interesantes y que cuentan con el apoyo suficiente de investigación básica dentro de la línea de investigación respectiva del IIESES de la Universidad Veracruzana. No se pretende la exposición sistemática y rígida de una teoría acabada, puesto que ello iría en detrimento de las tesis planteadas, por lo que no es de extrañar que parte del material que se incluye a continuación tenga carácter de difusión e ilustración. En cualquier caso, la importancia de la temática abordada justifica el interés por exponer las ideas respectivas, además de que los lectores podrán tener la oportunidad de conocer y aplicar nuevos conceptos que pueden ser útiles en su vida diaria pública y privada.

1. Justicia social.

La justicia es una propiedad que asignamos a ciertas cosas. De la misma manera que decimos que algo es blanco, podemos decir que algo es justo. Es cierto que resulta difícil establecer lo que queremos decir cuando nos referimos a la justicia, pero ello no se origina en un misterio tan grande como habitualmente se presume.

El terreno que se considera más propio de la justicia es el de las normas sociales. Cuando uno piensa en la justicia se refiere a las normas sociales justas. En este sentido restringido, pero a la vez suficientemente compartido y general, se puede decir que la justicia es un universal. Al quedar excluida la justicia como virtud personal, no habría diferencia entre la justicia y la justicia social. Así que la justicia social queda referida a la justicia de las normas sociales.

Cuestión aparte es porqué el concepto de justicia social ha sido secuestrado para designar diferentes cosas, como la lucha por la desigualdad social o el análisis de la repartición de los costos y beneficios económicos y sociales, lo que no niega que éstos sean temas relacionados con nuestra discusión.

Si la justicia social se refiere a la justicia de las normas sociales, se desprende la pregunta: ¿qué significa que una norma social sea justa? Aquí puede haber muchas respuestas, pero la que parece más fuerte es que el apelativo "justo" se refiere a que la norma es razonable desde una perspectiva imparcial, esto es, es defendible ante los demás por motivos diferentes, o que van más allá, del puro interés personal o de grupo. Un buen argumento, en este sentido, es un argumento razonable, o que es compartible con los demás porque les resulta convincente tanto por su forma como por su fondo.

2. Justicia social imparcial y razonable.

La justicia social imparcial y razonable se refiere a que las normas colectivas sean compartibles con los demás de manera imparcial, esto es, con independencia de los intereses personales o del contexto cultural.

Lo anterior no es del todo exacto. La imparcialidad no debe tomarse como una independencia estricta, pues siempre se puede recurrir, en los argumentos razonables, a elementos tales como la intensidad de las emociones o las experiencias compartidas históricamente.

Si reformulamos podríamos decir entonces que lo razonable significa que las normas colectivas sean compartibles con los demás de manera imparcial, esto es, con suficiente independencia de los intereses personales o de la manera particular de ver las cosas, en otras palabras, hay que dar buenas razones para que los demás acepten las normas que proponemos y sus consecuencias.

La independencia de los intereses personales sería relativa, pues siempre cabe recurrir a los deseos o intensidades de las preferencias como un argumento especial, esto es, cuando esos deseos o intensidades son despegados del puro “querer” y se revisten de una fuerza especial, por ejemplo, porque influyen poderosamente en un estilo de vida particular y por ello se vuelven de alguna manera necesarios.

Ser imparcial es valorar el conflicto en términos de principios generales que se aceptan en forma independiente de la situación en particular, sin permitir (o tratando de evitar) que mis preferencias o prejuicios personales influyan en el juicio. La imparcialidad no sería sinónimo de indiferencia, puede exigir o bien una actitud de tolerancia o bien de decidida intervención en el conflicto. En este último caso hay que ser especialmente cuidadosos para no caer en paternalismos injustificados, que se utilizan como excusa para tomar decisiones arbitrarias.
[1]
Sólo la adopción de un "punto de vista moral" que no es sino el de la universalidad e imparcialidad de los principios morales (de autonomía, dignidad e igualdad de las personas) permite hablar de una unidad de la moral privada y la moral pública que asegure, al mismo tiempo, dentro de límites objetivos, los valores de pluralidad e imparcialidad.[2]
Ahora bien, puede existir una tolerancia sensata, que es aquella que ofrece buenas razones para ser tolerante, o una tolerancia insensata, apoyada en malas razones.

De hecho un ejemplo de tolerancia insensata o indiscriminada sería el conocido “estado de naturaleza” que describió Hobbes como la base originaria del Estado moderno, puesto que en tal contexto las personas se “respetan” de una manera muy primitiva, dado que tienen miedo de caer en una situación de violencia e inseguridad. Todavía hoy en día algunos juristas defienden un supuesto “principio de seguridad jurídica” para justificar las consecuencias negativas de algunas leyes, presumiendo que la falta de respeto de las leyes puede ser más peligrosa que sus efectos dañinos. En todo caso, aquí se trataría de formas de tolerancia excesivas, en el sentido de que no se fundan en razones contundentes, sino en otras cuestiones como el miedo, el chantaje o la presión política.

Las buenas razones para la tolerancia, en cambio, son aquellas que se apoyan en la imparcialidad moral, es decir, en la consideración de los intereses de los demás en tanto seres autónomos, capaces de formular planes de vida respetables, en la medida que no violen el principio del daño a terceros o no sean expresión de una incompetencia básica, que dé lugar o permita justificar formas de paternalismo que de otra manera serían éticamente injustificables.
[3]
Por ejemplo, resulta importante comprender que ninguna cuestión concerniente a los bienes sociales primarios, o sobre las necesidades básicas, puede decidirse de acuerdo con la regla de mayoría. La regla de mayoría se aplica para resolver problemas prácticos vinculados con los deseos secundarios de los miembros de la comunidad, pero nunca respecto a sus deseos primarios.[4]
Lo razonable lo podríamos asociar, eventualmente, a toda una estructura discursiva que nos indicaría lo que entendemos por razonable, con sus respectivos principios y reglas del discurso, lo que daría una forma sistemática o de modelo al enfoque aquí sugerido.

3. El principio de reciprocidad como origen de lo imparcial y razonable.

La justicia social se define, sintéticamente, como el conjunto de normas que tienen la propiedad de ser, o proponerse como argumentos razonables.

¿Por qué tenemos que partir de “justificarnos” ante los demás?

