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VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL DIÁLOGO RAZONABLE EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

21 Avr 2012 - 16:40:29
Lo razonable depende del entorno decisional. Teóricamente puede significar muchas cosas; como estar dispuesto a escuchar y tomar en cuenta las razones de los demás, estar comprometido con la búsqueda de la verdad y de la mejor acción posible, o mantenerse relativamente neutral con respecto a los intereses personales implicados. Pero en la práctica, especialmente en contextos definidos, significa ser pertinente, esto es, opinar de acuerdo al contexto de la decisión.

Al aplicar las políticas públicas habrá restricciones económicas, políticas y sociales, que determinarán en gran parte si una decisión es razonable o no. Tomar en cuenta el conjunto de restricciones relevantes es entonces una parte importante del proceso y afecta de manera definitiva el resultado final.

La restricción económica más obvia es el tamaño del presupuesto disponible. Si se van a construir escuelas, hospitales o vías de comunicación, una cuestión definitiva es la disponibilidad de recursos, proponer obras de gran magnitud sería absurdo si son muy grandes en proporción al presupuesto, también sería ineficiente repartir los recursos disponibles hasta el punto en que sus impactos contextuales fueran ínfimos.

Las restricciones políticas son menos obvias pero no carentes de importancia, hay que considerar de forma imparcial todos los intereses envueltos alrededor de la política pública que se va a llevar a cabo, el no tomar en cuenta intereses significativos puede generar resistencia hacia la política e incluso desaprobación pública. Siempre que se reparten recursos públicos aparecen diferentes grupos e individuos que se creen con derecho a recibirlos, hay que considerar que el hecho de organizar bien un conjunto de intereses puede obligar a que se tome en cuenta a un determinado grupo, con independencia de sus aspiraciones legítimas.

El peso de la situación concreta es por consiguiente considerable a la hora de decidir asuntos públicos.

Aquí surge el problema de delimitar cuáles son las auténticas restricciones de un problema de política pública. Puesto que lo razonable es una función de las restricciones, hay un vínculo entre lo razonable y lo factible. Entonces, de hecho, las restricciones son un aspecto más a decidir, que forma parte del problema de política pública y determina las pautas a seguir. Resulta esencial el distinguir entre las limitaciones reales y las limitaciones que son asumidas por los actores.

En el caso de la construcción de escuelas se puede establecer una norma en relación al tamaño de la población, así, se podrá determinar cuáles son los lugares que requieren o no una escuela. Luego se puede definir un procedimiento para repartir los recursos escasos entre las localizaciones potenciales. Todo esto requiere de criterios de decisión que son de hecho restricciones de la política, según se escogen las restricciones del problema los resultados son distintos.

Si se trata de distribuir recursos financieros para proyectos de inversión agrícola, un aspecto clave radica en que si se recurre a la participación económica de los mismos beneficiados, un aumento en dicha participación pondría en desventaja a los campesinos más pobres. Así, un programa enfocado en el logro de productividad es muy diferente a un programa enfocado en la satisfacción de las necesidades de los campesinos.

Se ha recomendado el uso del diálogo racional para que se tomen este tipo de decisiones. Esto implica la participación de ciudadanos éticos e imparciales que tratarán de influir en las decisiones de política pública, lo cual supone la apertura correspondiente por parte de las instituciones gubernamentales que permiten dicha participación.

Tales ciudadanos deben entender el conjunto de restricciones: es fundamental que comprendan el contexto decisional para que sus opiniones y propuestas sean razonables.

Las razones que se dan en el diálogo se pueden dividir teóricamente en argumentos, procedimientos y hechos.

Los argumentos se consideran aquí como proposiciones teóricas con las cuales se pretende convencer a un auditorio determinado de la validez de un principio de acción o política. Por ejemplo, sostener que es necesario un sistema completo de salud pública dada la importancia de los aspectos de salud en el desarrollo y bienestar de las personas.

Los procedimientos establecen un mecanismo o conjunto de reglas para dirimir o simplificar una discusión. Por ejemplo, se acuerdan los criterios principales para distribuir los servicios de salud: eficiencia, necesidad, merecimiento y tiempo.