La reciprocidad sostiene que los ciudadanos se deben mutuamente justificaciones por las leyes y políticas públicas que promulgan colectivamente. El objeto de una teoría que toma seriamente la reciprocidad es el ayudar a la gente a buscar el acuerdo político sobre la base de principios que puedan ser justificados a los otros, quienes comparten el objeto de alcanzar tal acuerdo.
[5]

La justificación mutua no significa ofrecer cualquier razón, sino proveer razones que constituyen una justificación para imponer leyes a otros. Definir qué razones cuenten o no, resulta ser un asunto claramente sustantivo, por eso las justificaciones que pretendan basarse en el interés de un grupo o de la mayoría no son suficientes.[6]

La mayor parte de los políticos sostienen el principio que dice: “en la política todo se vale”. Pero desde la perspectiva aquí defendida tal punto de vista sería inaceptable y reprochable, puesto que las negociaciones políticas contienen elementos de compromiso e incluso de chantaje, que en vez de fundarse en el contenido de las normas o temas que se discuten, se fundan simplemente en negociaciones debajo de la mesa, o inclusive, en un intercambio de favores descaradamente público. Este tipo de acciones políticas, que en la práctica pueden ser tan comunes como se quiera, no son negociaciones deliberativas, puesto que no respetan el principio de reciprocidad tal como aquí se define. Es importante insistir en tales distinciones, puesto que en la literatura existente, así como en los medios de comunicación, se ha generalizado la idea de que las prácticas comunes quedan automáticamente justificadas, por ejemplo, en la expresión: “la democracia tiene deficiencias, pero es lo único que tenemos”.

Aunque hemos partido del principio de reciprocidad como el más claro y significativo, también se puede reconstruir nuestro punto de vista desde otras perspectivas similares, a las que llamaremos “principios análogos a la reciprocidad”, o de manera más contundente: “principios ideales razonables”. Pueden servir como ejemplos de tales principios otros ideales razonables tales como la persona libre e igual, el respeto mutuo, o evitar la tiranía de la mayoría, que se complementan o son análogos a la reciprocidad, los cuales se tomarán en cuenta más adelante.
[7]

Otra línea de argumentación se basa en la relación entre la imparcialidad y la democracia deliberativa. La reciprocidad es ampliamente reconocida como un principio central de la democracia en sus muchas variaciones morales (liberal, constitucional, procedimental y deliberativa) pero la mayoría de las teorías no le confieren el rol central que la justicia imparcial y la democracia deliberativa le reconocen.[8]

Se pueden señalar tres principios derivados que darían contenido a la democracia deliberativa: libertades básicas, oportunidades iguales y oportunidades justas. Todos fluyen desde el principio básico de la reciprocidad. Aunque es fácil mostrar que también fluyen de otros principios ideales razonables como: la persona libre e igual, el respeto mutuo, o evitar la tiranía de la mayoría.[9]

La reciprocidad no es un primer principio desde el cual el resto de la justicia se deriva, más bien es un principio regulativo que cumple dos roles diferentes.

Primero, guía al pensamiento en el proceso en marcha en el cual los ciudadanos y los teóricos consideran lo que la justicia requiere en el caso de leyes particulares en contextos específicos.
[10]

Segundo, muestra la necesidad de otros principios para llenar el contenido de una teoría de la democracia deliberativa. La reciprocidad apunta a la necesidad de desarrollar otros principios como la publicidad, la transparencia, las libertades básicas, las oportunidades iguales, las oportunidades justas, y otros, que son necesarios para la justificación mutua de las leyes en un proceso práctico.

Así, el proceso de “dar razones” es necesario para declarar que las leyes no son sólo legítimas, sino también justas. Podemos hacer una analogía con la ciencia y decir que la reciprocidad es a la justicia en ética política lo que la replicación es a la verdad en ética científica. Un descubrimiento de justicia en ética política requiere reciprocidad, lo que llama a la deliberación pública. La deliberación se vuelve innecesaria una vez que un principio de justicia (como la igual protección bajo la ley) ha sido ampliamente discutido, a pesar de que la deliberación puede ser deseable como instrumento, incluso cuando la justicia no la demanda.
[11]

El valor epistémico de la deliberación es especialmente alto cuando la justificación de una decisión debe combinar aspectos factuales y evaluativos.

El principio de reciprocidad no expresa valores sólo procedimentales o sólo sustantivos. La perspectiva recíproca incluye ambos valores porque la justificación mutua no puede proceder sin apelar a razones que se refieren a ambos aspectos: procedimientos de gobierno y sustancia de las leyes, frecuentemente al mismo tiempo.

Ni siquiera los puramente procedimentalistas pueden ser coherentes sin recurrir a alguna sustancia, nunca pueden decir cuál es el conjunto correcto de principios procedimentales, ni explicar porqué la gente sujeta a tiranía debería sostenerla sólo con principios procedimentales que son los que precisamente le dan cabida a esa tiranía.
[12]

4. Principios fundamentales de la justicia imparcial y razonable.

4.1. Principios fundamentales razonables o recíprocos.

Es importante analizar los principios fundamentales razonables o recíprocos, pues se trata de las tesis centrales de las estructuras de la justicia imparcial y razonable que vienen a fortalecer la defensa de nuestro enfoque de la justicia, dado que apuntalan la propuesta de que éste tiene mayores alcances, generalidad y aplicabilidad respecto de otros enfoques competitivos. Para ello sirven como ejemplo los mencionados principios ideales razonables, tales como la persona libre e igual, el respeto mutuo, o evitar la tiranía de la mayoría, que son perspectivas análogas o complementarias a la reciprocidad.
[13]

Nuestro objetivo será estudiar, discutir o desarrollar un conjunto de principios básicos para la vida social, cuya característica fundamental es el afán de considerar lo razonable o recíproco como elemento central de la justicia imparcial. Todos estos principios son análogos o complementarios al principio de reciprocidad, lo que permite una perspectiva más generalizada, sin que la reciprocidad pierda su papel central, además de que se pueden sintetizar de las diversas versiones de la teoría de la justicia, sirviendo como base de la razón pública.

Tales principios pueden ser entendidos de diversas maneras, como se muestra en las diversas teorías de la justicia existentes. Pero la pretensión esencial aquí es la de indicar pautas generales, a partir de las cuales, los diversos enfoques pueden tener sus características propias, que de hecho definen las diferentes concepciones filosóficas y morales que existen en las sociedades modernas.

4.1.1. El liberalismo político de John Rawls.

Busca combinar al contractualismo con la justicia como imparcialidad en un marco de principios razonables. Parte de una posición o situación original de carácter hipotético en la que existe un conjunto de doctrinas acerca del bien (pluralismo), hay un individuo representante de cada posición, y todos los representantes tienen un “velo de la ignorancia” que les impide conocer las doctrinas específicas que defienden. De aquí se derivan dos principios de justicia.

El primer principio señala que todos tendrán derecho al máximo de libertad compatible con lo mismo para los demás (libertad de religión y conciencia, asociación, movimiento, expresión, derechos individuales y derechos de propiedad, etc.). Se incluye también la igualdad estricta de acceso a las posiciones e instituciones políticas.

El segundo principio dice que las desigualdades sociales serán toleradas en la medida que beneficien a los miembros menos aventajados de la sociedad, y los cargos y funciones serán asequibles para todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades.
[14]

Sostiene que las cuestiones controvertidas deberán dejarse sin resolver, pues podrían poner en riesgo el equilibrio social. Lo razonable queda restringido a las razones públicas aceptadas y no controvertidas, por ello, hay un énfasis en las cuestiones formales de la justicia en contraposición con las sustantivas.

Hay una protección al statu quo que pareciera excesiva. La explicación de la popularidad del enfoque radicaría precisamente en la conveniencia, para muchos individuos y grupos sociales, de apoyar una doctrina del “liberalismo light”.

Se distingue del enfoque de lo razonable o recíproco porque el liberalismo rawlsiano vincula la imparcialidad con la consideración igual de los intereses específicos de las partes. Esto lleva, dentro de la lógica del mismo enfoque, a un respeto excesivo por las prácticas comunes, que lo vincula a lo formal o legalista. En consecuencia, se desvaloriza o se minimiza la importancia del diálogo social, que permitiría una visión de lo razonable más flexible y abierta. En suma, se trata de una teoría que supone lo razonable o recíproco, pero al mismo tiempo lo desvaloriza cuando así conviene a sus propósitos metodológicos, por lo que no resulta ni más adecuada, ni mejor, que la justicia imparcial y razonable.

El liberalismo político de Rawls se entiende mejor como una visión propia del statu quo, y no como un auténtico enfrentamiento a la desigualdad social. Tiene el germen de la crítica razonable, pero no la desarrolla de forma suficiente. Un enfoque de lo razonable debe ir más allá y cuestionar en sustancia nuestras prácticas sociales, poniendo énfasis en el diálogo social y la necesidad de darnos justificaciones mutuas que sean válidas aquí y ahora.

4.1.2. Las esferas de la justicia.

Se refieren a la perspectiva que sostienen autores como Michael Walzer, David Miller y Giovanni Sartori, quienes se pronuncian a favor del llamado método de las esferas de la justicia. El enfoque parte de separar los principios de justicia según sean válidos o adecuados para cada esfera particular de interés: educación, trabajo, dinero, riqueza, honor, etc.

La justicia social sería el resultado del equilibrio entre las esferas particulares, por ello, el poner atención en una esfera particular, dejando a las demás desprotegidas, siempre generaría nuevas desigualdades y problemas. El análisis teórico y racional de cada esfera, junto con la validación que le darían los ciudadanos, sería suficiente para producir los principios de justicia requeridos.

Los ciudadanos cumplen aquí la función de dilucidar lo razonable o recíproco, si bien es claro que habría mucha arbitrariedad puesto que los principios se asociarían a las prácticas comunales, lo que en germen genera a su vez contradicción con un sistema de principios generales teóricos. Hay entonces una clara contradicción entre la realidad y la teoría que no encuentra justificación adecuada, pues si se trata de una realidad, entonces no sirve para los objetivos de la teoría de la justicia imparcial dado que no admite la discusión, y si se trata de una teoría, no hay una forma clara, consistente o coherente de convertir los valores comunales en principios teóricos.

En el caso particular de la teoría de las esferas de la justicia de Walzer, se parte del equilibrio de las esferas de la justicia y se hace un fuerte uso de las costumbres y el contexto histórico-cultural. Afirma que la justicia es aquello que una comunidad considere como tal.

Hace ver de manera fuerte que la justicia es muy exigente, requiere una serie de normas que ponen en acción al Estado benefactor y social, lo cual comprometerá la libertad económica y política. La justicia es costosa.

Además la justicia es compleja, las diversas esferas: poder, dinero, educación, trabajo, salud, etc., entrarán en contradicción entre sí, pues cada una tiene su criterio guía. Por ejemplo, la esfera educativa tiene como criterio guía el conocimiento, debe quedar libre de cualquier influencia de la política o del dinero.

En cada esfera, la justicia propondrá ciertos criterios de igualdad, entendiendo tal igualdad de diversas maneras, como serían la igualdad estricta, la igualdad en el tratamiento, o la igualdad en cuanto al resultado final obtenido (por ejemplo la igualdad de ingreso o riqueza).

Se requiere un sistema de igualdades que funcione y al mismo tiempo respete las costumbres de la comunidad.
[15]

Se distingue de lo razonable o recíproco, por poner énfasis en las prácticas aceptadas, dado que tal convencionalismo es incompatible con la noción de razonable. No obstante, al considerar la complejidad de la justicia y su correspondiente subdivisión temática, puede servir como recurso o fuente útil para desarrollar una teoría de la justicia razonable.

Se rescata que existen diversas esferas de justicia, con sus respectivos criterios guía, que podrían representar adecuadamente una estructura justa cuando las diversas igualdades, libertades o derechos se ponen en un equilibrio justo. Destaca el énfasis en las igualdades por una segunda razón: los ideales de justicia se reflejarían finalmente en principios de igualdad que se aplicarían en esferas diversas. Veremos más adelante que los principios de igualdad son también resaltados en un enfoque más general de lo razonable, puesto que ayudan a desagregar o aterrizar los principios fundamentales. El enfoque de las esferas resulta contradictorio por poner énfasis en las pautas de la comunidad al definir el contenido de sus principios, en realidad, un enfoque de lo razonable reposa en una justificación muy diferente: sostiene que lo razonable se define bajo pautas imparciales fundadas en el diálogo social.