Los hechos aumentan la información disponible y brindan juicios científicos para superar los desacuerdos. Se puede demostrar que un servicio social de salud genera fuertes costos a lo largo del tiempo puesto que, como resultado de los avances de la medicina, las necesidades se vuelven ilimitadas. Los hechos pueden ser auténticas restricciones, esto es, no restricciones escogidas por los actores sino reales limitaciones a la política (tal como sería el caso de un presupuesto determinado o una norma ambiental).

Pero la verdad es que en la práctica las cosas se mezclan, los argumentos se presentan en forma de evidencias, pueden ser hechos presentados de forma conveniente para tratar de apoyar un rumbo de acción. Los actores políticos ya vienen comprometidos con ciertas políticas y traen consigo los argumentos, procedimientos y datos que más convienen a dicho compromiso.

Normalmente los agentes públicos llegarán al foro de decisión armados con un conjunto de argumentos y suposiciones sobre cómo debe realizarse la política. Los ciudadanos sólo podrán influir si logran reconstruir la argumentación en la búsqueda del mejor rumbo de acción, incluso en contra de la opinión de las autoridades, tienen que poder resistir contra las opiniones dominantes, contra las teorías de las autoridades. Hay que debatir un conjunto de argumentos, procedimientos y hechos que ya vienen integrados en la política de la autoridad.

Las propuestas de la autoridad son cuestiones sobre las que se puede discrepar, pero por ser esencialmente teorías acerca de cómo actuar en un dado contexto decisional o ambiente, no pueden ser comprobadas del todo, en este sentido se parecen más a los objetivos que a las limitaciones auténticas comprobadas con hechos.[1]

Hay que reconocer que normalmente los ciudadanos estarán en desventaja en estas situaciones, no se pesarán sus opiniones con una fuerza igual a las de las autoridades. A lo más que se aspirará normalmente será a cierta influencia sobre la toma de decisiones, pero el centro de la decisión seguirá estando en manos del sector público. Esta es una cuestión de poder político; el director de la agencia pública quiere controlar sus políticas, que se realicen a su manera, podrá tener mucha disposición para escuchar a los ciudadanos, pero él es el principal responsable y asumirá su rol. En particular, si la participación ciudadana es visualizada como sólo una etapa del proceso de políticas, esto es, si no está integrada durante todo el desarrollo de la política, desde su inicio hasta su final, las posibilidades de influencia ciudadana se reducirán proporcionalmente.

Hay que recuperar el concepto de importancia de la decisión, las posibilidades de una mayor influencia de los ciudadanos en las políticas públicas depende mucho de que puedan actuar en los niveles importantes de decisión, no cuando ya las políticas están encaminadas y definidas en lo concreto.

Con importancia de la decisión se hace referencia a las cuestiones de nivel constitucional, siendo éstas las más importantes pues allí se definen los derechos sustantivos básicos de los ciudadanos. Pero también hay cuestiones más concretas como los planes generales de una agencia gubernamental o el diseño de una nueva ley fiscal.

En suma, hay que cuidar que las estructuras básicas de la justicia estén aseguradas, para que de esa forma, en un efecto cascada, podamos confiar en la justicia de las políticas públicas concretas.

De todas maneras, por los argumentos señalados, hay que desconfiar de la justicia y corrección de los procesos de decisión de las políticas públicas concretas.

Regresando a nuestro problema de la justificación de las políticas, los analistas oficiales recurrirán a un conjunto de hechos, suposiciones y modelos, con los cuales pretenderán convencer de su política a un auditorio particular. La combinación particular que utilicen dependerá de los datos disponibles, pero igualmente del auditorio al que se pretende convencer. Habrá restricciones reales de la política, así como restricciones que son inventadas o propuestas por el analista. El resultado es una especie de teoría oficial de cómo resolver el problema.

El papel de los ciudadanos éticos y razonables será el de enfrentarse con esta explicación oficial y lograr modificar las acciones de política a partir del punto de vista ciudadano. Se trata de un auténtico campo de batalla, dentro del cual, si los ciudadanos llegaran debilitados o sin las capacidades intelectuales adecuadas, tendrían todas las posibilidades de perder.

En este sentido, no resulta conveniente que los ciudadanos participantes estén comprometidos con los intereses que representan, pues si así fuera buscarían más reforzar su propia opinión que participar en un diálogo fructífero. Así que los ciudadanos deben ser conocedores de la problemática a considerar, pero al mismo tiempo, relativamente autónomos respecto a los grupos que están disputando el acceso a los recursos o la política que más les conviene.