4.1.3. El principio de universalización de Habermas.

Habermas sostiene, en su principio de universalización, lo siguiente:

“Cada norma válida habrá de satisfacer la condición de que las consecuencias y efectos secundarios que se siguen de su acatamiento general para la satisfacción de los intereses de cada persona (presumiblemente) puedan resultar aceptados por todos los afectados (así como preferibles a los efectos de las posibilidades alternativas de regulación).”
[16]

Tomemos este principio como el principio idealizado que estamos buscando, esto es, aquél que define la pauta de lo razonable o recíproco. Como se ve de inmediato, pone énfasis en la aceptación de todos los afectados y en la consideración de las consecuencias, lo que significa dejar lo razonable sujeto a fuertes requisitos que funcionan como cadenas de legitimación difíciles de superar.

Al explicar tal principio, advierte Habermas de manera reiterada, que debe ser diferenciado del principio "D" de la ética discursiva, que se refiere a que solamente serán consideradas válidas aquellas normas que hayan sido aprobadas por todos los participantes en el contexto de un discurso práctico.

Por ejemplo, para que sea legítima la decisión de construir una represa de acuerdo al criterio “D”, todos tendrían que estar de acuerdo con la decisión después de una discusión profunda e informada. Por su parte, el principio de universalización exigiría algo más: que se consideraran todas las posibles consecuencias y que, en su caso, fueran (presumiblemente) aceptadas por todos los afectados.

Se distingue de nuestro enfoque de lo razonable o recíproco porque considera inviolables los intereses de las personas. En esto radica su criterio guía: considera en forma igual los intereses de las partes, en un sistema en que se suponen los intereses propios o individuales como la consideración fundamental, con independencia casi total de su contenido. Por ello sería un enfoque con énfasis, o casi exclusividad, en los aspectos formales, aunque es obvia su vinculación con una teoría de la reciprocidad o lo razonable pues considera al diálogo social y su legitimidad como cuestiones fundamentales.

Si la teoría de la justicia imparcial aceptara esto, sería imposible superar los conflictos, pues siempre habría alguien que podría objetar que saldría perjudicado con la norma, ley, acción o política. En otras palabras, las personas y grupos tendrían un derecho de veto que les permitiría calificar como inaceptables aquellas propuestas que les perjudicaran, el resultado previsible sería la indecisión, y ello nos llevaría de nuevo a un sistema demasiado formal y atrapado en sus propias cadenas. Esto no puede ser realista, ni siquiera desde la perspectiva de la teoría filosófica.

4.1.4. El diálogo liberal de Bruce Ackerman.

En el caso de Bruce Ackerman se parte de un esquema dialógico para la generación de principios, por lo cual resulta muy prometedor para adecuarse y aclarar la concepción de lo razonable que aquí se sostiene. El “diálogo liberal” no llegará a su fin sino hasta que las partes en conflicto agoten todas sus razones para discrepar. Las razones posibles están sujetas a dos restricciones principales: no basarse en el interés propio de cada quien y no suponer que quien discrepa tiene acceso a una verdad superior que los demás no tienen posibilidad de alcanzar.
[17]

Adiciona Ackerman, desarrollando un poco más sus ideas, que toda proposición debe ser defendida o justificada en un diálogo ante los demás, de otra manera, no será considerada válida. Las razones utilizadas en el diálogo poseen ciertas características propias. Tienen que ser definidas con claridad, relevancia y pertinencia, ser factibles de aceptar por los demás, y ser consistentes con otras razones que se hayan aducido.

El esquema de Ackerman fue en su momento muy popular y se discutió extensamente. Luego perdió fuerza, tal vez porque no logró especificar mejor sus ideas o no fue bien comprendido. Dentro de nuestra concepción resulta relevante y agrega cuestiones que son claras carencias de las otras teorías de la justicia. Entre ellas podemos mencionar una mejor ubicación de lo que significa lo razonable, y la consideración de aspectos económicos al tomar en cuenta la restricción que los recursos escasos establecen por sobre las puras necesidades de los miembros de la comunidad. Se tiene derecho a ser feliz, pero sólo contra el trasfondo de las posibilidades fácticas.

En suma, tenemos una definición más amplia de lo razonable o recíproco, que incluye consideraciones de coherencia lógica y plantea restricciones fácticas como las de carácter económico. A éstas se podrían agregar cuestiones relativas al contexto político y social, por ejemplo, la existencia o no de discriminación.

Otro elemento digno de rescatar es la necesidad de especificar con más cuidado lo que se entiende por razonable a través de un esquema dialógico. Con independencia de si es o no cuestionable, posible o pertinente aterrizar las ideas de lo razonable o recíproco en un sistema lógico general o inclusive en un conjunto de reglas deliberativas, vale la pena considerar tal posibilidad como una forma de especificar mejor lo que se entiende por razonable, especialmente en el contexto del presente documento, pues ello sirve como un recurso que ayuda a explicar nuestra perspectiva, la justifica, y la presenta mejor para su discusión en el ámbito de la sociedad en general.

4.1.5. Justicia imparcial y razonable.

Brian Barry sugiere, en su idea de la justicia imparcial y razonable, que se utilice un método de dos etapas para dilucidar principios de justicia.
[18]

En la primera etapa se determina si hay un interés en juego que sea generalizable para todos, por ejemplo, el tener un tipo de preferencia sexual. En la segunda se analiza si la única forma, o la más conveniente, para proteger los intereses, sería garantizar la libertad de que la práctica pueda ser realizada por todos. Por este método se esclarece la validez de principios como la libertad sexual, religiosa y de expresión.

Los intereses compartidos, o que sean razonablemente compartidos por prácticamente todas las visiones del bien, dentro de cada esfera de la vida, estarían en la base de los derechos que se defenderían en una estructura de justicia con sus respectivas libertades. Se trata, parece claro, de una concepción consistente y complementaria con lo que aquí se considera razonable y recíproco.

Sostiene Barry que se pueden aprobar prohibiciones cuando se demuestra que una práctica genera daños, tomando como base el hecho de que hay actividades que son consideradas dañinas por una gran mayoría de las visiones del bien existentes. Por ejemplo el adoctrinamiento se considera dañino, mientras que la educación integral no. Ésta es una idea complementaria de lo razonable, basada en que sería razonable que se restringiera aquello que se considerara dañino por la gran mayoría de las visiones del bien. Obsérvese que aquí no se trata de seguir lo que la mayoría diga, sino lo que una gran mayoría de visiones plurales del bien sostiene. La diferencia entre la primera y la segunda versión es esencial, puesto que en el primer caso se correrían serios riesgos de que la moral convencional definiera arbitrariamente lo que se considera razonable, mientras que en el segundo caso, tales riesgos serían mínimos.

4.1.6. El utilitarismo de las preferencias informadas.

El utilitarismo se considera por regla general como un ideal completamente diferente al de lo razonable o recíproco. Sin embargo, puede adecuarse para los fines de nuestra discusión.

El utilitarismo tiene el atractivo de ser una concepción de segundo orden del bien. Esto quiere decir que establece un criterio secundario que puede ser tomado en cuenta por cualquier concepción del bien, dicho criterio se identifica con la satisfacción de deseos. Así, con independencia de la concepción del bien que cada quien pueda tener, es factible recurrir al utilitarismo como la versión secundaria que ayudaría a comparar sus intereses con los de los otros ciudadanos.

No obstante, para muchos, el utilitarismo es una forma grosera e indigna de considerar las diversas visiones de la vida de las personas, pretendiendo reducir a números, estadísticas o emociones muchas cuestiones que son en realidad esenciales, como la libertad religiosa, el daño a las personas o el racismo.

Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un proceso de votación para dilucidar alguna cuestión de política pública, el utilitarismo podría sostener que lo que diga la mayoría es lo justo puesto que lo que debe contar es la satisfacción de deseos. En contraposición, la justicia como imparcialidad podría apoyar la justicia formal del resultado por el hecho de que se siguió un procedimiento equitativo, pero las personas que perdieron en el proceso podrán seguir diciendo que lo justo es lo que ellos creían, a pesar del resultado desfavorable.

Los utilitaristas sostienen que el acto o la política moralmente correcta es aquella que genera la mayor felicidad entre los miembros de la sociedad.
[19] Existen multitud de interpretaciones al respecto, siendo una de las más fuertes el considerar sólo las preferencias informadas de la gente en el cálculo de la satisfacción, eliminando todo lo que fueran falsas creencias, exageraciones o supersticiones. Con esto se excluyen de manera particular los fanatismos y diferentes formas de discriminación no razonable, como el racismo. Así, con preferencias de calidad, sería más aceptable intentar un ejercicio de ingeniería social que nos permitiera acercarnos a la máxima satisfacción.

En este sentido el utilitarismo se incorpora como otro principio ideal, correspondiente a lo razonable o recíproco, que se caracteriza por suponer que se pueden sustituir los principios de justicia por el principio general de máxima satisfacción, interpretado de manera particular como satisfacción de las preferencias informadas de las personas. De todos modos esto no elimina las limitaciones más importantes del utilitarismo, pues sería muy difícil superar su carácter individualista, y sobre todo, la grosera idea de que hay una instancia superior a la cual acudir que puede medir las satisfacciones o preferencias por medio de un ejercicio de ingeniería social.

En todo caso, un utilitarismo más aceptable para todos tendría que adicionar a su esquema consideraciones de equidad en el trato, como cuando se trata de necesidades o de preferencias especiales que tienen que ser respetadas a costa de que la persona no pueda realizar sus objetivos de vida. También habría que considerar cuestiones relativas a los recursos escasos, pues la gente no puede tener derecho a todo lo que quiere, sino a lo que es factible. Por fin, pareciera que hay que adicionar el respeto a los derechos de terceros de una manera seria, lo que podría contradecir el principio general utilitarista de obedecer las preferencias de las personas. Una vez hechas todas estas correcciones, ya no resulta tan clara la distinción entre un utilitarismo corregido y un enfoque de lo razonable, tal vez estaríamos hablando de principios similares puesto que la utilidad ya no sería el único criterio decisorio y menos el criterio fundamental, sino un elemento más a considerar en la toma de decisiones razonables.

El utilitarismo se distingue del enfoque razonable o recíproco, pues en éste último se da mayor importancia a las razones que tienen las personas para estar de acuerdo o no con una decisión, y no se reducen las razones a un cálculo numérico de las preferencias (como pretenden los utilitaristas). No hay nada en la justicia como imparcialidad o razonable que se parezca al material moldeable con el que trabaja el utilitarismo
[20], excepto que uno quiera identificar la lógica de la argumentación razonable con la matemática, lo que se dificulta una vez que se toma cuenta de que resulta difícil convertir la lógica argumentativa al lenguaje cotidiano y viceversa. Con esto se distingue al utilitarismo del enfoque razonable o recíproco, aunque hay que recordar que un utilitarismo corregido tendría elementos análogos a lo razonable o recíproco, lo que concuerda con nuestro objetivo de resaltar las analogías entre los diversos principios ideales y el enfoque de lo razonable o recíproco en general.

4.1.7. El derecho a igual consideración y respeto.

Es particularmente importante analizar a Ronald Dworkin, puesto que deriva su esquema de un solo principio general: la igual consideración y respeto que merecen todos los ciudadanos del Estado liberal.

Para ubicar qué entiende Dworkin por razonable, es bueno distinguir entre intereses críticos e intereses volitivos. Sería parte de mi interés crítico el poder tener un trabajo digno, pero no lo sería el poder ir a pescar. Por más que pescar resulte una actividad satisfactoria, sólo podría ser tomada en cuenta en la esfera pública si se presentara como un interés crítico dentro del estilo de vida de una persona o grupo, esto es, un interés sin cuya satisfacción no valdría la pena vivir.

Dworkin pone énfasis en la igualdad básica de recursos a la que todos tendríamos derecho, esta igualdad sería casi sagrada, pero en el extremo opuesto, financiar gustos costosos no formaría parte de lo razonable. Esto nos ayuda a integrar un enfoque económico, de escasez de recursos, dentro del concepto de razonable. Hay que distinguir el ser tratado como igual del igual tratamiento. A veces ser tratado como igual implica el igual tratamiento, por ejemplo, que se perciba un salario igual por un trabajo igual, pero otras veces no, por ejemplo, no sería lógico dar el mismo medicamento a alguien con ligeras molestias que a alguien gravemente enfermo. Por ello habría que distinguir las igualdades de las libertades, lo que sugiere ampliar el esquema de Walzer, que estudiamos más arriba, para considerar no sólo esferas de justicia, sino diferentes criterios según el tipo de bien escaso que se tenga que distribuir.