Es por esta razón que un enfoque individualista, que parta de la opinión de cada uno de los ciudadanos involucrados, está condenado al fracaso, pues en lugar de darnos pistas de la mejor política que corresponda, sólo reflejará las preferencias interesadas de los individuos.

Un problema que surge aquí es la posibilidad de que los ciudadanos participantes, sin estar comprometidos con los intereses, se puedan poner efectivamente en el lugar de los individuos que serán afectados por la política. Es cierto que deberán realizar un esfuerzo por entender el problema específico y colocarse en el lugar de cada una de las partes, ello puede no ser fácil, por consiguiente, se requerirá de invertir tiempo y esfuerzos para una mejor comprensión de la problemática involucrada, sin que ello signifique que quienes juzguen se vuelvan parte del problema.

Así, requerimos de ciudadanos conocedores de la situación, con capacidades analíticas, y que a su vez, sean representantes de los individuos involucrados en la decisión, sin que ello signifique que estén comprometidos de manera categórica con sus puntos de vista particulares. Con esto tendremos las condiciones para una buena discusión, en la cual se pueda avanzar hacia mejores propuestas y se pueda hacer frente a las teorías oficiales.

Aquí hay que reconocer dos tipos de costos que están involucrados a la hora de decidir.[2] Primero está el costo externo generado porque la decisión final seguramente no coincidirá con lo que cada ciudadano esperaba. La política que se asuma al final favorecerá a algunos, será neutra respecto a otros, y perjudicará a terceros, en el sentido de que el resultado no coincidirá con sus expectativas de la mejor política. Éste es un resultado natural desde que no se puede quedar bien con todos. En un buen análisis de políticas se debería tratar de determinar este costo, si por ejemplo, los ciudadanos representantes hicieran un buen trabajo al tomar en cuenta los diferentes intereses involucrados, podrían minimizar el costo externo, pero también cabe la posibilidad de que el costo externo sea considerable.

El costo de la toma de decisiones es el segundo tipo relevante, las restricciones que hemos impuesto a los ciudadanos representantes, y su lucha con las autoridades, acarrearán fuertes costos de decisión, esto es, los costos involucrados al ponerse de acuerdo. Una forma evidente de reducir este costo es tomar las decisiones sin mayor discusión o basándose en la opinión de la mayoría, pero ello irá en detrimento de la calidad del diálogo. Supuesto un diálogo de buena calidad, tendremos costos de toma de decisión considerables.

Puesto que lo que se busca es la política más razonable, el esfuerzo correspondiente se reflejará en la suma del costo externo y el costo de decisión. Una comparación entre los beneficios que nos puede proporcionar la política pública, y los costos correspondientes, nos permitirá saber si se está tomando una decisión económicamente justificable.

Un resultado de este análisis, que se debe tomar en cuenta, es que conforme más complejos y variados sean los intereses involucrados, la elevación de los costos de decisión hará menos factible que una política pública pueda resultar exitosa. Sólo una buena evaluación de la situación concreta que enfrentemos nos podrá poner a salvo de llevar a cabo políticas públicas que al final resultarán poco beneficiosas.

La participación de representantes idóneos se vuelve una variable crucial para reducir los costos de la política pública. Por ejemplo, si pudiéramos delegar la decisión a unos pocos ciudadanos que cumplan los requisitos deseables, lograríamos una sustancial reducción de los costos.

Pero por lo general tendremos que lograr que el diálogo sea fructífero. Para ello hay que considerar las cuestiones involucradas. Entre las ventajas del diálogo podemos señalar las siguientes:

a) El diálogo incrementa considerablemente la información con respecto a otras alternativas como el voto o la negociación. La oportunidad de tener un intercambio de argumentos y opiniones da lugar a que se aclaren los puntos de vista de las partes y la información en la cual se basan. Se podrá discutir acerca de las restricciones reales o supuestas del entorno situacional. Inclusive se podrán revelar preferencias, puesto que habrá lugar para discutir su fuerza relativa; el que la situación de un grupo minoritario se vea afectada de forma considerable podrá ser tomado en cuenta, lo cual no es tan fácil o inclusive llega a ser imposible en las negociaciones o votaciones.[3]
b) Se reducen las posibilidades de tergiversar la información, puesto que se tiene que dar un punto de vista coherente sobre los beneficios de la política que se defienda, por tanto, el mentir u ocultar información se vuelve más problemático pues podría llevar a inconsistencias.
c) El que se pueda discutir entre un conjunto de personas incrementa las posibilidades, esto es, aumenta el número de opciones, puesto que muchas cabezas estarán pensando desde perspectivas diferentes que pueden ser eventualmente armonizadas en un todo mayor. Surgen nuevas ideas y se retroalimentan entre sí en un proceso creativo.
d) El sólo hecho de tener que defender cada perspectiva en un foro público obliga a que se presente en una forma más consistente y abarcadora, puesto que tendrá que ser capaz de hacer frente a los posibles ataques.
e) Un buen proceso de discusión logrará que en definitiva se cambien las propias opiniones y preferencias sobre el asunto a tratar, puesto que los agentes se ven obligados a colocarse en el lugar de los otros.

Así, el proceso de discusión permitirá el surgimiento de una política pública más rica y plural, elevando considerablemente los beneficios que esperamos de la acción pública.

En cuanto al grado de consenso que se pueda obtener hay que tener claro que, hablando de políticas públicas más o menos específicas, una exigencia de unanimidad estaría normalmente fuera de lugar pues elevaría demasiado el costo de la toma de decisiones. En general, la justicia de la política será mayor conforme más consenso se establezca, pero la justicia no será siempre recomendable si resulta muy costosa, sobre todo cuando las partes tienen intereses muy diversos. Es mejor en este caso referirse a un grado de justicia que se alcanzará, el cual será mayor conforme más consenso se alcance en la política final. En este sentido se puede ver a la justicia como un bien que se produce de la mano con el consenso, por tanto no tendría mucho sentido un proceso de discusión largo y tedioso que terminara en el desacuerdo de las partes en lugar de crear un avance en la discusión; la misma dinámica del proceso de discusión indicará si se está avanzando o si, por el contrario, se está desembocando en un callejón sin salida.

Un aspecto esencial se refiere a las motivaciones que están detrás de los agentes que están participando en el diálogo. El que las motivaciones sean favorables o no determinará que el diálogo sea fructífero.

Por ejemplo, si las autoridades políticas llegan con puntos de vista preconcebidos y cerrados, con la intención manifiesta de no brindar concesiones en el proceso de discusión, provocarán un diálogo desgastante y frustrante. Más allá de esto pueden actuar estratégicamente, brindando concesiones en aspectos que no son centrales y estableciendo un juego de poder en el cual llevarán todas las de ganar.

Es por eso que hay que insistir en el aspecto motivacional; sin la disposición efectiva, incluso en el aspecto moral, un diálogo tendrá pocas posibilidades de desarrollar todas sus promesas y se quedará en un mero intercambio improductivo de ideas.[4]

Ello es así por la misma naturaleza del diálogo aquí propuesto, pues no se ha supuesto que se conforme de argumentos deductivos y precisos, sino que dependerá de la voluntad de las partes para que pueda evolucionar favorablemente.

Volviendo a los ciudadanos participantes, y como previsión contra la posibilidad de la actitud cerrada de la autoridad, deberán tener la fortaleza suficiente para plantear sus posiciones con valentía y defenderlas ante las posibles manipulaciones de la autoridad, sin caer tampoco en el exceso de cerrarse completamente. De nuevo, el aspecto motivacional es central, pues los ciudadanos deben guiarse por los mejores argumentos y no rendirse por el cansancio. Hay grupos que utilizan sistemáticamente la estrategia del desgaste en la discusión, poniendo a prueba la paciencia y la entereza de quienes desean llegar a un acuerdo más sólido.

Hay algunas reglas que se pueden usar al respecto, por ejemplo, el liberar a los ciudadanos participantes de todas las demás obligaciones laborales que tengan, con el fin de que se puedan concentrar plenamente en su actuación como analistas de políticas. Una gratificación adecuada por su trabajo tal vez sería otro aspecto que fortalecería la motivación. Igualmente puede ser útil el insistir en la importancia cívica de su actividad.

El tiempo también debe administrarse con inteligencia, el uso de plazos para forzar una solución no es lo más recomendable, hay que dar el tiempo suficiente para que los intereses se vayan acomodando y para desmotivar las estrategias de desgaste. Siempre debe haber oportunidad para ampliar los plazos en caso de que no se tengan acuerdos suficientes.