Tanto las teorías basadas en objetivos como las basadas en deberes exigirían a los individuos abandonar el propio interés a favor de un objetivo o deber fundamental. En cambio una teoría basada en derechos parte de que los individuos tienen intereses que están facultados a proteger si así lo desean. Habría entonces ciertos derechos naturales, en el sentido de que no requieren basarse en ninguna legislación o contrato hipotético. Se trata de una teoría basada en derechos, por contraposición a una teoría basada en fines o deberes. Éste es el carácter distintivo del enfoque de lo razonable en Dworkin.
[21]

En contraste, el derecho básico de la teoría de Rawls sería abstracto, pues los individuos estarían incapacitados de favorecer sus objetivos individuales. Se podría decir que el objetivo básico de Rawls es defender el derecho a la libertad. En cambio Dworkin elige el derecho a igual consideración y respeto, aquél que poseen todos los hombres que buscan hacer justicia, no emerge del contrato social, sino que es el supuesto del diseño de éste. Se trata de una teoría que da primacía a los derechos.

Los derechos individuales a diferentes libertades sólo deben ser reconocidos cuando se puede demostrar que el derecho fundamental a ser tratado como igual los exige. Así cada libertad se defiende de forma independiente a las demás. Por ello no existirían los derechos al libre uso de la propiedad o a la libre contratación de los patrones como pretenden muchos juristas. Por ejemplo, el derecho de las personas a utilizar libremente su propiedad puede ser suspendido por utilidad pública o porque su uso o falta de uso privado causa daños a terceros. Lo mismo puede decirse respecto de una presumible libertad de contratación, la cual quedaría en entredicho cuando se considera más importante el derecho de las personas a no ser discriminadas.

Sostiene Dworkin, respecto al derecho fundamental a igual consideración y respeto, que el gobierno debe tratar a sus gobernados con consideración, esto es, como seres humanos que sienten, son capaces de sufrir y frustrarse. Pero también debe tratarlos con respeto, esto es como seres humanos que son capaces de formarse y actuar conforme una concepción inteligente de cómo deberían vivir sus vidas. Pero no sólo eso, sino que el gobierno debe tratar a las personas con igual consideración y respeto, en este sentido no debe distribuir bienes u oportunidades de manera desigual, con base en que algunos ciudadanos tienen derecho a más por ser más dignos de consideración. Tampoco debe afectar la libertad con base en que la concepción de lo bueno de un ciudadano sea mejor que la de otro. Estos postulados, tomados juntos, son los que establecen la concepción liberal de la igualdad.
[22]

Para Dworkin tal derecho a la igualdad, bien entendido, es el que sienta las bases para lo que conocemos como derecho a la libertad, esto es, niega que exista propiamente un derecho a la libertad en sentido amplio, lo que existe es el derecho a igual consideración y respeto.

Cuando las constituciones conceden el derecho de voto a todas las personas de la comunidad, en realidad se usa el criterio de igualdad en un sentido absoluto, esto es, todos somos tratados como iguales, asignándose el mismo valor al voto de cada quién, por tanto se respeta el principio de igual consideración y respeto, al menos en términos formales. Pero éste posiblemente sea el único caso de coincidencia entre la democracia real y la teoría liberal, pues cuando se dice que es válido someter a los ciudadanos que protestan, con el argumento del beneficio del orden público o bien común, no se les está proporcionando la igualdad de consideración y respeto que merecen. También, cuando se discute una ley y nada más se considera la opinión de los diputados, mientras muchos grupos podrían ser afectados por la política correspondiente, muchas veces no se considera seriamente su posición. Así, se puede mostrar de manera general que las constituciones modernas no reconocen el derecho a igual consideración y respeto de los ciudadanos, y si Dworkin tiene razón, en consecuencia, no se reconoce propiamente el derecho a la libertad. La base sustancial de la libertad se encuentra en el derecho a una igualdad básica, y no en el tan reiterado y deformado concepto de derecho a la libertad.
[23]

Se concluye la primacía del ideal del derecho a igual consideración y respeto, por su énfasis en los aspectos igualitarios. Éste resulta superior a otras teorías engañosas de la libertad, criticables por tener carácter subjetivo, y por no poner límites razonables a las preciadas libertades, lo que permite que se especifique lo que se entiende por bueno, dando origen a todo tipo de arbitrariedades. En un enfoque razonable o recíproco, por su parte, se protege el derecho a igual consideración y respeto, al mismo tiempo que se ponen límites más claros a la idea de libertad, pues toda proposición deberá ser justificable ante los demás en términos imparciales, lo que bloquea muchos de los usos abusivos del concepto de libertad.

El problema de la limitación de la libertad no consiste en que la ley la restrinja, sino en si el ataque está o no fundamentado en virtud de algún valor como la igualdad, la libertad o el bienestar públicos. Es el salto de la libertad negativa a un concepto más amplio, el de libertad como independencia, el ser una persona independiente e igual más que una subordinada. Por ello hay leyes contra el homicidio y el monopolio, que protegen la independencia (la libertad). Por ejemplo una Corte Suprema de Justicia se puede equivocar al suponer que hay que defender el derecho a la libertad del empleador para contratar obreros, en los términos en que a dicho empleador se le ocurran. Los grupos radicales cometen el mismo error al confundir los efectos nocivos del liberalismo con los del capitalismo, culpando a los derechos individuales de la injusticia social.
[24]

Un Estado auténticamente liberal tiene al menos un compromiso muy específico con la sociedad, en el sentido de mantener la igualdad política de sus ciudadanos, en el sentido de que incluso los ciudadanos más débiles tienen derecho a la misma consideración y respeto de su gobierno que los ciudadanos más fuertes. Tal concepción básica adquiere plena justificación como defensa de los ciudadanos ante la tiranía del Estado, de allí que resulte esencial para un pensamiento universalista que pretenda justificar el poder legítimo del Estado.

Ahora bien, se puede decir que un ciudadano tiene un derecho fundamental frente al Estado, tal como el de libre expresión, de libertad o de tener alimentación, si tal derecho es necesario para proteger su dignidad, o es congruente con las bases mínimas requeridas para merecer el trato de igual consideración y respeto en relación a los otros ciudadanos.

Por tanto, en un Estado liberal que se precie de serlo, debe haber una garantía real de tales derechos, éstos deben ser considerados con seriedad. Así, cuando un Estado viola el derecho de libre opinión de alguien por una razón tal como el "bien común" no nos encontramos con un conflicto de derechos de igual nivel, en que el grado en que se ponga en juego el bien común determinará el grado en que se respetará el derecho a la libre opinión, sino que este último derecho resulta tan básico, que si significa realmente algo, tendrá que ser respetado de manera absoluta.
[25]

Lo anterior garantiza, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a oponerse de manera pacífica frente a las decisiones del gobierno, el cual no deberá usar la fuerza bruta, ni siquiera con la justificación del "bien común".

Se puede llegar a varias conclusiones o sugerencias importantes a partir de la lectura de Dworkin.

Si bien encontramos razones que justifican la existencia de los derechos individuales, la práctica muestra que tales derechos no son necesariamente actualizados en un Estado liberal real, lo cual sugiere una seria contradicción entre lo que se dice, en la teoría de los derechos, y lo que se hace, en la práctica política y legal.

En tal sentido se puede afirmar que no tenemos más derechos que los que se infieran de manera clara de la ley, nuestros derechos son sólo los derechos positivos efectivos. Ni siquiera implican derechos específicos los artículos constitucionales, puesto que en la medida que no se ponen en práctica por medio de leyes específicas carecerán de toda seriedad.

Por otro lado, existen acuerdos universales sobre los derechos básicos de los individuos, además del consenso en respetar que cada comunidad, en su espacio y tiempo determinado, posea una cultura, valores religiosos, y moral propia. A pesar de que tales elementos podrían no estar definidos con toda claridad, puesto que hay serias discrepancias entre los ciudadanos, en el contexto real se forman ciertos acuerdos, por ejemplo: la necesidad de tener bajo control la sexualidad humana, el valor de la vida humana, el valor de una promesa, la dignidad de ciertos grupos. Con ello se conforma un espacio normativo que debe ser respetado, y que acota los límites de lo que es válido hacer en una comunidad política, incluso oponiendo resistencia al derecho positivo. Así, hay una dialéctica entre derecho positivo y moral ciudadana, puesto que a su vez la moral de un pueblo puede ser influida por la ley positiva actual o futura.

A partir de los aspectos señalados se puede afirmar que si bien es cierto que toda ley aprobada de acuerdo con el procedimiento constitucional es derecho positivo, de allí no se infiere que se pueda legislar sobre cualquier tema y en cualquier sentido, ni que la ley una vez aprobada, vaya a ser efectivamente seguida por los ciudadanos, ni que la ley tenga que ser considerada justa desde el punto de vista ético. Por ello nuestro análisis relativiza la fuerza de la ley, oponiéndola a la moral colectiva de la sociedad, que puede ser justificada a su vez, tanto por razones teóricas como prácticas.

Una crítica que se aplica a un enfoque de derechos, como el de Dworkin, radica en que conlleva el riesgo de especificar demasiado los derechos que se van a defender, esto es, se asocia al desarrollo de un esquema o sistema de derechos, lo que llevaría de nuevo a una teoría específica de la justicia, que no podría ser apoyada por todas las visiones del bien existentes.

4.1.8. La justicia dinámica de Agnes Heller.

Por lo que dice Dworkin parece que la teoría del Estado liberal se funda más en el derecho a la igualdad que en el derecho a la libertad. Sin embargo no hay un acuerdo generalizado sobre tal punto. El enfoque de Agnes Heller parte de que cuando reclamamos la igualdad, incluso dentro del contexto liberal, lo que realmente hacemos es reclamar igualdad en algo, donde tal algo generalmente se reduce a la libertad, o las oportunidades de vida. La fórmula liberal quedaría resumida en que "…las normas y reglas de la sociedad deberían ser tales que aseguraran a toda persona el derecho y la habilidad de participar en todas las decisiones que conciernen a su comunidad o cuerpo político, y en consecuencia, todas las normas y reglas, de cualquier agrupamiento social a que pertenezca, deberán asegurar lo mismo", además "...deberán asegurar el derecho a decidir el propio destino, un modo de vida propio, y que toda persona tenga derecho a decidir si desea pertenecer o no a un agrupamiento social."
[26]

Lo razonable queda relacionado, por tanto, con las normas y reglas básicas de la sociedad, en relación a sus derechos fundamentales, que se asocian a su vez al derecho a participar en todas las decisiones que conciernen al cuerpo político y a desarrollar una vida propia. Por consiguiente, lo razonable queda asociado a la libertad.

Para Agnes Heller, el concepto de igualdad es más bien un criterio que un valor último. Los auténticos valores últimos reconocidos, que son la fuente de los derechos universales, serían los valores de la libertad y la vida.

Habría que decir, entonces, que la igualdad es un criterio de carácter regulativo, puesto que sirve para regular los valores fundamentales, por ello, es importante y sustantiva por sí misma, pero sería un error sostener que pertenece a la misma categoría que los valores últimos de la libertad y la vida.

Agnes Heller nos habla de la justicia dinámica. Contrariamente a una definición de justicia puramente formal, la justicia dinámica parte de que yo puedo tener ciertos valores, normas, virtudes, principios o máximas en mi mente, a partir de los cuales considero que las normas que se están aplicando son injustas. Ahora se aprecia con claridad que desde el punto de vista de la justicia formal se puede decir que una norma dada es justa o injusta con prácticamente absoluta certeza, esto es, si corresponde con el sistema normativo dado. Pero desde el punto de vista de la justicia dinámica, todo depende de las normas que se asumen como válidas, esto es, de las normas axiomáticas.

Como consecuencia, cuando se ataca a la totalidad o a parte de las normas existentes desde el punto de vista de la justicia dinámica, se recurre necesariamente a algún valor sustantivo. El ideal de lo razonable para Heller, se caracteriza por vincular lo razonable con los valores sustantivos de nuestra convivencia social, en especial, la libertad y la vida. Ésta parece ser una idea prometedora, pues deja en claro que lo razonable se vincula a los principios o tesis fundamentales de la justicia social.

Señala Agnes Heller que en la modernidad existen dos valores universales en que se funda la justicia dinámica: los valores de la vida y la libertad. Paralelamente se podría hablar de la igualdad, pero desde su punto de vista la igualdad no es un valor último en sí mismo, sino que nosotros reclamamos igualdad en "algo", en ese sentido se deben entender máximas tales como: "todos hemos nacido igualmente dotados de razón y conciencia", "cada persona debería tener iguales derechos para participar en todos los procesos de decisión que conciernen a su comunidad", y "toda persona tiene igual derecho de ser y la posibilidad de seguir siendo". Así, siempre se pide igualdad en “algo”, para luego sustituir ese “algo” por los derechos a la libertad o la vida.