En la medida de lo posible, pues depende de la complejidad de la política que se está analizando, los argumentos presentados deben ser lo más claros posibles, sin complicaciones innecesarias que confundan a los participantes o les exijan niveles de calificación que no sean acordes a lo previamente acordado.

En un enfoque tradicional y perfeccionista de toma de decisiones los actores son racionales, el problema está bien definido y la información es completa. En este contexto se puede pensar en optimizar y resolver el problema de manera clara y contundente. Pero sabemos que la realidad no es así, y conforme nos acercamos a un escenario más realista aparecen las complejidades del análisis.

Por ejemplo, la llamada “teoría de la decisión” no se refiere a una pluralidad difusa de planteamientos de problemas y métodos conectados entre sí a través de una vaga temática. Más bien, se refiere a una corriente de investigación interdisciplinaria que excluye de antemano enfoques hermenéuticos o trascendentales y que se limita a conceptos de decisión racional formalizados y básicamente transformables en un cálculo.[5]

Así, pareciera que los investigadores de estos campos se colocan en un lugar cómodo para enfrentar la problemática de interés, y luego usan las herramientas de análisis para resolver los problemas que ellos mismos han planteado. Claro que la cuestión que surge es la relevancia de tales estudios para la política pública real.

Una primera complicación es que los agentes decisores son falibles, no son una máquina productora de decisiones correctas: su racionalidad es limitada y no constituye un dato fijo al cual podamos recurrir para resolver un problema.

Los problemas muchas veces no están definidos con claridad, sino que la política se va creando a sí misma en su proceso de desarrollo. En este sentido las políticas son categorías analíticas, cada quien las puede visualizar de diferente forma según la perspectiva de análisis. También las políticas tienen su historia, y el buen analista tratará de reconstruir su proceso de nacimiento y desarrollo.

La información de que se dispone es limitada e inexacta, todo lo opuesto de un problema con funciones de utilidad definidas y una variable clave a maximizar. Se tiene un conjunto de evidencias, hechos, restricciones e interpretaciones, frente a las cuales se tiene que decidir con inteligencia e intuición.

Habrá normalmente intereses en pugna alrededor del desarrollo de la política. Cada quien la verá desde su perspectiva. Si se trata de construir un hospital, los especialistas de la salud se plantearán un problema de eficiencia en el desempeño de las actividades. Por su parte, las autoridades estatales tal vez estén más preocupadas por un uso adecuado de los recursos presupuestales en relación con otras posibilidades como la reparación de las calles, y por el impacto en cuanto al número de personas beneficiadas con independencia de la calidad del servicio. Los ciudadanos se preocuparán por el tipo y cantidad de servicios que se van a ofrecer. Los empresarios tal vez se interesen por los posibles beneficios en términos de venta de medicinas y los servicios de salud, así como por el impacto sobre el ambiente comercial de la zona en donde será instalado el hospital.

Lo importante sería conjuntar todos estos intereses en una estrategia común, pero la tarea no será fácil. Una respuesta es la negociación de los intereses, pero en tal caso lo que tendremos será una forma sofisticada de violencia, en la cual el poder será definitorio, y como el poder no está dividido de forma igual entre las partes, el resultado puede estar lejos de lo que sea mejor o más justo para todos. Habría que distinguir entre la necesidad de lidiar con los diferentes intereses, lo cual es perfectamente legítimo, y el logro de un resultado correcto, el cual involucra los intereses pero no está determinado por ellos.

De hecho, al Estado, como guardián de los intereses de las clases necesitadas, le corresponde realizar políticas públicas que se orienten a la reducción de las desigualdades. En la medida que los actores públicos realmente estén involucrados en este tipo de acciones vincularán su trabajo al apoyo de los grupos sociales menos poderosos, por ejemplo, con legislación laboral, prestaciones concretas a la población en estado de pobreza, esfuerzos de desarrollo comunitario o una reforma fiscal que modifique las tasas impositivas en relación al ingreso o la riqueza.[6]

Frente a esta complejidad, que amenaza con dejarnos sin ningún criterio claro para poder resolver los problemas de políticas, vuelve a surgir la importancia del diálogo racional como una alternativa viable e interesante.