Cualquier persona o grupo de personas, en cualquier momento, pueden objetar valores específicos que sustentan la idea de justicia de los demás. El Estado liberal pretende garantizar la libertad de opinión, de expresión, y de decisión política y social en tal sentido, siempre que se respeten los valores básicos que sustentan la convivencia ciudadana, que se pueden resumir en las ideas de igualdad, libertad y derecho a la vida. Desde el punto de vista ético, se puede ser justo sin respetar la justicia formal, lo que es más, todo ser humano tiene la obligación de respetar sus propias creencias y actúa injustamente en el momento en que no es consistente con sus valores más básicos. Así, debe haber respeto por la conciencia individual, aunque cabe notar que en tal contexto la noción ética tiene un parentesco sorprendente con la noción de racionalidad.
[27]

Es interesante remarcar un aspecto en el pensamiento de Agnes Heller, en el sentido de que cuando se cuestionan las proposiciones y reglas desde el punto de vista dinámico, necesariamente se tienen que plantear valores básicos diferentes a partir de los cuales se cuestiona la justicia de los valores actuales.

Al replantear la cuestión desde el punto de vista ético, resulta claro que se puede objetar la justicia e injusticia de las normas existentes, sean o no legales. Todo individuo está en pleno derecho de hacer tales objeciones y de que su opinión se tome en serio, no simplemente de que se le escuche para luego dejarlo en el olvido. Esto nos recuerda la conexión entre la justicia ética y lo razonable.

Si coincidimos con Heller respecto a que los valores últimos del mundo contemporáneo son los de la vida y la libertad, debemos compatibilizar tal visión con la de la justicia ética, que utiliza valores últimos para cuestionar las normas existentes, sea a nivel moral o legal. El procedimiento para atacar las normas existentes y provocar su eliminación, o hacer válida su desobediencia, siempre debe estar fundado en la razón. Pero no se puede utilizar cualquier razón, sino que las razones deben estar fundadas en los valores últimos. Por ello, el procedimiento válido para debatir acerca de la justicia o injusticia de las normas en cualquier contexto debe ser un procedimiento racional, de acuerdo a la siguiente definición:

La racionalidad del intelecto (o racionalidad argumentativa) es el procedimiento por medio del cual se revalidan o devalidan cualesquiera normas y reglas con principios universales constituidos por los valores últimos de la vida y la libertad.
[28]

Para Heller es importante distinguir que la racionalidad no es un valor último en sí mismo, sino que es el procedimiento universal sólo cuando se le usa en unión de los valores universales correspondientes. Además, la lista de valores universales puede crecer conforme evoluciona el hombre, o bien, los valores pueden ser precisados con mucha mayor exactitud. En este sentido se instituye un procedimiento para argumentar acerca de la justicia o injusticia, en un contexto más adecuado que el de la justicia formal, o incluso otras ideas de justicia no fundadas en valores universales.

Desde nuestra perspectiva la racionalidad, así entendida, queda vinculada estrechamente con el concepto de razonable o recíproco, que a su vez es el pilar de la teoría de la justicia imparcial.

Sugiere Heller que, si se expresa la misma idea en sentido inverso, puede quedar más clara: los valores de libertad y vida solo pueden ser observados como valores universales últimos, si las normas y reglas existentes son validadas por argumentos racionales, y todas las normas y reglas fundadas, o relacionadas con, los valores de vida y libertad, son argumentadas de manera racional. Si se sustituye aquí lo racional por lo razonable, la visión que defendemos se asocia bastante con la de Agnes Heller, aunque tal vez quedaría pendiente el discutir con mayor precisión lo que se entiende por razonable dentro de cada enfoque.

Por esto la discusión de Agnes Heller, a pesar de ser tan valiosa, abre nuevos problemas. En primer lugar, los valores de la vida y la libertad podrían ser insuficientes como valores universales para conformar un orden justo, tal vez se requiera que los seres humanos aclaren más lo que entienden por tales valores y formen un consenso más sólido. En segundo lugar, ambos valores pueden ser conflictivos en circunstancias concretas, y posiblemente frecuentes, siendo válido afirmar que el concepto de justicia dinámica no resuelve tal conflicto. Por ejemplo, cuando se habla de la guerra justa, de la violencia justa, de que es justo quitar la libertad a alguien en beneficio del derecho a la vida de los demás, es justo o no obligar a la gente a ser libre incluso contra su voluntad, es justo quitar la vida a alguien en beneficio de la protección de la vida de los demás, etc.

Finalmente, quedan muchos problemas por resolver en cuanto a la justicia dinámica, puesto que muchas decisiones no pueden ser reducidas al nivel de la vida y la libertad, esto es, pueden ser válidamente argumentadas dentro de tal contexto, y aún persistirán dudas respecto de su justicia, por ejemplo, porque alguien siente que está recibiendo algún daño o perjuicio injustificado. Por lo tanto, algunos conflictos tendrán que resolverse tomando en cuenta criterios adicionales, por ejemplo, con el establecimiento de procedimientos deliberativos, el recurso a la regla de mayoría o la realización de compromisos o correcciones adicionales.

Ahora bien, si la racionalidad, a pesar de los matices dados por Agnes Heller, sigue siendo importante para delimitar los valores últimos, y para distinguir los casos conflictivos o difíciles ¿cómo se puede ignorar la opinión de un ciudadano perfectamente racional, y plenamente educado, sólo porque una gran mayoría de nosotros, tal vez más ignorantes e incapaces que él, pensamos diferente? Si lo pensamos seriamente, esto significa que todo ciudadano posee un derecho de cuestionamiento profundamente arraigado en el mismo hecho de ser un ser vivo racional y no podemos obviar su opinión por ningún procedimiento, por lo cual siempre existirán proposiciones cuyo valor de justicia será indeterminado. La solución de Heller es en tal sentido parcial, puesto que en la medida que asumimos los valores universales, muchas proposiciones se declaran injustas, al menos en lo que al momento histórico y cultural corresponde, mientras otras muchas proposiciones, que no siempre serán triviales o despreciables, seguirán con carácter indeterminado por no poder ser devalidadas por argumentos racionales. Es importante que la exi
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