En el diálogo los participantes se ven obligados a presentar sus propuestas en una forma integral, buscando el convencimiento de todos, y al mismo tiempo, van obteniendo la información necesaria para tomar en cuenta las diversas perspectivas. El resultado no será similar al de un análisis matemático, sino que será un producto propio de la forma de integración, de la dinámica misma que asuma el proceso de diálogo.

Así, teóricamente un diálogo racional puede dar origen a resultados diferentes a pesar de que trate de problemáticas idénticas y con los mismos agentes, pues la red de comunicación puede avanzar por diferentes caminos en un proceso dinámico y complejo.

Esto es congruente con la conceptualización de política pública como proceso y no como toma de decisión racional estricta. Permite, por consiguiente, tener los márgenes de libertad adecuados al tipo de discusión que típicamente genera el análisis de políticas. Al mismo tiempo, apunta hacia la consideración igual de los intereses de los participantes en el diálogo, permitiendo solventar en parte la cuestión de la desigualdad del poder real.

La solución dialógica es por su propia naturaleza incompleta, pues no nos puede garantizar que iremos por un camino necesariamente correcto, sólo traza la senda por la cual podemos cruzar. Si se le descuida puede fácilmente convertirse en un espacio en que las posiciones se vuelvan extremas, en vez de buscar un lugar común. En tal sentido, y puesto que el tiempo también cuenta a la hora de tomar las decisiones de política pública, un defecto es que no tenemos garantía de alcanzar un resultado en un número previsto de pasos.

También debe lograrse el mayor consenso posible, dentro de las limitaciones de tiempo, información, y el grado de desacuerdo entre los participantes. La solución que brinda el diálogo racional no es un equilibrio en el sentido tradicional, en donde se pesarían los diferentes intereses en forma proporcional y se alcanzaría un equilibrio matemático. Ello significaría que entre más extrema fuera mi posición, la situación de equilibrio se dirigiría más hacia mi punto de vista, pues éste actúa como un polo de atracción.

Pero el diálogo racional no funciona de esa forma, primero pasa por la consideración de la razonabilidad de cada propuesta: para que dos propuestas puedan tener la misma fuerza deberán presentarse en forma igualmente convincente para todos los participantes. Así, un punto de vista interesado, que no se presente en la forma adecuada para convencer a los demás, no pasará el control de lo razonable y perderá toda validez.

Una vez que se tienen propuestas o argumentos razonables, se puede buscar un equilibrio entre ellos para alcanzar una solución definitiva. Por consiguiente, no es seguro que el número de personas que apoyan un punto de vista determinado pueda influir de forma contundente en el resultado final, pues en la medida que tales personas no puedan presentar propuestas o argumentos razonables, perderán su fuerza en el desarrollo de la política.

Tomemos por caso el desarrollo de políticas públicas para la contratación de trabajadores. La idea sería que las personas fueran contratadas de acuerdo con su capacidad para desempeñar cada cargo, será muy importante el determinar los criterios con que se medirá la eficiencia de las personas en el desempeño de los puestos, y el impedir que criterios irrelevantes como la posición social, la raza o el sexo, afecten la distribución de los cargos.

Dicho sea de paso, la eficiencia para poder desempeñar un cargo no depende sólo de los credenciales que una persona pueda presentar, como sería el caso de un título universitario o determinada cantidad de experiencia, hay otros criterios que un comité examinador puede considerar relevantes como las aptitudes específicas sobre el trabajo concreto a realizar o el perfil psicológico del aspirante.[7] El tener ciertos credenciales no da automáticamente el derecho a un cargo. Por ejemplo, en el período de prueba la persona puede manifestar actitudes negativas hacia el trabajo que justificarían un despido.

Los empleadores, como grupo interesado, seguramente desearían tener una gran libertad para decidir qué trabajadores contratar y poder realizar despidos en el momento que quisieran. Podrían incluso intentar justificar esto con un argumento liberal, en el sentido de que como dueños de las plazas ellos pueden utilizar los criterios que deseen.

Un punto de vista más razonable objetará esto. Las plazas pueden pertenecer a sus dueños, pero ello no les da derecho a tratar de forma arbitraria a sus trabajadores, éstos requieren de ciertas garantías. El Estado puede establecer la necesidad de ciertas restricciones para tener una relativa certeza de que no se están cometiendo arbitrariedades en la contratación y despido de personal. Seguramente insistirá en la necesidad de establecer criterios concretos, que se reflejarán en un procedimiento públicamente establecido.

Los trabajadores, por fin, también pueden establecer sus propios criterios, en general buscarán tener una protección excesiva, les gustaría prácticamente obligar a los empresarios a que los contrataran cuando reunieran un cierto perfil, y procurarían que el perfil no fuera muy exigente para tener mayor libertad de acceso a los puestos. Probablemente no les preocuparía mucho el desempeñar sus puestos con eficiencia, por lo que resistirían las exigencias de los periodos de prueba.

Se puede decir algo sobre lo razonable de estas diferentes perspectivas. Están claros los intereses de las partes y la forma en que tratarán de influir en la dirección del resultado final, por consiguiente no es tan difícil el colocarse en una posición neutral. El resultado no debería depender del número de personas que apoya cada punto de vista, pues si así fuera, y si por ejemplo, los trabajadores estuvieran en mayoría, resultaría una legislación injusta en contra de los empresarios. Tampoco debería depender de la fuerza política de cada sector, pues entonces tal vez los empresarios lograrían una gran libertad en la contratación de puestos.

Una perspectiva neutral y razonable es la que se impone; por medio de la fuerza de los mejores argumentos se podrá diseñar un procedimiento que tome en cuenta los diferentes puntos de vista, sin privilegiar ninguno de ellos. El resultado será en algún grado arbitrario, dependerá de la capacidad de cada quien para presentar argumentos razonables, pero no tanto como para convertirse en un engaño, en la medida justa en que el diálogo incluya participantes con suficiente capacidad y calidad moral.

El hecho de que haya cierta permeabilidad en los posibles criterios para la contratación y despido, es lo que brinda un espacio para la realización de un diálogo razonable con posibilidades de éxito.

Tal vez otros casos de política pública plantearían retos de otro tipo. Pensemos en una política de zonificación urbana, que busca reglamentar los usos del suelo para un aprovechamiento más eficiente y reducir los efectos externos que unas actividades generan sobre otras. Por ejemplo, así se evita que las áreas residenciales sean afectadas por la contaminación de las industrias, o se logra que haya suficientes parques o áreas verdes.

De nuevo, los empresarios podrían presentar su propuesta, que priorizará los aspectos de productividad por sobre los intereses de los residentes. Tal vez el Estado podría presentar un estudio técnico con criterios más equilibrados. Por fin, los ciudadanos querrán confinar a las industrias en las áreas más lejanas sin importarles mucho los efectos negativos sobre la productividad y la rentabilidad de los negocios.

Pareciera que aquí los márgenes para una discusión racional son más limitados, pues resulta más difícil el determinar criterios neutrales. Por así decirlo, se trata de un problema con criterios de poca elasticidad, al contrario de lo que sucede con los criterios para el empleo que se pueden apretar o relajar según sea necesario. En este caso, parece que la solución final será más arbitraria y tal vez no se logre un equilibrio suficiente entre las diversas posiciones.

Las alternativas del voto y la negociación estarán mejor justificadas en casos como el de la zonificación urbana, en que no parece haber mucho lugar para una discusión racional. El Estado podrá cumplir un papel más activo para definir las propuestas más razonables. Así, es posible comprender que los diversos escenarios modifican las restricciones de la política y permiten diferentes tipos de solución.

[1] Majone, Giandomenico, La factibilidad de las políticas sociales. En Aguilar Villanueva, Luis, La hechura de las políticas, Edit. Porrúa, México, 1992, pp. 412-413.
[2] Buchanan J. y Tullock G., El cálculo del consenso, Edit. Planeta, Barcelona, 1993, cap. VI.
[3] Fearon, James, La deliberación como discusión. En Elster, Jon, (comp..), La democracia deliberativa, Edit. Gedisa, Barcelona, 2001, pp. 66-69.
[4] Barry, Brian, La justicia como imparcialidad, Edit. Paidós, Barcelona, 1997, p. 149.
[5] Höffe, Otfried, Estudios sobre teoría del derecho y la justicia, Edit. Fontanamara, México, 1992, p. 155.
[6] Forester, John, La racionalidad limitada. En Aguilar Villanueva, op. cit., p. 334.
[7] Walzer, Michael, Las esferas de la justicia: Una defensa del pluralismo y la igualdad, FCE., México, 1993, pp. 147-149.
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